CLARIDAD

 Tras reunirse por la 48.^a  vez con la fiscalía del Departamento de Justicia desde el 2006, sin contar todas las veces anteriores que se hizo con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), la investigación del asesinato de Carlos Muñiz Varela no ha arrojado nueva información relacionada con el caso.

En entrevista con CLARIDAD, el coordinador de Comité de Amigos y familiares de Carlos Muñiz, Raúl Álzaga Manresa, indicó que la fiscal asignada al caso, Yarelis Sánchez, estuvo encargada de la investigación durante la pasada administración y que, en esta ronda, se desconocen las gestiones de la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez. Con acceso a cajas con información relevante, a evidencia y una oficina llena de fichas similares, la abogada informó, en mayo de 2025, que no había información suficiente para radicar acusaciones.

“(En 2025) nos sorprendió que, al final, nos dijera que el caso estaba cerrado administrativamente y que no iba haber ningún fiscal asignado al caso. Esa última investigación no incluyó al FBI, a no ser por unas cartas que ellos les escribieron al FBI pidiendo unas cosas que el FBI, obviamente, les negó. Inclusive el jefe de la Policía (Joseph González) se las negó cuando era agente del FBI en San Juan”, aseguró Álzaga Manresa a este semanario.

Para  Álzaga Manresa, la justificación de información insuficiente es “una muletilla usual” de parte de Justicia. Desde esa penúltima reunión, el caso quedó “administrativamente cerrado”, pero otras investigaciones surgieron al margen de Justicia. Las solicitudes de las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez al FBI para desclasificar los documentos relacionados con el asesinato de Muñiz Varela fueron clave porque arrojaron 47 documentos nuevos. Eso fue un documento importante que tenían y lo hicimos público a través de José Delgado, en El Nuevo Día, sin compartirlo con Justicia porque ya Justicia nos había planchado desde mayo de 2025”,

Entre la información ya revelada, se destaca una comunicación del 10 de julio del 1979 que detalla cómo el antiguo jefe del grupo sospechoso del asesinato, Reynol Rodríguez González, dejó tres armas en la custodia de Julio Labatut. La nueva comunicación revela un intercambio en que se fijaron los detalles y solicita una «calibre 45» para asesinar a Muñiz Varela.

“Ahora, cuando se desclasifica el de Osvaldo Bencomo Robaina y compara con el de Labatut, algunos nombres que aparecían tachados se ven y viceversa… Ese es un segundo documento importante que se ha compartido. Allí se establece que la persona que se acercó a la Labatut para pedir esa calibre 45 era Bencomo, porque en el documento de Bencomo aparece el nombre, pero no aparece la información de Labatut”, continuó sobre la información que presionó a una nueva reunión con Justicia.

Actualmente, Álzaga Manresa y el Comité de Amigos y Familiares de Carlos Muñiz Varela descartan reunirse nuevamente con el FBI, puesto que están seguros de que la agencia federal tiene más información de la que comparte. “Ellos conocen todas las peticiones que les hemos hecho”, agregó. El colaborador de la organización para cubanos en el exilio espera que esta última reunión dé paso a nuevas exigencias a nivel local.

“Fue una reunión muy cordial. Yo tengo muy buena relación con esa fiscal, a nivel de comunicación. Fue una buena reunión sin apostar mucho a grandes resultados. Esta reunión nos va a permitir exigir más que acaben de desclasificar todo el expediente. Porque sabemos que hay entrevistas con Alejo Maldonado, con Ramón Graterole. Hay un montón de información que, si tú la lees, te das cuenta de todo el encubrimiento y el plan”, aseveró Álzaga Manresa.

Con relación al ritmo de las investigaciones locales, el portavoz del Comité arguyó que mucho fiscales se escudan con argumentos de que la agencia carece en muchas instancias del profesionalismo o la capacidad para emprender estos trabajos. “Esta argumentaciones se prestan para el encubrimiento o no esclarecimiento del asesinato”.

Por otro lado, el hijo del fenecido organizador de Viajes Varadero, Carlos Muñiz Pérez, remitió, en enero, una carta a Justicia con las posturas conocidas de la secretaria Gómez, los legisladores independentistas, Adrián González Costa y María de Lourdes Santiago, y del propio presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“Lo que pasaba cada vez que había una investigación (era que) los papeles no aparecían. Cuando Sarimar Andreu fue la fiscal anterior, la evidencia no aparecía por ningún lado y las evidencias más importantes aparecieron en dos cajas tiradas en un pasillo de un piso del Departamento de Justicia. También ha habido otros fiscales que decían no encontrar nada de información. Claro, nosotros entendemos que era con toda la intención de no encontrarla”, explicó.

