Los despidos humillantes casi siempre se reservan para los trabajadores de primera línea. A los altos oficiales, sean de gobierno o de la empresa privada, se les permite “renunciar”. Esa es la práctica común que se utiliza para salvaguardar la imagen pública del alto oficial caído en desgracia y también la de sus jefes, que maquillan el despido con una salida “elegante”. Pero los que sabemos suficiente sobre cómo se manejan estos asuntos en los altos círculos del poder, sospechamos que algo así debe haber detrás de la súbita “renuncia” de Natalie Jaresko a la dirección ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF).

La excusa de que se va porque ya cumplió su encomienda no es creíble. Es cierto que ya se aprobó, conforme a su agenda, el plan de reestructuración de la porción más grande de la deuda de Puerto Rico. Pero ¿cómo explicar que un jinete se baje del caballo en medio de la carrera, cuando aún falta por recorrer un tramo estratégico? Esto es lo que ocurre con la negociación para el ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La llamada transformación de la AEE es un asunto de importancia vital para Puerto Rico, pero, sobre todo, es un asunto de apremiante interés económico para la industria del gas natural de Estados Unidos,  ahora que dicho país pretende ocupar el liderazgo en la exportación de dicho combustible fósil. El sector de gas natural tiene una profunda penetración en el Congreso de Estados Unidos- y en su Comité de Recursos Naturales- donde corren el dinero, los cabilderos, los consultores y los contrato. Recordemos que fue ahí, en ese mismo Comité, que nacieron la Ley Promesa y la JCF, y que su autor fue uno de los más prominentes voceros de la industria de gas natural en aquel entonces, el abogado Bill Cooper, que una vez sonó para la dirección ejecutiva de la JCF y  hoy es el segundo en mando de Golden Pass, LNG, el terminal de exportación de gas natural más grande de Estados Unidos. Si no fuera así, ¿cómo explicar entonces la llegada de New Fortress Energy al puerto de San Juan con su proyecto de líneas submarinas de gas natural, o la imposición a la trágala del injusto contrato de LUMA Energy- empresa con origen en la industria de gas natural- para la transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico, o la insistencia en el llamado impuesto al sol para la reestructuración de la deuda de la AEE?  Nada de esto es casualidad, sino el signo de por dónde soplan los vientos en el Comité de Recursos Naturales y el Congreso Federal.

Natalie Jaresko ha sido el rostro público de la saga de casi seis años de la JCF y la Ley Promesa en Puerto Rico. También la portavoz y principal defensora de sus decisiones, aún de las más despóticas e injustas, cuyo daño será incalculable para los sectores trabajadores y empobrecidos impactados por las mismas. En contraste, la JCF se mueve en la opulencia. Cuenta con una fuente abierta de gastos que paga el pueblo de Puerto Rico para salarios, pleitos, asesores, abogados, peritos, burocracia, viajes, escoltas y demás, los cuales son como una bofetada permanente en el rostro de los miles de puertorriqueños y puertorriqueñas cuyas vidas han sido puestas al revés por las decisiones de la JCF y de Natalie Jaresko.

Como todos los verdugos que terminan pagando con creces por sus acciones, quién sabe si las posiciones tajantes y las expresiones públicas poco prudentes de Natalie Jaresko han terminado por costarle el puesto. No habría por qué dudarlo a la luz de la creciente efervescencia popular que hay en Puerto Rico ahora mismo.  Quizá sus jefes en la JCF y el Congreso piensan que “sacrificando” a  Jaresko  alivian las tensiones y evitan un estallido social, suceso que correría como pólvora entre la opinión pública de Estados Unidos e internacional. Si así fuese, la salida de Natalie Jaresko sería un intento desesperado de encontrar una válvula de escape a la situación insostenible que el régimen colonial de Estados Unidos ha creado en Puerto Rico.

El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NP) se niega a dar información sobre las muertes y las personas heridas en medio de intervenciones policíacas, así como de los asesinatos por violencia de género de sus miembros. Ambas circunstancias quedaron al descubierto por acciones y revelaciones de la organización Kilómetro Cero (Km 0).

