CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Un acto intimidatorio, de persecución, una violación a los derechos civiles y una reacción de la derecha en contra del movimiento independentista, todas juntas constituyen las motivaciones del operativo desatado por  agentes federales del Gobierno de Estados Unidos, es decir, el llamado FBI, contra  personas que participaron en la Brigada Juan Rius Rivera que viajó a la hermana República de Cuba el pasado mes de julio.

Desde el martes 22 de agosto, agentes del FBI han estado visitando  hogares, lugares de trabajo, haciendo llamadas a personas que participaron de la reciente brigada, la cual constituye la número 31 que realiza el Comité de Solidaridad con Cuba (CSC) de Puerto Rico. Incluso algunas brigadistas de años anteriores recibieron llamadas de agentes del FBI. Se ha podido verificar que los agentes insisten en hacer preguntar sobre la portavoz del Comité, Milagros Rivera.

En entrevista, el presidente del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico (CPDH), licenciado Edgardo Román Espada, repudió la acción del FBI.  Respecto a las razones que se puedan atribuir al operativo teniendo en cuenta que en Estados Unidos hay grupos religiosos y organizaciones que realizan un trabajo similar en Cuba, apuntó que no tenía la menor duda de que tiene que haber una intervención de algún sector asociado a la política de represión y a la política del bloqueo contra Cuba.

“Pudo haber sido un congresista, porque hay una fotografías de la brigada con el presidente de Cuba. Puede ser que la notoriedad de esa foto haya activado a sectores enemigos de la revolución cubana y que estos a su vez hayan promovido mediante algún tipo de queja al FBI que haga una investigación. Lo que conocemos de la brigada es que ahí no hay ningún acto ilegal, tanto es así que llevan décadas haciéndolo”.

Observó que aun en otros momentos  en que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos  han sido más álgidas,  como durante la administración de Trump, la brigada estuvo viajando a Cuba.  “Ahora, de súbito, surgen estas visitas del FBI a casa de los compañeros de la brigada que su delito fue ir ayudar a prestar solidaridad al pueblo cubano. Me parece insólito”.

A la posibilidad de que la acción del FBI responda a un pedido de sectores de la derecha en Puerto Rico para afectar  al independentismo, dado al hecho de que el FBI ha estado muy activo durante este año acusando a políticos-funcionarios públicos de ambos partidos de mayoría (PPD y PNP) por supuestos delitos de corrupción, manifestó: “Diría que si la política pública del FBI de alguna manera es mostrar alguna postura neutral de lo que tiene que ver con el asunto político de Puerto Rico, están usando el peor mecanismo, porque  investigar a personas inocentes de todo delito, a personas que no tienen ninguno, que no tienen nada que ver con actos de corrupción o de delitos federal constituye un abuso de su discreción y constituye un abuso de derechos civiles. Ningún ciudadano, ninguno, debe tolerar que llegue una autoridad policiaca sea del Estado o federal y le  empiece hacer preguntas de las actividades en que está involucrado”.

Reparó en que se supone que debe haber habido una orden interna del FBI para llevar a cabo las intervenciones, aunque era  evidente que aquí no hay orden de ningún tribunal ni hay intervención judicial, al parecer  debido a que se desconocen  los motivos reales porque no lo han divulgado. De igual manera, si  hubiese la orden, tiene que ser al amparo del planteamiento de que hubo algún delito. De lo contrario, sería persecución.

Por su parte, el activista  Raúl Alzaga comentó que pueden ser varias las motivaciones del operativo del FBI. Hace un par de semanas el senador republicano Marcos Rubio, quien tiene una estrecha relación con el PNP  en Puerto Rico, sobre todo con los republicanos del PNP, le escribió una carta al FBI en Miami pidiendo una investigación sobre  Puentes de Amor. Esta organización, cuyo portavoz es Carlos Lazo y que también realiza acciones de solidaridad con Cuba y se expresa en contra del bloqueo, ha tenido un gran despliegue a nivel internacional. Lazo también retó a Rubio a un debate.

“Pienso que puede que sea petición de Marcos Rubio. Eso por un lado; por otro, el hecho de que el FBI es objeto de críticas de los seguidores de Trump. No hay que dudar que ahora el FBI se quiera curar en salud porque como los están acusando de que persiguen a los trumpistas, quiera presentar que no bregan con la cosa política”.