Álzaga Manresa entiende que la investigación puede tomar tanto tiempo como hasta ahora, así como que pueden surgir sorpresas similares a estas nuevas desclasificaciones que han renovado la discusión del caso. Del mismo modo, intuye que la renuencia del FBI a publicar estos documentos podría comprometer a la agencia.

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ccotto@claridadpuertorico.com

Entre consignas de ¡Lucha sí, entrega no!, !Decimos no, no, no nos pararán!, alusivas al Primero de Mayo, Día Internacional de los y las Trabajadores, el amplio sector sindical y las organizaciones de la sociedad civil reiteraron la vigencia de la lucha por los derechos laborales y sociales.

La marcha salió poco después de las 10 de la mañana de la entrada del centro comercial Plaza las Américas, para discurrir por la avenida Chardón hasta llegar al frente del edificio que alberga a la Junta de Control Fiscal (JCF), en la avenida Muñoz Rivera en Hato Rey. Como ha sido la costumbre desde la imposición de la JCF por el Congreso de Estados Unidos mediante la Ley PROMESA, las movilizaciones de la fecha del Primero de Mayo han sido en denuncia y rechazo a dicha imposición.  CLARIDAD conversó con una muestra del sector laboral presente antes de la salida.

José Damián Díaz González, vicepresidente de la Hermandad de Empleados Telefónicos (HET), informó que en estos momentos están por empezar a negociar con el patrono Claro el próximo convenio colectivo. El convenio venció en enero de este año y  ya están en su segunda extensión. De parte del patrono, denunció, todas las propuestas que se han presentado es la reducción en términos económicos de beneficios que ya tienen y de otros beneficios. Ni siquiera les está ofreciendo lo que tienen  actualmente. En estos 10 años el patrono no ha querido dar aumentos. Según el patrono, la razón es que el  trabajador tiene que ceder de sus beneficios para que la compañía se mantenga operando, denunció. “Los trabajadores en Puerto Rico, según ellos, tienen muchos beneficios, demasiadas licencias y, obvio, no les gusta tener que pagar en dólares americanos. Si pudieran pagaban en pesos mexicanos”.

¡Primero de mayo, día proletario!

Otros trabajadores que dijeron  presente fueron los de la  industria del cine. Neftalí Nieves,  agente negociador de la La IATSE Local 494 (Alianza Internacional de Empleados de Escenarios, Técnicos de Cine, Artistas y Oficios Afines, por sus siglas en inglés: International Alliance of Theatrical Stage Employees) es el sindicato principal que agrupa y representa a los trabajadores de las industrias del espectáculo, cine y televisión en Puerto Rico e Islas Vírgenes de los Estados Unidos,indicó que llevan  30 años en Puerto Rico. Sobre la situación actual denunció que la JCF no ha permitido que se implemente la Ley 25 del 2023, que establece un incentivo de $100 millones al año para la industria del cine. Nieves afirmó que la industria del cine a nivel mundial trabaja con incentivos.

“Ahora mismo, estamos ante una escasez de trabajo por la falta de implementación de esos incentivos, no por falta de trabajo. El trabajo está; pero mientras ese incentivo no esté disponible, no van a llegar las producciones”, expresó. Según indicó, han intentado hablar con la JCF, La Fortaleza y con el Departamento de Desarrollo Económico, pero no han llegado a nada.  “Seguimos esperando por ellos para ayudarlos a entender la necesidad”.

¡ Fuera dictadura colonial!

En un aparte con este medio, el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González Costa confirmó que el proyecto (PC 1115), que propone  eliminar la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo y se encuentra en discusión en la Cámara de Representantes, “hasta ahora, gracias a Dios y a la prudencia, está detenido. No se le dio paso a la medida, lo cual hasta hora son buenas noticias, pero demuestra la indiferencia que hay por parte del gobierno actual hacia la clase trabajadora. Disolver ese mecanismo es abrir la puerta a que no se aumente el salario mínimo, y eso es muy peligroso en un país con una economía como la de nosotros”.

Más allá del citado proyecto,  González Costa afirmó que en términos de lo que se discute en el Senado sobre los trabajadores, ¿qué evaluación se hace? No hay una agenda a favor de los trabajadores. “Los trabajadores no están ocupando un espacio en la agenda legislativa; no hay tema en la agenda legislativa. El Gobierno del PNP ha venido con el cemento y la varilla, como prometieron con mucho énfasis, a flexibilizar lo que son las construcciones, los megadesarrollos y otros asuntos. No, el bienestar de los trabajadores está por completo relegado”.