“Una vez más, nuestros gobiernos revelan que invierten más energía en esconder muertos que en evitarlos”, dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de la organización que monitorea el uso de fuerza del Estado. “La Policía es el cuerpo que ejerce la fuerza a nombre del Estado y, por tanto, tiene un enorme poder sobre nuestras vidas e integridad física. Por lo mismo, tiene la responsabilidad de revelarnos cómo utiliza la fuerza contra la ciudadanía y qué personas han muerto o resultado heridas en ese ejercicio. Esto es información central, no solo para el ejercicio de nuestros derechos, sino para la salud pública del país. Esconder esa información a la prensa y a la ciudadanía es antidemocrático y es criminal”, declaró Mari Mari Narváez.

Las expresiones fueron en reacción a la acción del Negociado de la Policía de evadir una orden del Tribunal de entregar a Kilómetro Cero el informe de las personas muertas y heridas por el uso de la fuerza policial en el 2021. El 19 d enero, Km 0  había presentado una moción al Tribunal Superior de San Juan para que se le exigiera al Negociado entregar dicha información, como parte de los documentos que ha estado entregando a raíz de un pleito que llegó al Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR). Aun con la determinación del Tribunal, de que se debía entregar la información, el Negociado continuaba entregando el informe en blanco.

El juez del Tribunal Superior de San Juan Anthony Cuevas les había dado 48 horas (hasta el 25 de enero) para entregar la información. En su lugar, el Negociado de la Policía solicitó una extensión del plazo. En esta ocasión el juez citó para el próximo 9 de febrero una vista de cumplimiento de sentencia.

Mientras, ante al asesinato, el 28 de enero, de la agente  Brenda Pérez Bahamonde, de 47 años, aparentemente por su expareja, el también policía José Rivera Velázquez, Kilómetro Cero censuró el que la Policía también evade identificar cuando la persona sospechosa es uno de sus miembros.

En comunicado de prensa, Mari Narváez reveló que el propio equipo del exmonitor de la Policía, Arnaldo Claudio, ha sugerido que hay un problema de impunidad entre oficiales que son agresores de sus parejas mujeres. Según estableció entonces el monitor federal en un informe de 2018, por ejemplo, de 99 querellas por violencia doméstica contra policías estatales en 2017, ninguno de los casos resultó en convicción, mientras que el 14 % de las denuncias de violencia doméstica en la población general resultan en condenas.

La activista denunció que no hay más documentación pública que revele qué se ha hecho en la Reforma de la Policía para abordar este problema de impunidad. “Esto es importante porque es, precisamente, el sentido de impunidad lo que permite e incluso incentiva los abusos policiales, incluyendo los feminicidios íntimos”.

La organización exigió conocer el historial de querellas administrativas del agente José Rivera Velázquez y qué medidas se tomaron en cada una de ellas.

Además, destacó que a juzgar por el último del monitor federal de la Policía, el Negociado está en amplio incumplimiento de sus responsabilidades en las áreas de violencia de género y agresiones sexuales.

Según el monitor, “una revisión de los expedientes de este período encontró carpetas y formularios inconsistentes. Los archivos están desorganizados y se juntan al azar. La profundidad de detalle en los casos es inconsistente. Las técnicas de entrevista no fueron consistentes. Algunas entrevistas fueron escritas a mano por la víctima y otras transcritas por el oficial. No se observó un seguimiento de la evidencia cuando la víctima declaró haber sido acosada. Incluso, cuando la víctima compartía delitos adicionales, parecía no haber seguimiento. El caso se investigaba solo sobre los elementos que se informaron. Si la víctima no cooperaba con el oficial y no expresaba querer presentar cargos, el caso se cerraba de inmediato y no se realizaba ningún seguimiento… Las técnicas de entrevista utilizadas por la NPPR en este tipo de casos también necesitan un enfoque centrado en la víctima. Esto incluye ayudar a la víctima con el apoyo de una intercesora. Si la NPPR está realizando este elemento en el proceso de investigación, no se indica en el expediente del caso. La capacitación sobre cómo entrevistar a la víctima, sospechoso(s) y testigos no se envió al monitor para su revisión”.

