Carla Cristina Dávila del Valle
En los pasados días, se aprobó en la Cámara, por descargue, un proyecto que busca aclarar que el nasciturus -el concebido no nacido- es persona natural en cualquier etapa de gestación para los efectos legales que le beneficien, sin que esté condicionado a su nacimiento, a excepción de los derechos hereditarios.
Ujum. Vamos a preocuparnos por los derechos de los que no han nacido mientras ignoramos, violamos o eliminamos los de los que sí nacimos. ¡Bravo!
El mismo cuerpo, o sea, la Cámara, aprobó un proyecto que ordena al Negociado de Energía que realice una auditoría del sistema tarifario y una evaluación del cumplimiento contractual y operacional de LUMA. Esto, mientras el Negociado de Energía realiza… eso mismo. De hecho, está haciendo vistas públicas sobre ese asunto hasta el 17 de diciembre. Vamos a obligar a un organismo a hacer algo que ya está haciendo. ¡Bravo!
También en la Cámara se rindió un informe positivo para un proyecto que busca crear la «Ley de Transparencia en la Oferta de Tamaños en Establecimientos de Comida Rápida de Puerto Rico», para garantizar que los consumidores sean informados adecuadamente sobre todas las opciones de tamaños disponibles, incluyendo el tamaño pequeño, al momento de ordenar. Sí, porque esto es un gravísimo problema en Puerto Rico y, de serlo, no basta con enmendar alguna ley ya existente u ordenar a DACO a que promulgue un reglamento a esos efectos. ¡Bravo!
Además, la Gobernadora convirtió en Ley una medida que obliga a los conductores a cambiar de carril o reducir la velocidad cuando una grúa esté detenida con las luces encendidas.
Wow. Sencillamente wow. O sea, ¿qué es lo que está haciendo la gente que es necesario legislar para evitarlo? ¿Están chocando despavoridamente con las grúas o les están pasando por encima? Y si así es, ¿por qué hacer una ley y no mejor una campaña de concienciación? ¡Bravo!
Ah! ¿Pero saben qué no se convirtió en ley? Dos importantísimas legislaciones que, además de atender verdaderas necesidades, fueron promesas de campaña y nos dijeron que pasarían en los primeros meses de la administración: la congelación y posterior eliminación del impuesto al inventario y la Reforma Contributiva.
A eso, súmele la otra promesa que copó la contienda primarista, la campaña a la gobernación y seguramente le permitió el triunfo a Jenniffer González, pero no ha pasado: sacar a LUMA.
Y una se pregunta quién los asesora, para quién trabajan verdaderamente, por qué quieren llegar al poder, para qué quieren el poder. Una quiere darles el break, pero lo que hay que darle es al brake. Este tipo de gobernanza tiene que detenerse, tanto en la Legislatura como en la Fortaleza.
Basta de legislar por descargue y sin vistas públicas, basta de legislar asuntos que no representan un problema social mientras desatienden necesidades reales de la gente, ignorando a quienes saben del tema y sin considerar a quienes vivirán las consecuencias de las leyes.
Y basta de gobernar como si el puesto fuera una plataforma, tarima o trampolín para adelantar agendas e intereses personalísimos y un sofá donde recostar la urgencia de administrar un país que merece y requiere reconstrucción y reingeniería total.
Si este saldo de los primeros once meses de administración nos sirve para hacer una proyección, qué poco útil y qué terriblemente nefasto lo que nos espera por los próximos 37.
¡Ojalá me equivoque!