¡Por un Puerto Rico de la clase obrera!

Los manifestantes marcharon por la avenida Chardón sin contratiempos de ninguna clase. Durante el trayecto, hubo varias paradas en la cual los portavoces de las distintas organizaciones se dirigieron a los presentes.

“Nosotros, los trabajadores de la industria licorera de Ponce, en representación de las uniones del sector privado,  nuestro mensaje es claro y contundente: Decimos no al proyecto 1115. Y al representante Roberto López: Tú no vas a pasar por encima de la clase trabajadora”, manifestó con vehemencia Rafael González, presidente de la unión.El líder sindical exhortó a las y los trabajadores a que “defendamos nuestros derechos, defendamos nuestra dignidad, defendamos nuestra educación y, sobre todo, defendamos nuestras playas y nuestras costas, No al proyecto Esencia. Y a los muchachos de la UPR, no se me quiten, que ella va pa’ fuera; a la presidenta Zayira Jordán la vamos a sacar”.

Durante el trayecto, se dirigieron a los manifestantes los portavoces de las organizaciones magisteriales, la portavoz de la Jornada se Acabaron las Promesa y los Trabajadores y estudiantes Comunistas por el Cambio Social. Los trabajadores de la salud, profesionales de la enfermería, también dijeron presente. Juan del Valle, portavoz, denunció que los enfermeros y las enfermeras de Puerto Rico llevan más de una década de lucha debido a la explotación laboral, el cansancio y la fatiga.  “Pero ya estamos cansados del abuso del gobierno. Nos tenemos que sentir mal cuando vemos que el Departamento de Salud se ha convertido en la agencia de contratos de millones para los amigos, lo que ha sido el robo mayor en el Departamento de Salud.  ¡Basta ya! Mientras, los pacientes tienen que esperar por un  médico, por un medicamento porque el  Gobierno de Puerto Rico no les quiere meter mano a los planes de salud que vinieron a Puerto Rico  a robarse lo que nos queda. Puerto Rico, levántate y defiende nuestra salud”, alentó el enfermero.

Por el sector de las organizaciones políticas, se dirigió a los presentes el portavoz del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), Ángel Rodríguez León, quien apeló a que el Primero de Mayo no sea uno solo para recodar  las luchas que se dan en el taller de trabajo o en las mesas de negociaciones. A nivel de país, denunció, se sabe que la JCF  en estos 10 años nos ha sacado  el dinero para pagar a los bonistas buitres y ha favorecido a las clases privilegiadas. “Nos están quitando el país pedazo a pedazo. Proyectos como el de Esencia no se pueden permitir. También quieren dejarnos sin nuestro proyecto social y político más importante, que es nuestra universidad pública, la Universidad de Puerto Rico. ¡Nuestro apoyo para todas esas luchas de estudiantes!”.

Llegados frente a las oficinas de la JCF, el mensaje final estuvo a cargo de  la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), María del Mar Rosa Rodríguez.

“Hoy, Primero de mayo de 2026, llegamos ante este edificio que tiene la sede de la perversa, insensible y maldita Junta de Control Fiscal. En este año se cumplen 10 años de haberse aprobado la Ley PROMESA. Esta junta no supervisa, esa junta no administra; esa junta gobierna. Esa Junta no brinda estabilidad económica; esa junta fomenta la crisis y la quiebra”, fueron algunas de sus denuncias.

Sobre las acciones de la JCF durante estos 10 años, repasó que la Junta ha impedido la  negociación colectiva, obstaculizado los convenios colectivos, ha despreciado la experiencia de miles de trabajadores, derogó la ley de un Retiro Digno y cerró  la puerta a medidas para restablecerlo; derogó las  leyes que establecen días de vacaciones para empleados públicos y de la empresa privada; ha impuesto  aumentos  anuales a la tarifa del agua, a los peajes, a la energía eléctrica; aumentó  el costo de matrícula universitaria, eliminado más 300 millones del Fondo de Equiparación de los Municipios; le quitó  $95 millones al Programa de Educación Especial, privatizó a la AEE,  ha desplazado  la política pública de energía renovable y ha gastado más de $2 mil millones en su propio presupuesto.

La portavoz exhortó a enfrentar a la Junta, por lo que anunció que llevarán a cabo una campaña tanto ante el Congreso como al presidente para reclamar su salida. La campaña incluye exigir a la gobernadora,  a la Legislatura y al Comisionado residente que se unan a este esfuerzo. Adelantó que próximamente se estaría anunciando nuevas fechas para otras actividades.