Mari Narváez describió que lo que revela el monitor federal en su informe resulta en una contradicción insostenible con la política pública del Gobierno de Puerto Rico tras la declaración de un estado de emergencia por violencia de género. Agregó que las autoridades de la Policía conocen esta situación desde que se publicó la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos  contra la Policía de Puerto Rico. De hecho, en  aquel momento, uno de los más serios hallazgos era la forma como la Policía manejaba los casos de violencia doméstica y agresiones sexuales.

“¿Qué confianza pueden las mujeres sobrevivientes de violencia depositar en una agencia donde NO hay consecuencias para los policías agresores de violencia doméstica?”, cuestionó.

Luego de años de contaminar, aire, cielo y tierra, agua, provocar enfermedades, muertes, tirar cenizas por toda la isla, violar leyes ambientales locales y federales, incluso demandar a agencias de gobierno, como a la Junta de Calidad Ambiental (JCA) la carbonera Applied Energy Systems Puerto Rico, mejor conocida como AES, Puerto Rico le ha pedido un rescate económico al gobierno de Puerto Rico. Ante la atrevida y osada solicitud, líderes ambientales y comunitarios exigieron la terminación inmediata del contrato de la planta de carbón.

En comunicado de prensa miembros de las organizaciones que componen la Alianza Energía Renovable Ahora (AERA) y que apoyan la propuesta Queremos Sol manifestaron su rechazo a la solicitud de la empresa de pedir un rescate económico del gobierno por considerar que su negocio ya no es rentable.

El abogado ambientalista Pedro Saadé aseguró que “esto es simplemente un chantaje y un abuso por la industria de combustibles fósiles y de las empresas que los controlan, como AES. La alternativa es una transición justa hacia la energía solar en techos”.

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, también levantó la voz de alerta contra la carbonera. “Ahora que el modelo de negocio privado no le está dejando las riquezas esperadas, AES pretende pasarle los riesgos y las pérdidas a la AEE y que sea el gobierno quien asuma el costo de la contaminación que ellos han dejado a través del territorio”, expresó el líder sindical. “AES quiere regalarle un problema al pueblo; así es el modelo privado y lo que está dejando ver es que su negocio ya no les está funcionando. Quieren socializar los riesgos y pérdidas, y las ganancias mantenerlas privadas”.

La revelación de la petición de AES fue resultado de una demanda de acceso de información radicada por el Centro de Periodismo Investigativo y La Perla del Sur, se desprende que la razón principal por la cual AES considera que su negocio ya no es beneficioso es por el costo que conlleva cumplir con las regulaciones ambientales locales y federales.

En el 2020 se aprobó la Ley 5, la cual prohíbe depositar cenizas de carbón en Puerto Rico, forzando a la empresa a llevarlas a Estados Unidos. Además, en una carta fechada el 11 de enero de 2022, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) dijo no estar conforme con el método propuesto por AES para manejar las cenizas en el área de la planta y mitigar el impacto de los contaminantes que se esparcen de las mismas. La empresa también ha sido multada en el estado de Florida por accidentes con las barcazas que transportan los desechos tóxicos.

La coordinadora de Política Pública Ambiental en El Puente, Amy Orta Rivera, rechazó la idea de que el cierre de la planta de carbón afectará la generación de energía, ya que “estudios recientes han demostrado que a medida que se integren sistemas de energía renovable en techos, la primera planta que puede retirarse es la de AES. Además, desde el pasado 15 de enero la Unidad 1 de la AES está fuera de servicio por mantenimiento y el sistema eléctrico del país sigue funcionando”.

A su vez, Federico Cintrón Moscoso, director ejecutivo de El Puente, indicó que “lo revelado en la noticia le da la razón al reclamo de grupos ambientales y comunitarios que llevamos años solicitado al gobierno que cancele el contrato y le exija a AES la limpieza de los daños causados”.