Sobre el CSC agregó que ha cogido un vuelo grande a nivel internacional que incluso ha tenido presencia en Puerto Rico. “Obviamente, han tenido una gran presencia. Esta brigada en particular tuvo una gran proyección. El presidente Díaz Canel se reunió con ellos, me imagino que eso ha llegado a oídos de las autoridades. Esa suma de cosas, la proyección pública tanto nacional como internacional, la campaña macartista de los grupos encabezados por los republicanos, en particular Marcos Rubio, que a su vez tiene relación con Jeniffer González y el PNP, pienso que están en eso. Es un operativo organizado, en dos semanas no se monta un operativo de esa magnitud”.

Un operativo a lo clásico de Hoover

La abogada de Derechos Civiles y Derechos Humanos Wilma Reverón  Collazo también describió  el operativo como uno clásico al estilo de la época de HJ Hoover, de la época de las carpetas.

La miembro de la Junta Nacional del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) recordó que  aunque en Puerto Rico el Tribunal Supremo expresó en el caso de David Noriega (el llamado caso de las carpetas) que el ficheo, el carpeteo, era inconstitucional, es obvio que para el FBI la Constitución de Puerto Rico no tiene ningún valor a pesar de que fue refrendada por el Congreso de EE. UU.  Añadió que hasta cierto punto lo que está haciendo el FBI violenta nuestras leyes y nuestra Constitución, por lo que una de las cosas que hay que denunciar es que estas actuaciones del FBI son totalmente contrarias al derecho prevaleciente en Puerto Rico.

Resaltó que al enfocar las intervenciones en la figura de la portavoz del CSC, Milagros Rivera, “una compañera valiosísima del movimiento independentista, socialista que ha dedicado toda su vida al trabajo de solidaridad con nuestra hermana  antillana de la República  de Cuba, es obvio que quieren  amedrentar a las personas que legítimamente apoyan ese esfuerzo de solidaridad con Cuba y que  además  son militantes y activistas de la lucha por la independencia y el socialismo en Puerto Rico”.

Observó que a  Cuba llegan brigadas de todo el mundo. “La gente habla de que Cuba está aislada. El que está aislado es Estados Unidos en su posición intransigente y repudiable de mantener un bloqueo contra el Gobierno y el pueblo de Cuba porque, en última instancia, quien directamente sufre las consecuencias de las políticas de Estados Unidos es el pueblo cubano al impedirle tener acceso a medicamentos, equipo médico y otros materiales que son esenciales hoy en día para que un ser humano tenga una vida digna”.

Reverón Collazo, con experiencia en la presentación del caso de Puerto Rico en el Comité de Descolonización de la ONU, coincidió en que no había que descartar que el operativo responda a un pedido de  grupos reaccionarios en ambos partidos, el PPNP y el PPD, que ven un peligro en las manifestaciones del pueblo y quieren coger al independentismo de chivo espiratorio. “Eso no hay que descartarlo nunca, aquí nosotros tenemos enemigos del pueblo en los dos partidos principales. Esa coincidencia del discurso que están disparando coincide con  las acciones del FBI, no es casualidad. Aquí no hay casualidades, aquí hay causalidades”.

En tanto,  el director legal del capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés), Fermín Arraiza, resaltó que  cualquier tipo de visita de agentes del orden público, sin una orden, ya sea de arresto, de allanamiento o una orden de comparecencia, las personas no están obligas a contestar ningún tipo de pregunta, ni tan siquiera a abrir sus hogares para este tipo de entrevista o este tipo de acercamiento.

“Es una política de represión que se repite, es cíclica. Sabemos que la Brigada Juan Rius Rivera  lleva décadas yendo a Cuba  y es una brigada de solidaridad con el pueblo cubano que me parece no le pueden aplicar ningún tipo de medida que le aplican a los inversionistas cuando tratan de hacer relaciones comerciales con Cuba. Todas esas medidas que están contenidas en el bloqueo contra el pueblo cubano y contra el Gobierno cubano no le aplican a la brigada como tal, y si no hay una orden judicial estas personas no tienen obligación alguna ni de ir a ser interrogados ni de ir a una entrevistas amistosas y mucho menos permitir que estén acudiendo a sus hogares”, advirtió.

