Al cierre de este editorial, se supo que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela acudió al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), pidiendo una reunión de emergencia en torno a las acciones de Estados Unidos en Venezuela. » El Presidente de Estados Unidos viola con impunidad y ante el mundo entero nuestra soberanía nacional y la integridad e independencia política de nuestro territorio», afirma la carta del Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela al organismo internacional, donde reclama la intervención de los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Ya la presidenta de México, Claudia Sheimbaum había pedido a la ONU intervenir ante las amenazas de Trump a Venezuela. El presidente de Brasil, Lula Da Silva también llamó a la desescalada del conflicto. El presidente Trump había lanzado a través de su red social Truth Social, una diatriba muy confusa contra el gobierno de Venezuela donde lo acusó del «robo de petróleo, tierras y activos de Estados Unidos», lo designó como una «Organización Terrorista Extranjera» y ordenó «el completo y total bloqueo de todos los buques cargueros de petróleo sancionados que naveguen hacia o desde Venezuela.» Además, amenazó con mantener Venezuela sitiada hasta que las «propiedades» de Estados Unidos les sean devueltas. El principal asesor de política exterior del mandatario estadounidense, Stephen Miller, repitió las mismas acusaciones a medios de prensa de Estados Unidos e internacionales.
Aunque en CLARIDAD no comprendemos a qué se refieren estas últimas acusaciones de la administración Trump sobre el gobierno actual de Venezuela, sí podemos aclarar el récord histórico de la industria petrolera venezolana, cuya operación nacionalizada comenzó el 1ero de enero de 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez. Meses antes, en agosto de 1975 se había aprobado la ley orgánica que creó la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), cuando el estado venezolano asumió el control de todas las fases de la industria petrolera y reemplazó a las compañías extranjeras que antes lo controlaban. O sea, que Venezuela defendió sus recursos petroleros, como ahora Trump dice defender los intereses de Estados Unidos.
Mas allá de intentar presionar y amedrentar, este despliegue de fuerza bélica tiene visos de ensayo imperial. Una prueba de fuego del imperio estadounidense, hoy en manos del presidente Donald Trump, y un Congreso y Tribunal Supremo firmemente afincados en el Movimiento «Make America Great Again» (MAGA), para medir cuán alto sería el precio a pagar por provocar un caos generalizado en la región de América Latina y el Caribe, con el objetivo de reinstalar su hegemonía en nuestra región, luego de décadas de guerras fallidas en Asia y el Medio Oriente, acumular un alto nivel de deuda pública que se cuenta en trillones de dólares, y el declive marcado de la imagen, estatura e influencia de Estados Unidos en el resto del mundo.
Aunque el foco principal en este momento es Venezuela, sitiada militarmente por aire y por mar, y bajo amenaza de invasión terrestre, y cuyas enormes reservas petroleras y minerales ahora Trump reclama como «pertenencias» de Estados Unidos, no debe quedarle duda a nadie de que el objetivo final es reconquistar la región completa, desde México hasta la Patagonia, y todas las Islas y países que pueblan nuestras aguas del Caribe.
El pasado 5 de diciembre, la administración Trump dio a conocer su «Estrategia para la seguridad nacional de Estados Unidos», en la cual revive con un nuevo aire la fatigada doctrina Monroe, instaurada por el presidente que llevó ese apellido a principios del Siglo Veinte, y que se resume en el lema: «América para los «americanos». Por supuesto, «América» y «americanos» son sinónimos de Estados Unidos y sus «dueños» estadounidenses.
El documento oficial de la administración Trump parte de la visión de que «tras años de descuido y abandono, Estados Unidos reafirma y reactiva la doctrina Monroe para reinstalar su preeminencia en el hemisferio occidental, y proteger nuestra patria ( «homeland») y nuestro acceso a geografías claves en nuestra región.»
Es el retorno expreso y sin disimulo de una ofensiva política, económica y militar agresiva para imponer su control sobre nuestra región y hemisferio como un espacio estratégico que les pertenece, y el cual se proponen utilizar a su antojo para fortalecerse en todos los órdenes, y bloquear el avance de China, su principal adversario económico, militar y comercial. En otras palabras, es regresar a exprimir los recursos no sustentables de nuestros países, en aras de preservar los suyos para seguir siendo » los más poderosos».
En esas «geografías claves» que persiguen en sus cálculos económicos y geopolíticos, la apropiación y extracción de los recursos petroleros y minerales de Venezuela son solo un primer paso. Luego vendrían la plata de México, el oro de Perú, el cobre de Chile, el triángulo del litio de Argentina, el níquel de Cuba, las esmeraldas de Colombia, la ruta estratégica para el tráfico comercial y marítimo que les provee el Caribe y los abundantes recursos minerales y agrícolas de todos nuestros países de Sur y Centroamérica. Estos serían el botín y la reserva de los sueños recalentados para una nueva «era dorada» en Estados Unidos. Todo eso, a costa de la soberanía e integridad de nuestras naciones y del estancamiento, la pobreza y la dependencia de nuestros pueblos.
Esa es la ruta del resurgir imperial que se ha trazado la administración Trump. Un vórtice de caos que los gobiernos y pueblos de América Latina y el Caribe deben rechazar y resistir, más allá de ideologías y partidos, porque les va la vida y el futuro.