En abril de 2021, varias de las organizaciones llevaron a cabo un Tribunal de Pueblo donde presentaron evidencia del impacto histórico de la carbonera en la salud y el medio ambiente. “Es harto conocido que la incidencia de cáncer alrededor de la planta es mucho mayor que en el resto de Puerto Rico, que el Acuífero del Sur también lo han contaminado y que las cenizas tóxicas se han repartido por más de 14 pueblos”, puntualizó Cintrón Moscoso.

Comunidades expresan su indignación

Para Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del Comité Diálogo Ambiental de Salinas, la propuesta de AES es “una desfachatez y otra ofensa a las comunidades que sufren el impacto de su quema de carbón”.

“AES nos contamina, nos envenena, nos enferma y nos asesina, y ahora quiere que los rescaten económicamente con fondos públicos, salidos de los bolsillos de la misma gente enferma, que el gobierno se quede con la cochambra de planta de carbón, y encima eso, que los premien con nuevos contratos para seguir guisando a expensas de nuestra gente. Eso no se puede permitir”, expresó Alvarado Guzmán.

Pastores y líderes de la Red Continental Cristiana por la Paz, Reconpaz, también se unieron al reclamo de las comunidades cercanas a la carbonera. “Hemos visitado las comunidades cercanas a la planta y en la mayoría de las residencias hay pacientes adultos y niños con cáncer, enfermedades respiratorias y de riñones, hay muchas familias en luto. Las comunidades piden contundentemente el cierre de la AES”, indicó Felícita Burgos, coordinadora de Reconpaz en Puerto Rico.

Asimismo, el líder comunitario Timmy Boyle, portavoz de la Alianza Comunitaria Ambiental del Sureste (ACASE), reclamó nuevamente el cierre de la AES. “Como hemos señalado durante años, hay suficientes razones para que la carbonera cierre sus operaciones. La supuesta economía no va por encima de las vidas de los seres humanos. Esta carta de la AES solicitando un rescate constituye un insulto a las comunidades que por casi 20 años han estado siendo afectadas en su calidad de vida, perjudicando sus condiciones de salud y provocando muertes. Basta ya”, exigió Boyle.

Por su parte los legisladores María de Lourdes Santiago Negrón y Dennis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), en conferencia de prensa en el Capitolio también censuraron la petición de la carbonera.

“La desesperada petición de auxilio de la carbonera confirma la gravedad de los peligros de la privatización, alrededor de la cual se ha construido un mito basado en tres premisas que han resultado falsas: la eficiencia de lo privado, lo confiable de sus inversiones en infraestructura, y la reducción en costos para el consumidor que supuestamente provocaría la competencia”, expresó Santiago Negrón.

En tanto, Márquez Lebrón indicó que el costo de operación no es lo único de lo que AES quiere escaparse. “Ante la aprobación del Reglamento para el Manejo y Disposición de Residuos de Cenizas de Carbón, la empresa ha tenido que admitir que mantiene expuestos al aire toneladas de cenizas tóxicas por extensos períodos, una práctica ambientalmente inaceptable que hasta ahora negaban, y que no ejerce los controles mínimos para el manejo de sustancias identificadas como dañinas”.

El portavoz en la Cámara del PIP añadió que “para añadir sal a la herida, AES ‘amenaza’ con huir de la jurisdicción si el gobierno no accede a sus pretensiones, alegando causas de “Fuerza Mayor” que justifican su incumplimiento con el contrato que hasta hace poco defendían con uñas y dientes” al tiempo que argumentó que “la incompetencia corporativa, el desprecio al ambiente y a las comunidades y la y la obsolescencia de la quema de carbón no representan Fuerza Mayor”.

Los legisladores dieron a conocer la radicación de una serie de medidas legislativas para investigar todo lo relacionado a las negociaciones entre la empresa AES y la AEE.

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Al igual que lo hizo con el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) del Gobierno de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal se dispone pagar deuda ilegal en la reestructuración de la deuda de $8.26 mil millones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El acuerdo representa un aumento de cerca del 50 % en la factura de la luz para todos los consumidores por los próximos 40 años.

Estas y otras circunstancias sobre la deuda de la AEE fueron vertidas por varios exponentes en vistas públicas de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado, que se supone que lleva a cabo una investigación para identificar mecanismos para el repago de la deuda de la AEE.

