Luego de años de contaminar, aire, cielo y tierra, agua, provocar enfermedades, muertes, tirar cenizas por toda la isla, violar leyes ambientales locales y federales, incluso demandar a agencias de gobierno, como a la Junta de Calidad Ambiental (JCA) la carbonera Applied Energy Systems Puerto Rico, mejor conocida como AES, Puerto Rico le ha pedido un rescate económico al gobierno de Puerto Rico. Ante la atrevida y osada solicitud, líderes ambientales y comunitarios exigieron la terminación inmediata del contrato de la planta de carbón.
En comunicado de prensa miembros de las organizaciones que componen la Alianza Energía Renovable Ahora (AERA) y que apoyan la propuesta Queremos Sol manifestaron su rechazo a la solicitud de la empresa de pedir un rescate económico del gobierno por considerar que su negocio ya no es rentable.
El abogado ambientalista Pedro Saadé aseguró que “esto es simplemente un chantaje y un abuso por la industria de combustibles fósiles y de las empresas que los controlan, como AES. La alternativa es una transición justa hacia la energía solar en techos”.
El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, también levantó la voz de alerta contra la carbonera. “Ahora que el modelo de negocio privado no le está dejando las riquezas esperadas, AES pretende pasarle los riesgos y las pérdidas a la AEE y que sea el gobierno quien asuma el costo de la contaminación que ellos han dejado a través del territorio”, expresó el líder sindical. “AES quiere regalarle un problema al pueblo; así es el modelo privado y lo que está dejando ver es que su negocio ya no les está funcionando. Quieren socializar los riesgos y pérdidas, y las ganancias mantenerlas privadas”.
La revelación de la petición de AES fue resultado de una demanda de acceso de información radicada por el Centro de Periodismo Investigativo y La Perla del Sur, se desprende que la razón principal por la cual AES considera que su negocio ya no es beneficioso es por el costo que conlleva cumplir con las regulaciones ambientales locales y federales.
En el 2020 se aprobó la Ley 5, la cual prohíbe depositar cenizas de carbón en Puerto Rico, forzando a la empresa a llevarlas a Estados Unidos. Además, en una carta fechada el 11 de enero de 2022, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) dijo no estar conforme con el método propuesto por AES para manejar las cenizas en el área de la planta y mitigar el impacto de los contaminantes que se esparcen de las mismas. La empresa también ha sido multada en el estado de Florida por accidentes con las barcazas que transportan los desechos tóxicos.
La coordinadora de Política Pública Ambiental en El Puente, Amy Orta Rivera, rechazó la idea de que el cierre de la planta de carbón afectará la generación de energía, ya que “estudios recientes han demostrado que a medida que se integren sistemas de energía renovable en techos, la primera planta que puede retirarse es la de AES. Además, desde el pasado 15 de enero la Unidad 1 de la AES está fuera de servicio por mantenimiento y el sistema eléctrico del país sigue funcionando”.
A su vez, Federico Cintrón Moscoso, director ejecutivo de El Puente, indicó que “lo revelado en la noticia le da la razón al reclamo de grupos ambientales y comunitarios que llevamos años solicitado al gobierno que cancele el contrato y le exija a AES la limpieza de los daños causados”.
En abril de 2021, varias de las organizaciones llevaron a cabo un Tribunal de Pueblo donde presentaron evidencia del impacto histórico de la carbonera en la salud y el medio ambiente. “Es harto conocido que la incidencia de cáncer alrededor de la planta es mucho mayor que en el resto de Puerto Rico, que el Acuífero del Sur también lo han contaminado y que las cenizas tóxicas se han repartido por más de 14 pueblos”, puntualizó Cintrón Moscoso.
Comunidades expresan su indignación
Para Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del Comité Diálogo Ambiental de Salinas, la propuesta de AES es “una desfachatez y otra ofensa a las comunidades que sufren el impacto de su quema de carbón”.
“AES nos contamina, nos envenena, nos enferma y nos asesina, y ahora quiere que los rescaten económicamente con fondos públicos, salidos de los bolsillos de la misma gente enferma, que el gobierno se quede con la cochambra de planta de carbón, y encima eso, que los premien con nuevos contratos para seguir guisando a expensas de nuestra gente. Eso no se puede permitir”, expresó Alvarado Guzmán.
Pastores y líderes de la Red Continental Cristiana por la Paz, Reconpaz, también se unieron al reclamo de las comunidades cercanas a la carbonera. “Hemos visitado las comunidades cercanas a la planta y en la mayoría de las residencias hay pacientes adultos y niños con cáncer, enfermedades respiratorias y de riñones, hay muchas familias en luto. Las comunidades piden contundentemente el cierre de la AES”, indicó Felícita Burgos, coordinadora de Reconpaz en Puerto Rico.
Asimismo, el líder comunitario Timmy Boyle, portavoz de la Alianza Comunitaria Ambiental del Sureste (ACASE), reclamó nuevamente el cierre de la AES. “Como hemos señalado durante años, hay suficientes razones para que la carbonera cierre sus operaciones. La supuesta economía no va por encima de las vidas de los seres humanos. Esta carta de la AES solicitando un rescate constituye un insulto a las comunidades que por casi 20 años han estado siendo afectadas en su calidad de vida, perjudicando sus condiciones de salud y provocando muertes. Basta ya”, exigió Boyle.
Por su parte los legisladores María de Lourdes Santiago Negrón y Dennis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), en conferencia de prensa en el Capitolio también censuraron la petición de la carbonera.
“La desesperada petición de auxilio de la carbonera confirma la gravedad de los peligros de la privatización, alrededor de la cual se ha construido un mito basado en tres premisas que han resultado falsas: la eficiencia de lo privado, lo confiable de sus inversiones en infraestructura, y la reducción en costos para el consumidor que supuestamente provocaría la competencia”, expresó Santiago Negrón.
En tanto, Márquez Lebrón indicó que el costo de operación no es lo único de lo que AES quiere escaparse. “Ante la aprobación del Reglamento para el Manejo y Disposición de Residuos de Cenizas de Carbón, la empresa ha tenido que admitir que mantiene expuestos al aire toneladas de cenizas tóxicas por extensos períodos, una práctica ambientalmente inaceptable que hasta ahora negaban, y que no ejerce los controles mínimos para el manejo de sustancias identificadas como dañinas”.
El portavoz en la Cámara del PIP añadió que “para añadir sal a la herida, AES ‘amenaza’ con huir de la jurisdicción si el gobierno no accede a sus pretensiones, alegando causas de “Fuerza Mayor” que justifican su incumplimiento con el contrato que hasta hace poco defendían con uñas y dientes” al tiempo que argumentó que “la incompetencia corporativa, el desprecio al ambiente y a las comunidades y la y la obsolescencia de la quema de carbón no representan Fuerza Mayor”.
Los legisladores dieron a conocer la radicación de una serie de medidas legislativas para investigar todo lo relacionado a las negociaciones entre la empresa AES y la AEE.
