El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NP) se niega a dar información sobre las muertes y las personas heridas en medio de intervenciones policíacas, así como de los asesinatos por violencia de género de sus miembros. Ambas circunstancias quedaron al descubierto por acciones y revelaciones de la organización Kilómetro Cero (Km 0).
“Una vez más, nuestros gobiernos revelan que invierten más energía en esconder muertos que en evitarlos”, dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de la organización que monitorea el uso de fuerza del Estado. “La Policía es el cuerpo que ejerce la fuerza a nombre del Estado y, por tanto, tiene un enorme poder sobre nuestras vidas e integridad física. Por lo mismo, tiene la responsabilidad de revelarnos cómo utiliza la fuerza contra la ciudadanía y qué personas han muerto o resultado heridas en ese ejercicio. Esto es información central, no solo para el ejercicio de nuestros derechos, sino para la salud pública del país. Esconder esa información a la prensa y a la ciudadanía es antidemocrático y es criminal”, declaró Mari Mari Narváez.
Las expresiones fueron en reacción a la acción del Negociado de la Policía de evadir una orden del Tribunal de entregar a Kilómetro Cero el informe de las personas muertas y heridas por el uso de la fuerza policial en el 2021. El 19 d enero, Km 0 había presentado una moción al Tribunal Superior de San Juan para que se le exigiera al Negociado entregar dicha información, como parte de los documentos que ha estado entregando a raíz de un pleito que llegó al Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR). Aun con la determinación del Tribunal, de que se debía entregar la información, el Negociado continuaba entregando el informe en blanco.
El juez del Tribunal Superior de San Juan Anthony Cuevas les había dado 48 horas (hasta el 25 de enero) para entregar la información. En su lugar, el Negociado de la Policía solicitó una extensión del plazo. En esta ocasión el juez citó para el próximo 9 de febrero una vista de cumplimiento de sentencia.
Mientras, ante al asesinato, el 28 de enero, de la agente Brenda Pérez Bahamonde, de 47 años, aparentemente por su expareja, el también policía José Rivera Velázquez, Kilómetro Cero censuró el que la Policía también evade identificar cuando la persona sospechosa es uno de sus miembros.
En comunicado de prensa, Mari Narváez reveló que el propio equipo del exmonitor de la Policía, Arnaldo Claudio, ha sugerido que hay un problema de impunidad entre oficiales que son agresores de sus parejas mujeres. Según estableció entonces el monitor federal en un informe de 2018, por ejemplo, de 99 querellas por violencia doméstica contra policías estatales en 2017, ninguno de los casos resultó en convicción, mientras que el 14 % de las denuncias de violencia doméstica en la población general resultan en condenas.
La activista denunció que no hay más documentación pública que revele qué se ha hecho en la Reforma de la Policía para abordar este problema de impunidad. “Esto es importante porque es, precisamente, el sentido de impunidad lo que permite e incluso incentiva los abusos policiales, incluyendo los feminicidios íntimos”.
La organización exigió conocer el historial de querellas administrativas del agente José Rivera Velázquez y qué medidas se tomaron en cada una de ellas.
Además, destacó que a juzgar por el último del monitor federal de la Policía, el Negociado está en amplio incumplimiento de sus responsabilidades en las áreas de violencia de género y agresiones sexuales.
Según el monitor, “una revisión de los expedientes de este período encontró carpetas y formularios inconsistentes. Los archivos están desorganizados y se juntan al azar. La profundidad de detalle en los casos es inconsistente. Las técnicas de entrevista no fueron consistentes. Algunas entrevistas fueron escritas a mano por la víctima y otras transcritas por el oficial. No se observó un seguimiento de la evidencia cuando la víctima declaró haber sido acosada. Incluso, cuando la víctima compartía delitos adicionales, parecía no haber seguimiento. El caso se investigaba solo sobre los elementos que se informaron. Si la víctima no cooperaba con el oficial y no expresaba querer presentar cargos, el caso se cerraba de inmediato y no se realizaba ningún seguimiento… Las técnicas de entrevista utilizadas por la NPPR en este tipo de casos también necesitan un enfoque centrado en la víctima. Esto incluye ayudar a la víctima con el apoyo de una intercesora. Si la NPPR está realizando este elemento en el proceso de investigación, no se indica en el expediente del caso. La capacitación sobre cómo entrevistar a la víctima, sospechoso(s) y testigos no se envió al monitor para su revisión”.
Mari Narváez describió que lo que revela el monitor federal en su informe resulta en una contradicción insostenible con la política pública del Gobierno de Puerto Rico tras la declaración de un estado de emergencia por violencia de género. Agregó que las autoridades de la Policía conocen esta situación desde que se publicó la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la Policía de Puerto Rico. De hecho, en aquel momento, uno de los más serios hallazgos era la forma como la Policía manejaba los casos de violencia doméstica y agresiones sexuales.
“¿Qué confianza pueden las mujeres sobrevivientes de violencia depositar en una agencia donde NO hay consecuencias para los policías agresores de violencia doméstica?”, cuestionó.