Uno de estos exponentes fue la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda Integral para la Auditoría Integral del Crédito Público, (CCAD). El presidente de la Comisión Ciudadana, el CPA, doctor José González Taboada, hizo saber de plano que rechazaban el acuerdo alcanzado por la JCF, que le impone  un cargo adicional en el servicio de energía a los abonados de la AEE.  El cargo de 2.768 centavos por Kwh  incrementará hasta llegar a 4.552 por los próximos 47 años,  con lo cual los puertorriqueños estaríamos pagando sobre $23 mil millones, una cantidad casi tres veces mayor que la deuda original de bonos de la AEE.

González Taboada afirmó que era de interés, tanto para la Comisión como para el bienestar del pueblo de Puerto Rico, que antes de que se identificasen nuevos mecanismos de repago de la deuda de la AEE, que la Asamblea Legislativa tome conocimiento de las investigaciones y cuestionamientos legales que se han hecho sobre las emisiones de la corporación pública.

A esos efectos, trajo a la atención que el Contrato de Fideicomiso (Trust Agreement), que  es el instrumento rector de los bonos de la AEE,  contiene disposiciones detalladas que rigen la emisión, el pago de los bonos de la AEE, garantías y colaterales, el recibo de los ingresos por parte de la AEE y la aplicación de esos ingresos para el servicio de la deuda. El Contrato de Fideicomiso solo ofrece garantía de repago, después de que la AEE cumpla con sus gastos corrientes. Es decir, en términos de prioridad de pago, los bonos de la AEE, a diferencia de otros tipos de bonos del gobierno, están a un nivel inferior que otras obligaciones de la corporación pública. En otras palabras, los bonos de la AEE no tienen garantía de pago.

Esto quedó establecido también por la propia JCF en  los escritos radicados en el Tribunal de Quiebras. Sin  embargo, apuntó González Taboada, en el acuerdo alcanzado entre la JCF, la AEE y los  bonistas  se le pide  a la Asamblea Legislativa que les reconozca nuevos derechos a estos acreedores en perjuicio del pueblo de Puerto Rico, haciendo en la práctica que a una deuda no asegurada y de la que los bonistas conocían el riesgo que asumían, le den un  rango de prioridad y de asegurada.

Por si no fuera poco, la deuda de la AEE tampoco ha sido auditada, como no lo fue la del Gobierno central. Sobre el particular, el CPA recordó que los informes Pre-Auditoría de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, creada por la Ley 97 del 2015, así como el informe sobre COFINA de la Comisión Ciudadana  del 2019, levantaron serios cuestionamientos sobre la legalidad y constitucionalidad de la deuda pública y de la deuda de la AEE.

González Taboada  añadió que un Informe pre auditoría publicado por la ex Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público evaluó que muchas de las emisiones de bonos de la AEE pudieron ser realizadas en violación al “Trust Agreement” que incluía una cláusula que limitaba cuánto dinero dicha entidad podía tomar prestado. Es decir; un tribunal podría  declarar  anulables dichas emisiones.

Explicó que para tomar prestado, la AEE  infló de manera artificial sus recaudos proyectados para poder “cumplir” con las disposiciones del Trust Agreement con sus acreedores, a los efectos de tener recaudos netos que fueran por lo menos 120 % superior a los pagos por su deuda (interés más principal). Cuando se excluyen los ingresos no recaudados, entre ellos, las deudas de electricidad de entes gubernamentales y municipios, la Autoridad cumple con este porcentaje en solo 1 de los 10 años entre 2009 y 2018. Esto lo hacían, sostuvo González Taboada, con el fin de poder seguir emitiendo bonos aunque no tenía la autoridad legal ni los ingresos necesarios para cumplir con esas obligaciones.

Por su parte, los bonistas e intermediarios que  compraron la deuda  sabían o debían saber que la AEE no estaba en la mejor posición financiera, y asumieron el riesgo.