En cuanto a las motivaciones para el operativo, expresó que no descartaba nada. Observó que toda  la política contra el Gobierno y el pueblo cubano ha ido cambiando durante las administraciones estadounidenses. Esta se alivió un poco con la administración de Obama, luego se recrudeció con Trump y el hecho de que esté ocurriendo ahora bajo una administración demócrata  en EE. UU. podría ser un indicio de que hay ciertos grupos que están presionando para que estos operativos sucedan.

En esa línea recordó que  el FBI consultaba las listas y las carpetas que mantenía en la Oficina de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico, dato que fue comprobado por los abogados que como él participaron  en el proceso de la devolución de las carpetas.

“No nos vayamos muy lejos. En las manifestaciones del 1.⁰ de mayo en el 2017 y 2018, a pesar de existir una orden judicial que prohíbe la persecución política, estamos convencidos de que en ambas fechas lo que se desarrolló en estas manifestaciones multitudinarias fue una estrategia para identificar y perseguir líderes estudiantiles, muchos de ellos vinculados a movimientos de izquierda”. Afirmó que en definitivo, tanto agencias federales como estatales tienen que estar detrás del reciente operativo.

“Esto es algo a lo que estamos acostumbrados. A las personas más jóvenes que están participando de las brigadas les digo que no pierdan el aliento, que todo acto de amor es un acto que debe ser bienvenido por cualquier autoridad. Y los actos que lleva a cabo la BJRR son actos de solidaridad y amor para con el pueblo cubano. Me parece que bajo ningún concepto deben dejar que estas incursiones los desalienten en cuanto su noble propósito”.

Continúa aumentando el rechazo por parte del pueblo contra la gestión de la privatizadora LUMA Energy (LE) tanto por los repetidos apagones, cuatro, uno por cada una de las semanas de agosto, como por el alza en la factura.

El pasado 25 de agosto una convocatoria que corrió primero por las redes sociales y a la cual se unieron otros sectores como la Asociación de Maestros (AMPR), el grupo Educamos, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), los diversos grupos de la UTIER (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego) y organizaciones de base, como Mujeres Contra Luma, culminó con una fuerte abatida contra los manifestantes por parte de la Fuerza de Choque de la Policía.

Los manifestantes habían comenzado a llegar a las inmediaciones de la calle Fortaleza, ahora calle resistencia cerca de las tres de la tarde. Poco más tarde se presentaron varios legisladores miembros del Partido Popular Democrático (PPD) entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañés, quien bajo abucheos fue expulsado de la manifestación.

Prosiguieron los mensajes y los estribillos por parte de asistentes en demanda de la cancelación del contrato de LUMA, cuando alrededor de las 9:30 de la noche tomando como excusa que estaban lanzando latas y otros objetos contra la línea de uniformados que siempre se coloca bloqueando el acceso hacia la Fortaleza, la Policía lanzó a cientos de efectivos de la Fuerza de Choque contra los manifestantes, gases lacrimógenos, disparos de perdigones a quemarropa, entre agresiones con porras. La Policía incluso arremetió contra miembros de la Prensa evidente identificados con sus credenciales de Prensa, agredió y arrestó a cuatro manifestantes, uno de ellos menor de edad que tuvo que recibir atención en un hospital.

CLARIDAD

Cuando las instituciones o los sistemas políticos entran en plena decadencia ésta se manifiesta en las personas que se supone las dirijan. La decrepitud que va carcomiendo la institución la hace incapaz de producir líderes capaces. Ocurre más bien lo contrario: quienes se supone la dirijan terminan hundiéndola más. La historia de la humanidad está llena de esas experiencias. En Puerto Rico, donde está carcomido por la decrepitud tanto el régimen colonial como el sistema bipartidista que siempre la ha sostenido, estamos viviendo esa experiencia desde hace bastante tiempo.

Desde que comenzó el colonialismo estadounidense su principal figura siempre ha sido el que ostenta el título de “gobernador”.  Durante los primeros cincuenta años los gobernadores casi siempre fueron personajes menores, enviados a la nueva posesión colonial como un pequeño premio político o por amistad. La excepción a esa historia tal vez sea el penúltimo de los gobernadores nombrados directamente por el presidente de Estados Unidos: Rexford Tugwell, quien había sido consejero de Franklyn Roosevelt y también había ocupado un cargo importante en su primera administración. En cuanto a los otros, lo común es encontrar personajes insignificantes, como aquel llamado E. Mont Riley, que los boricuas bautizaron como “Moncho Reyes”.

