CLARIDAD
Los continuos casos de violaciones a reglamentos ambientales y de zonificación, las construcciones sin permisos en lugares indebidos y la negativa del gobernador, Pedro Pierluisi, de firmar el proyecto de Legitimación Activa, todas estas acciones están conectadas. Emanan de una política pública de desreglamentación en aras de un supuesto desarrollo económico.
Entrevistado por CLARIDAD, el planificador David Carrasquillo Medrano expuso su apreciación sobre el borrador para un nuevo Reglamento Conjunto (RC) bajo consideración de la Junta de Planificación (JP). “Definitivamente, todo está conectado y es bien difícil seguirle la pista porque esto empezó en el 2009 con la aprobación de la primera reforma de permisos, en donde después, en el 2010, se hace el primer Reglamento Conjunto”.
En octubre pasado del 2022, la JP inició un proceso de vistas públicas del borrador para un nuevo Reglamento Conjunto para la Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios. Esta extendió hasta el 20 de febrero próximo la fecha para que el público interesado presente sus comentarios y evaluaciones sobre el borrador. Aunque el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico declaró nulo el RC del 2020, tanto la JP como todas las demás agencias concernidas han continuado utilizando el reglamento declarado nulo.
Carrasquillo Medrano, quien es director de Planificación y Desarrollo Comunitario de la organización sin fines de lucro Hispanic Federation de Puerto Rico (HFPR), agregó que se supone que con la aprobación del Plan de Usos de Terrenos (PUT) del 2015 y el RC cambiara la dinámica de los permisos, ya que se establecía por primera vez algunas directrices o políticas a nivel nacional en donde se delineaba un norte de sostenibilidad y balance en los tipos de desarrollo. Pero, por el contrario, no solo ha habido problemas con el RC, sino que el Gobierno, de forma muy clara, ha utilizado las diferentes agencias, primero, para complicar el proceso, y segundo, para servir de cómplice en crímenes ambientales, entre muchísimas otras cosas. Dio de ejemplo que la resolución administrativa de exclusiones categóricas que aprobó hace dos años el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en definitiva ha viabilizado el que se aprueben muchísimos proyectos con exenciones en los requerimientos ambientales que no se deberían aprobar.
Este expuso que el RC 2022 que se está evaluando ahora mismo incluye una disposición que dice que todos los permisos que se otorguen de forma ministerial tienen auténticamente una exclusión categórica. Eso incluye proyectos de energía en zonas agrícolas, proyectos de energía en zonas residenciales y la adopción de alquileres a corto plazo (ACP) en zonas residenciales. Sobre esto último reparó en que ello representa un problema porque, aunque la medida PC 1557 (que se debate al presente en la Cámara de Representantes) incluye una disposición de que aquellos usos de ACP en zonas residenciales deberían limitar su uso del 30 % de la vivienda, no hay garantía de eso, ya que en cualquier momento lo pueden cambiar.
Otra instancia en dirección a la desreglamentación que señaló es que el primer plan fiscal de la Junta de Control Fiscal (JCF) le daba dos años a la JP para hacer una reingeniería del proceso de permisos, y eso viene acompañado de meter a la JP dentro de la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), lo que implica la pérdida de poderes de la JP para otorgárselos a la Oficina de Gerencia y Permisos (OGP). Indicó que dentro de la OGP no hay decisiones que sean colegiadas y que incluso no hay decisiones que se tomen por los peritos concernidos.
“Así que hay muchas instancias en donde cosas que tradicionalmente requieren una consulta de ubicación se están pasando como si fueran permisos regulares”. Con esto se les está pasando por encima a las evaluaciones que hacen los Municipios Autónomos, lo que claramente son violaciones a la autonomía municipal, ya que en la práctica el Gobierno está centralizando la forma en que se toman decisiones, y asuntos que no deberían ser discrecionales, ahora lo son, y otros que deberían ser ministeriales, a veces son discrecionales. “No hay forma de decir categóricamente esto está bien, esto está mal; sino que es dependiendo del asunto”.
Considera que para bien o para mal, aunque suene increíble, el periodo de examen de este RC 2022, sin la extensión, había sido el periodo más largo que se ha dado en los pasados 10 años en las evaluaciones. Su interpretación es que las motivaciones para que la JP haya extendido el periodo responde a que no se han recibido los comentarios del público, pero también de las agencias que se supone participen del proceso. Recordó que todos los reglamentos conjuntos que la JP ha presentado, excepto el del 2010, han sido declarados nulos por incumplimiento a la Ley de Procedimiento Uniforme, entre otras leyes que dictan cómo es el proceso.
“Mi inferencia es que no se ha cumplido incluso con el plazo hasta el 20 de febrero porque la ley orgánica de la JP dice que este proceso primero debe ser uno lo más amplio posible, y no lo ha sido. Segundo, la JP tiene la responsabilidad de poner al público en primer sitial, y eso tampoco ha pasado”, denunció.
El planificador, que está empapado del proceso, describió que las vistas públicas fueron pobrísimas, por la baja participación que se está dando, lo que atribuyó en parte a que el documento es uno de más de mil páginas, por lo que nadie ha podido evaluarlo por completo. Incluso admitió que organizaciones como la Hispanic Federation se han tenido que concentrar en algunos aspectos que son problemáticos, que saben que no se han evaluado de forma profunda.
