Un golpe a la clase trabajadora, otro más

 

CLARIDAD

Varios temas sonaron en la prensa puertorriqueña en estos días. El más importante fue el marronazo que la juez estadounidense Taylor Swain le dio a la ley de reforma laboral aprobada por la Legislatura, pero este tipo de noticia, por lo repetida, ya no tiene mucho impacto y pronto se olvida.

Las noticias más atractivas son las que traen algo nuevo. Los eventos que se vuelven rutina no se reseñan en portada y, más adelante, ni siquiera en las páginas interiores de los diarios. ¿Cuánta legislación aprobada tras largos debates en nuestras cámaras legislativas ha terminado en el zafacón de los tribunales federales durante los últimos seis o siete años? La primera, y tal vez más importante, fue la que con algo de sorna algunos medios de prensa bautizaron como la ¨ley de quiebra criolla¨. Ante el hecho de que el estatuto federal de quiebra de forma expresa no aplica a Puerto Rico, en 2016 la Legislatura quiso llenar el vacío aprobando una ley que parecía muy bien razonada. Muy pronto el tribunal de los federales decidió que las colonias ni siquiera pueden llenar vacíos y nuestro estatuto fue prontamente anulado. Le correspondía al Congreso estadounidense llenar el espacio, si quería. Como sabemos, luego el hueco legal lo ocupó el regalito que llamaron PROMESA, que efectivamente eliminó la limitada autonomía del gobierno colonial. Desde entonces una juez de Nueva York, designada por el juez presidente del Tribunal Supremo estadounidense, es la que decide, a petición de la Junta que el mismo Congreso creó, si alguna ley aprobada en Puerto Rico puede ponerse en vigor.

Mientras se trate de legislación más o menos inocua, que no impacte el presupuesto presente y futuro ni la economía (¡imaginen!) los poderes legislativos se respetan. En todo lo demás, son los procónsules los que deciden y la juez de Manhattan la que ordena.

En este último caso no se trataba de una ley boba, sino muy necesaria y justa, que intentaba reparar en parte el severo daño que la propia Junta de Control Fiscal y el pasado gobierno de Ricardo Rosselló le habían causado a los trabajadores puertorriqueños. En 2017, el bisoño Rosselló y la también recién estrenada Junta decidieron comenzar sus gestiones como requería el capitalismo salvaje y el neoliberalismo clásico: quitándole a los que menos tenían para facilitarle el camino a los de arriba. Así fue como, supuestamente para estimular la estancada economía, aprobaron una reforma laboral que eliminó o limitó derechos adquiridos por nuestros trabajadores. El despido se hizo fácil y barato, los beneficios marginales (vacaciones, días por enfermedad, etc.) se redujeron, entre muchas cosas más. Si la realidad de la nuestra fuerza laboral era entonces difícil como resultado de la crisis económica, la reforma de Rosselló y la Junta la hizo peor.

Como sabemos, el crecimiento económico que la legislación anti obrera iba a alcanzar nunca llegó. Más bien fue lo contrario, pero los empresarios estaban de pláceme pagando salarios bajos, reclutando sin tener que cumplir con periodos probatorios ni permanencia y despidiendo a su antojo.

Lógicamente, este problema fue tema de campaña en las elecciones de 2020 y la Legislatura que de allí salió se comprometió a hacer un esfuerzo para reparar el daño causado a la mayoría de boricuas que vive del trabajo. Afrontando la oposición de los miembros del PNP, que afortunadamente en esta ocasión estaban en minoría, se aprobó nueva legislación que restituía algunos de los derechos conculcados. La representación legislativa del PIP y los nuevos legisladores del Movimiento Victoria Ciudadana, trabajaron con esmero empujando a los del PPD hasta que se logró un proyecto que, si bien no reparaba todo el daño, lo hacía en parte. Tras la aprobación, el gobernador Pedro Pierluisi optó por firmarla obviamente pensando en su aspiración a ser reelecto en 2024. Luego, por negligencia o a sabiendas, cometió un error en la tramitación del estatuto que se convirtió en una de las excusas que utilizó la Juez para anularlo.

Alguien podría decir que la Legislatura no debió desplegar todo ese esfuerzo si se sabía que el futuro de la ley era, al menos, altamente dudoso dado el inmenso poder de la junta de procónsules. Es posible que la muerte estuviera anunciada, pero los legisladores electos estaban obligados a descargar su responsabilidad tratando de proteger a nuestra masa laboral.

Como decía al principio, la anulación de la legislación laboral apareció en los medios y pronto desapareció. Es un ejemplo más del colonialismo clásico que padecemos y son tantos que la repetición lo despoja de valor noticioso. Es el clásico ejemplo del perro que muerde al hombre versus el hombre que muerde el perro. Tal vez cuando nos dispongamos a morder la historia sea novedosa.

 

Artículo anteriorReglamento Conjunto: Hecho a la medida de los desarrolladores
Artículo siguienteAtaque de la Junta de Control Fiscal y la jueza Swain contra el pueblo trabajador