Luis Muñoz Marín, el primer gobernador colonial electo por los puertorriqueños, trató de darle al cargo un aire de jefe de estado, algo muy a tono con su visión de que, con las reformas logradas entre en 1948 y 1952, ya éramos “autónomos”, con “gobierno propio”. Durante su incumbencia, adornó la gobernación con aires presidenciales y se proyectó como uno más entre los dirigentes de la región caribeña logrando que, en efecto, se le reconociera como tal por varios presidentes del área. El puesto de gobernador seguía siendo de poderes muy limitados, sometido a los dictámenes del Congreso y el Ejecutivo estadounidense, pero el liderato de Muñoz lo hacía parecer distinto.

Para tener una idea de hasta dónde ha llegado la decadencia sólo tenemos que comparar aquellos tiempos, y aquellas figuras, con las que hemos tenido en los últimos seis años, después de que la crisis económica e institucional hiciera estallar la burbuja muñocista. La Junta de Control Fiscal impuesta desde Washington, al estilo de aquella que siglos atrás operaba desde Sevilla con el nombre de “Consejo de Indias”, borró con un soplo la burbuja que habían creado los padres del “ELA”, y la gobernación colonial quedó expuesta en toda su pequeñez. Desde entonces, los personajes que han ocupado el cargo -Alejandro García Padilla, Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi-, en lugar de tratar de sacarle algún lustre al puesto a pesar de las limitaciones, como había hecho Muñoz, lo han empequeñecido todavía más convirtiéndose en los rostros de la decadencia.

A García Padilla la crisis le explotó en las manos y apenas tuvo tiempo para tartamudear, mostrando sus insuficiencias. En cuanto a Rosselló y Vázquez ya sabemos lo que pasó y lo que está por pasar. El primero salió huyendo del país, acosado por los gritos de la calle, y la segunda está ahora mismo viviendo los últimos días en la libre comunidad. Durante el poco tiempo que gobernaron sus insuficiencias fueron dramáticas, aumentadas en ambos casos por desastres naturales -huracán y terremoto, respectivamente- que nos dejaron doblemente indefensos.

Arrastrando esos grilletes llegamos a Pedro Pierluisi.

Hay ocasiones en que la rápida decadencia de una institución se interrumpe con la llegada de un líder que, con su dinamismo y capacidad, logra aminorar el ritmo descendiente alargando un poco la vida útil. Algunos pensaron que Pierluisi podía cumplir esa función porque a pesar, de haber ocupado muchos cargos en administraciones anteriores, carecía de señalamientos sobre corrupción y podía ser “distinto”. Sin embargo, en lugar de salvador lo que el bipartidismo colonial está teniendo es su último enterrador.

Sobre Pierluisi se han publicado varios artículos últimamente destacando la evidente falta de competencia que ha demostrado en el año y medio que lleva como gobernador. Todos los comentarios ponen énfasis en la indolencia que proyecta y la insensibilidad con que opera. A esos rasgos, absolutamente evidentes, se añade la ineficiencia administrativa. Lo que se proyecta desde afuera es un gobierno al garete, incapaz de asumir los deberes más elementales de su cargo.

El ejemplo más dramático es su comportamiento frente a Luma Energy, la empresa a la que la Junta de Control Fiscal y el gobierno anterior le entregaron nuestro sistema eléctrico. En lugar de actuar como gobernador, en todo momento ha operado como abogado de la empresa privatizadora mientras la indignación del país crece.

Independientemente de los personajes que han pasado por Fortaleza en los últimos años, lo que queda demostrado es que la decadencia de la colonia, y del bipartidismo que la ha sostenido, ha llegado al punto en que no hay retorno. Cada uno de los últimos cuatro gobernadores que ese sistema ha producido ha sido peor que el anterior. La salud del país no aguanta un quinto.

CLARIDAD

cotto@claridadpuertorico.com

Aun cuando la estipulación a la que llegaron el Municipio de San Juan (MSJ),  el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la empresa Krug Properties, LLC representa un reconocimiento del reclamo comunitario, para el planificador y arquitecto Pedro Cardona Roig el acuerdo tiene cosas positivas, pero dejó fuera aspectos que son importantes que no se han atendido.