El presidente de la Comisión Ciudadana hizo la advertencia al cuerpo legislativo de no seguir cometiendo los mismos errores del pasado, legislando para apoyar el pago de una deuda insostenible y sin evaluar el impacto real en el pueblo. Menos cuando la actual realidad económica de nuestra isla mandata que dicha deuda sea cancelada “porque no contamos con los recursos económicos ni financieros para cumplirla. No es momento para tomar decisiones a la ligera, el país los está viendo y nunca olvidará lo que aquí se decida”.

Cuestionan  los mecanismo de reestructuración de la Junta

En tanto, la gerente del Programa de Energía de la organización Cambio, Cathy Kunkel, también advirtió a la Comisión del Senado de que los clientes de la AEE terminaremos pagando más de lo adeudado (cerca de 24 mil millones)  con el  “cargo de transición”, el cual también pagarán las personas que tengan instalaciones de energía solar.

Según explicó quien fue analista de energía  del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, siglas en inglés), este cargo de transición inicial, como se establece en el acuerdo de reestructuración (RSA, siglas en inglés) de la JCF representa un aumento en la tarifa de 11 %; pero en realidad el aumento será aún más alto porque se va a ajustar para incluir costos de financiamiento en curso y ciertos pagos a la aseguradora de bonos Assured Guaranty. El RSA también menciona que el pueblo de Puerto Rico tendría que pagar honorarios por adelantado y honorarios profesionales incurridos por parte de los bonistas y las aseguradoras.

Kunkel hizo la anotación de que aunque no se enumera ninguno de estos pagos adicionales, estima basado en el RSA previo de 2016 y otros análisis de honorarios, que estos costos muy probablemente  vayan a sobrepasar los $3 mil millones durante los 47 años de la RSA. Otro aspecto que objetó del RSA es que se creara una nueva entidad con el propósito especial de manejar los nuevos bonos, es decir, pagar con el dinero del cargo de transición, que tendrá prioridad sobre el mantenimiento necesario del sistema eléctrico. El acuerdo tampoco garantiza ninguna aportación al sistema de retiro de la AEE.

La analista incluso llevó a la atención de la Comisión los conflictos de intereses de asesores de la JCF en la deuda de la AEE, rechazó alegaciones de la Junta sobre la necesidad de privatización, a la vez que puso como ejemplo el contrato de LUMA. Además alertó de que no ha habido  ningún análisis de costos y beneficios de esta privatización y que, por otra parte, el contrato no ha resultado en ahorros.

“Al igual que en el contrato de LUMA, los operadores privados del sistema de generación no van a tener que invertir sus propios fondos en el sistema, lo que implica que los clientes van a tener que pagar tanto el mantenimiento de las plantas como las ganancias de los operadores privados. Esto, bajo términos de contratos los cuales, similar a LUMA, probablemente carecerán de fiscalización adecuada. No hay razón para pensar que la privatización bajará los costos, y definitivamente no los bajará lo suficiente como para compensar los costos impuestos por la RSA”.

En cuanto a los conflictos de intereses, señaló que muchos de los asesores externos de la JCF en el RSA participaron en las emisiones originales de los bonos. Ese es el caso de Citigroup. Sobre el particular, detalló que Citigroup fue uno de los asesores financieros de la Junta que tomó un rol significativo en la negociación del RSA. Además, tiene un contrato con la Junta que le otorga  un incentivo financiero por concretar acuerdos de reestructuración. El monto está basado en la cantidad de bonos emitidos. Es decir, el bono de Citi aumenta según la cantidad de bonos reestructurados emitidos hasta un máximo de $10 millones por su participación en la reestructuración de la deuda de Puerto Rico y sus corporaciones públicas. Además de este evidente conflicto de interés, Citi fungió como suscriptor (underwriter)  de $1,300 millones de los bonos más recientes de la AEE.

“No ha de sorprender que Citi no haya urgido a la Junta de Supervisión Fiscal a investigar la posibilidad de negligencia por parte de los suscriptores de bonos”.

La deposición de González Taboada ante la Comisión del Senado fue el 24 de enero y la de Kunkel, el 25 de enero. En ambas ocasiones solo estuvieron presentes el presidente de la Comisión, el senador Javier Aponte Dalmau (PPD), y el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe.