CLARIDAD
A largo del siglo XX Puerto Rico estuvo presente en todas las agresiones que Estados Unidos lanzó contra nuestros vecinos del Caribe o Centroamérica. Esa es una de las funciones que los imperios les reservan a sus colonias: servir de base de operaciones para la continua expansión imperial. Algunos pensaban que con el cierre de las bases militares que Estados Unidos tenía en nuestro país y tras los cambios geopolíticos en la última década del pasado siglo, el uso de Puerto Rico como plataforma de agresión había terminado, pero con el trumpismo esa función de la colonia ha regresado. Curiosamente, nuestro colonialismo nació de la doctrina Monroe cuando, guiado por ella, en 1898 Estados Unidos intervino en la guerra hispano-cubana. Ahora, cuando la vuelven a invocar para amparar nuevas agresiones, la peor manifestación del colonialismo -servir como base de agresión contra hermanos- regresa a nuestro país.
Una vez más se confirma que mientras exista el colonialismo ningún cambio resulta definitivo y lo que creíamos superado vuelve a aparecer. Para los actuales administradores coloniales, que representan la facción más rancia del anexionismo isleño, ese renacer de la militarización les entusiasma porque aleja toda noción de que Estados Unidos pueda disponer del territorio ante el supuesto de que en el análisis de costo-beneficio pesa más el primero. Ese alegado desbalance a favor de los costos realmente nunca ha existido, más bien lo contrario, pero ahora, con la reutilización militar, la situación es más clara.
Esa nueva realidad, que creíamos superada luego de la lucha por la desmilitarización de Vieques, fue uno de los eventos noticiosos más importantes de 2025 y puede que también lo sea en 2026 mientras el nuevo afán imperial, que Trump manifiesta de manera explícita y descarada, siga manifestándose.
El 2025 puertorriqueño también fue testigo de una nueva ofensiva contra los derechos ciudadanos, particularmente los que protegen a la mujer y a grupos históricamente discriminados. Entusiasmados por la ola que recorre a Estados Unidos, la nueva administración colonial de Jennifer González y Thomas Rivera Schatz se ha dispuesto a hacer sus propios recortes a derechos y conquistas logradas con grandes esfuerzos en el pasado. Casi terminando el año aprobaron legislación para reconocerle personalidad jurídica a un no nacido, cambio que altera un estado derecho con más de un siglo de antigüedad. Esa nueva ley amenaza tanto la salud de la mujer como sus derechos reproductivos, pero sus efectos van mucho más allá porque también afecta otras áreas, en particular el derecho sucesorio. En medio de su cruzada antifemenina los ultras del PNP no se percatan del monstruo que han creado.
Otro ejemplo de ataque a derechos que se creían conquistados fue la medida que enmendó la legislación que reglamenta el acceso a la información pública, añadiendo trabas y ampliando el tiempo que tiene un funcionario para responder a una solicitud de documentos. Igual que la legislación sobre el nasciturus esta fue de iniciativa legislativa. El binomio González-Rivera Schatz pelea por cuestiones politiqueras, pero actúa unido cuando de quitar derechos se trata.
Frente a ambas leyes se manifestó gran oposición. La relacionada con el derecho a la información fue objetada militantemente por todas las organizaciones de periodistas y la relacionada con el concebido pero no nacido recibió el rechazo de cientos de médicos y de todas las organizaciones que luchan por los derechos de la mujer, mientras que en ambos casos pocas voces se expresaron a favor. Ninguna de esas protestas hizo mella en la Legislatura o con la gobernadora González. Lo mismo pasó con la legislación que enmienda al código electoral que fue objetada por todos los partidos de oposición.
La gobernadora González, Rivera Schatz y todo el liderato del PNP actúan con la prepotencia de quienes creen que ninguna de esas protestas tiene efecto sobre una base electoral que consideran inamovible. Pase lo que pase, gracias a la dependencia económica y a la manipulación política, el 35% de la población votará por ellos y con eso creen que aseguran el triunfo. Tampoco les importa que, ante sus visos de inconstitucionalidad, las nuevas leyes sean impugnadas en los tribunales porque el control que tienen del sistema judicial, en particular del Tribunal Supremo, les garantiza que la pretendida invalidación nunca llegará.
Con igual desparpajo están actuando en temas ambientales. Ya iniciaron el proceso para revisar la reglamentación de permisos de construcción para favorecer a desarrolladores y al terminar el año, a horas de la Nochebuena, aprobaron la declaración de impacto ambiental que le abre paso al proyecto Esencia de Cabo Rojo.
El único tema que sí parece preocupar a González es el del servicio eléctrico y la empresa LUMA Energy porque es consciente del alto costo que pagó su predecesor, Pedro Pierluisi, por su apoyo a la privatizadora. Por eso se apresuró a iniciar, por fin, el proceso judicial que había prometido para anular el contrato que otro gobierno de su propio partido otorgó. Ese proceso, iniciado en el último mes del año, presenta muchos interrogantes. En primer lugar, la demanda no se basa en el obvio incumplimiento contractual del LUMA, sino en la forma en que el contrato fue otorgado por la administración de Pierluisi y resulta débil argumentar que un contrato es nulo por la forma en que se otorgó cuando la impugnación se hace cinco años después. En segundo lugar, la privatizadora está haciendo todo lo posible para trasladar el pleito a foro federal, consciente del control que el PNP tiene sobre la judicatura puertorriqueña, y obviamente dará la batalla por ese traslado hasta la última instancia. En cualquiera de los dos foros el proceso será largo. Por eso González se ha apresurado a señalar que su compromiso se limita presentar la demanda. El mismo día que la presentó llegó el país letreros alegando “compromiso cumplido”.
Pero no todo fue negativo en el 2025. En medio del cacareo politiquero, del desastre administrativo y de las nuevas botas militares, vimos cómo la nacionalidad puertorriqueña expresó su fortaleza, una vez más, por medio de la expresión artística. El punto culminante fue la actuación de un joven del barrio Almirante Sur de Vega Baja, Benito Martínez que, comenzando el 2025, impactó el mundo con canciones de alto contenido social y patriótico. El resplandor duró todo el año demostrando que aquí sigue muy viva una nación caribeña y latinoamericana, que habla y siente en español. Mientras esa nacionalidad exista y se fortalezca, habrá futuro.
Este escrito salió originalmente en la edición impresa de CLARIDAD correspondiente a diciembre 20225.
