| El título de este editorial debería avergonzar a cualquier sociedad contemporánea que se considere civilizada. Habla muy mal de la humanidad que, a la altura de 21 siglos de historia compartida, aun se tenga que luchar por el derecho fundamental de las mujeres- más de la mitad de la población del planeta – a una vida sin violencia. | |||
Ese fue el grito del primer Encuentro Feminista Latinoamericano de 1981, donde por decisión unánime de las delegaciones presentes se acordó designar cada 25 de noviembre como Día de la No Violencia contra las Mujeres. La jornada de recordación y lucha se inspira en el ejemplo de las luchadoras dominicanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal contra la feroz dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en su patria, que culminó con el vil asesinato de las hermanas por órdenes del dictador el 25 de noviembre de 1960. Un suceso de violencia de género por parte de un gobierno y un Estado que estremeció la fibra de millones de personas en el mundo entero, y selló la suerte del sátrapa que las provocó y ordenó. En el año 2000 la Organización de Naciones Unidas (ONU) elevó la fecha y la conmemoración a nivel internacional.
El grito y el reclamo se han sostenido desde entonces. La jornada de No Más Violencia contra las Mujeres cada año nos recuerda la historia, la lucha, los logros y reveses, y el camino que aún falta hacia el pleno reconocimiento de la equidad e igualdad entre los géneros. Es una clarinada que debe movernos a la acción para poder aspirar a dejar el legado de un Puerto Rico menos violento a nuestras futuras generaciones.
Esta semana marcó 65 años desde el vil asesinato de las hermanas Mirabal, y la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, junto a las organizaciones que luchan y trabajan por los derechos de las mujeres en nuestro país conmemoran la ocasión con una jornada para resaltar la necesidad de unir palabras y acciones para proteger y garantizar los derechos de las mujeres, quienes constituyen más de la mitad de nuestra población, y llevan sobre sus hombros muchísimo más de la mitad de la carga laboral, económica y de sostenimiento de la familia y la sociedad. Todo esto, mientras siguen viviendo la inequidad y el discrimen laboral, los prejuicios y expectativas irrazonables de una sociedad machista, y la inseguridad y el miedo por su integridad física y su vida, que es el pan nuestro de cada día para miles de ellas, sobretodo las que viven en pobreza y dependencia de sus parejas, familias o el Estado.
Las organizaciones de mujeres en Puerto Rico, con el apoyo de otras organizaciones de la sociedad civil, y pocos pero fundamentales aliados políticos no han cesado en su denuncia de la violencia de género,en el apoyo a las sobrevivientes ni en su trabajo para que sus reclamos se traduzcan en acciones concretas por parte de los organismos del Estado- Legislatura, Ejecutivo y Tribunales- que adelanten los objetivos de la equidad de género y la no violencia.
Puerto Rico puede enorgullecerse de sus instituciones pioneras en la lucha por la equidad y contra la violencia de género, como por ejemplo el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación y su exitosa movilización de 1982, o Casa Protegida Julia de Burgos, el primer albergue para sobrevivientes de violencia doméstica, que tiene 46 años de establecido. También del arduo trabajo de concertación realizado hacia la aprobación e implantación de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica del 15 de agosto de 1989- hace 36 años- que estableció la violencia de género como un delito y creó mecanismos para proteger a las víctimas y sobrevivientes.
Otro de los grandes logros en la lucha contra la violencia de género es el trabajo realizado por una trabajadora social comprometida y hoy fallecida- Carmen Castelló Ortiz- quien utilizó su tiempo y conocimientos para crear un instrumento estadístico para registrar y documentar los feminicidios en Puerto Rico y las subsiguientes investigaciones policiales, un proceso que ha servido para esclarecer y documentar la realidad de la incidencia de asesinatos de mujeres en Puerto Rico. Las cifras recopiladas por la profesora Castelló fueron de gran utilidad para el desarrollo del primer estudio sobre feminicidios en Puerto Rico realizado por las organizaciones Proyecto Matria y Kilómetro Cero que documentó los asesinatos de mujeres entre 2014-2018 en Puerto Rico. Todos estos son logros y avances de los cuales puede enorgullecerse el movimiento feminista puertorriqueño, y que son testimonio del gran esfuerzo coordinado entre las organizaciones de mujeres y sus aliados. Pero, para que llegue el cambio, hay que hacer más y más porque según las más recientes cifras del Observatorio de Equidad de Género, al 31 de octubre de 2025 se habían documentado en Puerto Rico 54 feminicidios, 17 de ellos íntimos, 95 intentos de feminicidio y 50 mujeres y niñas desaparecidas. Unas cifras que indican el gran trecho que queda por delante hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres. Para lograrlo, hay que ir hasta la raíz, el machismo derivado de la sociedad patriarcal ancestral que impide que se eduque de otra manera a las presentes y futuras generaciones. Por eso, las lideresas del feminismo insisten en la urgencia de implantar la educación con perspectiva de género en las escuelas de Puerto Rico, una fórmula estudiada de transformar las actitudes y conductas entre géneros hacia el futuro. Además, el Estado está llamado a considerar como un servicio esencial la labor que realizan los albergues y asignarle fondos del presupuesto general para que estos puedan operar sin la precariedad con que lo hacen ahora. Dos medidas sencillas, pero de gran impacto que contribuirán a combatir la malsana violencia que sufren nuestras mujeres y lacera la fibra de toda la sociedad puertorriqueña.
Abordadas por este medio, la presidenta del CAPR, licenciada Vivian Godineaux Villaronga, y la miembro de la CM, licenciada Noeli Pérez, reaccionaron sobre la determinación de un panel del Tribunal Apelativo de declarar inconstitucional el delito de feminicidio en el Código Penal.