La semana pasada el MSJ dio a conocer que las partes habían llegado a un acuerdo que  reconocía la titularidad del Municipio sobre la propiedad.  En sus declaraciones escritas, el alcalde, Miguel Romero Lugo, indicó que el acuerdo daba por terminado y convertía en académicas todas las otras controversias sobre el particular. Que su deseo era comenzar a trabajar en un nuevo diseño “para un lugar de esparcimiento y disfrute pasivo tanto para residentes como visitantes del Condado. Esto es lo que promuevo también para otras comunidades”.

En entrevista con este semanario, el planificador y arquitecto Cardona Roig expresó que el parquecito de Condado es  uno de esos casos en los que se reconoce el reclamo comunitario. “Yo creo que la comunidad hizo un gran trabajo de defender este activo e insistir ante el Municipio y el Estado, que durante meses escondieron información o no analizaron los datos.  Y la comunidad insistió”.

Indicó que aunque el borrador de acuerdo que ha circulado tiene unos atributos positivos, hay elementos que deja fuera que son importantes y no deben perderse. Por ejemplo, que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) todavía no ha hecho nada respecto a el envenenamiento de los árboles, cómo se va a remediar, quiénes son responsables y cuáles son las sanciones que van a recibir.

También señaló que está pendiente la ilegalidad que hizo la secretaria del DTOP cuando vendió algo que no le pertenecía, no analizó la evidencia desde el título y  otros asuntos. Está también la ilegalidad del Registro de la Propiedad (RP), que hizo una doble matriculación. Coincidió con la apreciación de que esta acción del RP puede ser algo que se esté repitiendo con otros espacios. En ese aspecto puntualizó que esperaba que la Cámara de Representantes continuara con la investigación sobre el registro del predio de terreno y se le  exija responsabilidad tanto al administrador del Registro de la Propiedad como al registrador que inscribió la propiedad sin haberla analizado.“Creo que estos aspectos son fundamentales”.

El exmiembro de la Junta de Planificación añadió que otro aspecto que tampoco está resuelto en el acuerdo es que no se mencionan las restricciones que existen para el desarrollo de ese predio, producto de lo que es el Reglamento del Condado.

“Me llamó la atención, en el borrador de acuerdo, que se dice que la propiedad pase a título del Municipio y realmente esa propiedad nunca ha dejado de ser del Municipio. Lo que hubo fue un acto ilegal del DTOP cuando reclamó título y no lo podía hacer y un segundo acto ilegal cuando lo vende a Krug Properties”, reiteró.

Cardona Roig entiende que el acuerdo debe entrar en vigencia de inmediato porque no hay una cláusula de transición,  aunque reconoció que sería en el momento en que se firme el acuerdo, acción que depende del tribunal.

El secretario de Asuntos Ambientales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Víctor Alvarado Guzmán, dio a conocer que la propuesta de la empresa AES Puerto Rico, presentada a través de su subsidiaria Clean Flexible Energy, para construir un parque solar industrial en 1,029 cuerdas de terrenos agrícola en Salinas, tuvo un fuerte revés al no ser recomendada su construcción por parte de la Oficina de Permisos del Consorcio CCVS-Salinas.

La no recomendación del  CCVS confirma los argumentos de organizaciones ambientales, comunitarias y de agricultores de Salinas que habían denunciado los daños que conllevaría al acuífero del sur y  los terrenos agrícolas el proyecto.

Alvarado Guzmán, también miembro del Comité Diálogo Ambiental de Salinas (CDAS), indicó que en carta dirigida al Secretario Auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Ing. Gabriel Hernández Rodríguez, la técnica Arlene M. Figueroa Díaz no recomendó el procesamiento del proyecto de AES debido a que el mismo “se encuentra sobre el gran acuífero del sur, área natural muy sensitiva”.

En su carta (de la cual CLARIDAD recibió una copia),  Figueroa Díaz, indica que con la aprobación del proyecto, el acuífero “puede sufrir mayor daño y afectar negativamente la oferta de agua potable a miles de familias en Salinas y la región”.

Esto contradice la información ofrecida por AES Puerto Rico (Clean Flexible Energy) a la OGPe donde aseguraban que: “El impacto ambiental de este Proyecto no será un impacto adicional significativo al ambiente”.