En esa línea, señaló que, en continuidad con el veto del gobernador a la Ley de Legitimación Activa, la JP está incluyendo en el RC un lenguaje dirigido a que para una persona poder querellarse sobre un permiso o actividad tiene que tener un daño directo. Eso incluye a legisladores, servidores públicos y organizaciones sin fines de lucro. “Aquí no se habla de demandar; sino de una querella como es ahora; de que cualquier persona puede hacerlo”. Carrasquillo Medrano comentó que por lo regular son organizaciones sin fines de lucro las que asumen la responsabilidad, ya sea de presentar una querella o demandar, debido a la necesidad de asesoramiento legal y técnico, lo que a su vez es costoso. Con esta disposición, en la práctica nadie se podrá querellar, concluyó.
Los aspectos más problemáticos
A juicio del planificador, además de lo anterior, hasta ahora los cambios propuestos por la JP que considera más problemáticos tienen que ver con áreas residenciales. El RC contempla permitir otorgar permiso de forma ministerial; es decir, si la persona somete un permiso y cuadra con lo que dice el reglamento, se aprueba de forma automática, nadie lo puede cuestionar, ni siquiera el técnico de permisos lo puede cuestionar. Ejemplos de permisos de forma ministerial en zonas residenciales son un permiso para un ACP y algunos tipos de hospederías. Uno de los cambios más problemáticos es un permiso ministerial para un llamado startups. Este va a permitir usar el 20 % de una propiedad para cualquier tipo de actividad, siempre y cuando no emita ruido, olores y la operación sea en horario diurno.
El planificador experto en desarrollo comunitario subrayó que permitir estas actividades tiene efectos directos en el valor de las propiedades debido a que la forma en que un tasador le da el valor a la propiedad es con comparables, porque eso dicta lo que se puede hacer. “En la medida en que se permita hacer actividades que le puedan sacar dinero a la residencia, obviamente, tiene un efecto directo en la accesibilidad de vivienda asequible, le aumenta el valor. Irónicamente, en el informe económico que la JP entregó el año pasado, vieron el aumento de 14 % en las propiedades como algo positivo”, criticó.
Otra disposición que dijo le preocupa mucho que fuera añadido a este reglamento es lo que se refiere a las parcelas que están clasificadas como educacionales, que son aquellos espacios que tradicionalmente se les da usos públicos. Ahora se va a permitir la concesión de permisos de forma ministerial para usos comerciales de estos espacios; permisos para ubicar hoteles, restaurantes, hospederías, cuando eso implica la privatización del espacio. Carrasquillo Medrano destacó que en el contexto en que se han cerrado 400 escuelas en los pasados siete años, “eso es un golpe al hígado, en donde escuelas que cerraron y todavía hay grupos comunitarios tratando de reabrirlas, las van a privatizar y las van a comercializar”, advirtió.
Las áreas naturales
Las áreas naturales, como los bosques, los recursos naturales, no escapan al RC. En el documento se está permitiendo el establecimiento de los ACP, los tiny houses, una nueva modalidad de casas pequeñas, las cuales se están vendiendo como si fueran parte del inventario atractivo turístico en la isla.
“Yo no sé si es ignorancia pura de parte del Gobierno y los proponentes; pero el daño no es solo la casa, sino la infraestructura que tienes que hacer para luz, agua, carretera. Eso, definitivamente, está contemplado que se va hacer en áreas de conservación. Cuando digo áreas de conservación son tanto las reservas como las áreas boscosas. Se está permitiendo en esos lugares. De parte del DRNA, no ha dicho absolutamente nada”.
Se supone que por la ley de procedimiento administrativo uniforme el DRNA sea una de los entes concernidos en el proceso. Sin embargo, la JP en ningún momento ha permitido o dado información de cuáles agencias reaccionaron. Aun cuando eso debería ser parte del proceso, no hay una disposición clara que diga que eso se tiene que publicar, explicó.
Zonas a “mejorarse” o a eliminarse
El borrador del RC tiene también una clasificación denominada ‘Zonas a mejorarse’. Esta se le atribuye a comunidades rescatas, comunidades empobrecidas, sin planificación; sectores sin infraestructura, es decir, agua, luz, carreteras, etc. Contrario a lo que está vigente, que es responsabilidad del municipio con la participación comunitaria preparar un plan de desarrollo, el RC propuesto no las reconoce como un distrito residencial y lo que propone es permitir que un ente privado someta un plan maestro de lo que quiera hacer. Es evidente que esto pone en peligro a las comunidades que se encuentran más vulnerables. La propuesta podría ser desde un proyecto de energía hasta urbanizaciones de lujo, cualquier otra cosa que quepa dentro de la zonificación.
Para Carrasquillo Medrano, el cambio es como una doble vara que está ligada a la declaración de las zonas de oportunidad. Puntualizó que no se permite que los fondos de desastres beneficien a personas que están en zonas inundables y que no se pueden cuestionar los mapas. Sin embargo, a los inversionistas se les está diciendo que puede comprar o construir bajo determinados parámetros. Aclaró que cuando se habla de parámetros, se está hablando de infraestructura en que el Gobierno no está dispuesto a gastar. Subrayó que se refiere al dinero de los fondos CDBG-DR y los de CDBG- MIT cuya prioridad se supone sea atender a las comunidades en zonas de riesgo. El Gobierno los está utilizando en cosas discrecionales, como turismo y proyectos de desarrollo.
En conclusión, no empece a que, irónicamente, este es el proceso más largo que se ha dado de la revisión del RG, ha sido uno en donde no existe un documento para el público que diga cuáles son los cambios que se están proponiendo, sino que hay que leer las más de mil páginas para llegar enterarse. Y eso es bajo la premisa de que se conoce lo que decía el documento anterior. Pero hay muchísimos cambios que se están incluyendo que son muy nocivos, los cuales las personas no conocen ni cuentan con los elementos para entenderlos.