Alto valor agrícola

De igual forma, la determinación del Consorcio CCVS-Salinas resalta que el “proyecto ubica en terrenos de alto valor agrícola, lo que su aprobación puede resultar en detrimento de la actividad agrícola y afectar negativamente la sustentabilidad alimentaria del país”.

El Distrito de Calificación en que ubica el terreno es Agrícola Productivo (A-P), según los mapas de calificación del Municipio de Salinas, y la clasificación del suelo es “Suelo Rústico Especialmente Protegido-Agrícola” (SREP-A).

También es importante señalar que los suelos arrendados a AES, están protegidos por la Ley Núm. 242 de 9 de agosto de 2008, conocida como la Ley de Reservas Agrícolas en el Corredor Agrícola de la Costa Sur de Puerto Rico.

Alvarado Guzmán denunció que, sin embargo, hacía unas semanas  un Comité nombrado por el secretario del Departamento de Agricultura (DA), Ramón González Beiró, para evaluar estos proyectos energéticos, dio su endoso al proyecto de AES en Salinas, a pesar de que denegaron otros dos proyectos de generación de energía mediante parques solares en Naguabo y Cabo Rojo, por entender que “no se puede continuar con la práctica de utilizar terrenos con opciones agrícolas para otros propósitos”.

Ante los posible conflictos de intereses del secretario del DA, la senadora del PIP,  María de Lourdes Santiago Negrón, sometió la Resolución del Senado 629 para investigar el posible conflicto de interés, ya que su hijo, Ramón González Bennazar, es vicepresidente de la empresa Agriart, LLC que arrendó los terrenos agrícolas a AES en Salinas.

Recordó que a finales de julio, diversas organizaciones agrícolas y ambientales solicitaron al gobernador, Pedro Pierluisi, la destitución del actual Secretario del DA, por el conflicto de interés al aprobar proyectos de energía renovable en terrenos agrícolas pertenecientes a su familia y por el incumplimiento de su deber ministerial de promover la agricultura y proteger las tierras agrícolas.

Además, de que el medio digital de noticias EyBoricua reseñó recientemente que la Autoridad de Tierras es el foco de varias pesquisas paralelas que realizan en conjunto el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico (OIG) y que dichas investigaciones “están relacionadas con el patrocinio del subarrendamiento de fincas agrícolas para proyectos de energía renovable por parte del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró”.

Oposición del Municipio

Por otra parte, la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, expresó su objeción a la propuesta de AES en una carta del 28 de febrero de 2022 dirigida al Ing. Pedro M. García Campos de PMG and Associates, quien había solicitado a la administración municipal una carta de “no objeción” al proyecto.

La objeción de la alcaldesa se basó en el alto valor agrícola de los terrenos propuestos y por la ubicación del Acuífero del Sur en esa área.

Aunque el Municipio mantuvo la posibilidad de expedir la carta de no objeción, si AES incluía algunas garantías sobre la actividad agrícola, el manejo de las aguas pluviales y la utilización de charcas de retención para cooperar con la recuperación del acuífero, el pasado 30 de junio Bonilla Colón manifestó por primera vez su “oposición al proyecto según presentado”.

Esta oposición de la alcaldesa surge dos semanas después de que la legisladora municipal del PIP en Salinas, Ada Ramona Miranda Alvarado, sometiera la Resolución Núm. 58 Serie 2021-2022 para que la Legislatura Municipal expresara su rechazo a la construcción del proyecto AES Salinas PV.

Aunque la resolución no fue considerada por el presidente de la Legislatura Municipal, la misma exigía que la administración municipal de Salinas enviara “una carta a la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) donde exprese claramente su oposición a la construcción de AES Salinas PV; solicite que se protejan los terrenos agrícolas clasificados como AP (Agrícola Protegido), SREP (Suelo Rústico Especialmente Protegido), y SREP-A (Suelo Rústico Especialmente Protegido Agrícola); solicite que se revierta cualquier permiso ya otorgado y que no se otorgue ningún permiso de construcción”.

La empresa AES Puerto Rico ha propuesto la construcción de parques energéticos solares industriales en Salinas, Guayama, Naguabo y Las Piedras. Todos sus proyectos fueron endosados por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Junta de Control Fiscal sin mediar participación ciudadana.