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La Legislatura aprobó extender hasta el año 2055 el marco de la Ley 22 (ahora Ley 60), pese a que de acuerdo con el más reciente Informe de Gastos Tributarios del mismo Departamento de Hacienda (DH) publicado en junio de 2025, se estima que las pérdidas de ingresos del gobierno por concepto de esta ley superaran los $18 mil millones entre el 2024 y 2030. Esta cifra cuadruplica el estimado anterior de $4,400 millones proyectado para el periodo de 2020–2026.
La denuncia de la aprobación del PC 505, el cual ya debe estar pendiente de la firma por la gobernadora, Jenniffer González, fue hecha por la Coalición Puerto Rico no se vende. El proyecto que estuvo pendiente en el Comité de Conferencia desde junio de 2025 impone una carga contributiva de 0 % a 4 % para los futuros beneficiarios de la citada ley. En el expediente legislativo solo se encontró un informe “positivo” de dos páginas, fechado el 25 de abril de 2025.
La portavoz de la coalición, Ane Hernández, a preguntas de CLARIDAD denunció que la medida se aprobó sin vista pública, por lo que no hay ningún informe que justifique o sugiera cuántos, si hay, potenciales beneficiarios esperan por la extensión del decreto, que pueda indicar cuál fue la línea de pensamiento o cuántas personas estarían interesados.
“Esta medida confirma que estamos ante una administración que prioriza a millonarios foráneos con privilegios contributivos por encima del desarrollo del capital local. No se trata de crecimiento económico, sino de un modelo que subsidia a unos pocos mientras el resto del país enfrenta aumentos en la vivienda, recortes en los servicios de salud, alzas en la tarifa eléctrica y la pérdida de recursos públicos. Con $18 mil millones proyectados en pérdidas, la única política fiscal responsable es eliminar estos incentivos, no extenderlos hasta 2055”, expresó la portavoz de la Coalición.
Según estima la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), en el año fiscal 2027, el PC 505 allegará $27.8 millones y $60.6 millones al Fondo General. Dicha proyección contrasta de manera marcada con los datos del propio Departamento de Hacienda, cuyo Informe de Gastos Tributarios estima que para ese mismo año por concepto de la ley 22 se dejaría de recaudar $2,634.5 millones.
La coalición argumentó que la narrativa de crecimiento económico no se sostiene con los datos oficiales. “Incluso en el escenario más optimista, la cifra proyectada por la OPAL no representa una fracción significativa de los ingresos no devengados. ¿Cómo se puede presentar como beneficiosa una medida cuyo costo proyectado es sustancialmente mayor que los supuestos ingresos que generaría?”, cuestionó Hernández.
Parte del trabajo de la Coalición es conocer sobre los impactos que ha tenido el citado decreto, pero el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) apenas contesta sus peticiones de información y, cuando lo hace, provee información son incompleta, además de que las alegadas auditorías que hace no son públicas, denunció. Lo que sí aseguró que está público es el Informe de Gastos Tributarios de Hacienda de cuánto estas personas están dejando de pagar por estos beneficios.
Otra agencia en la cual la Coalición hizo gestión para conocer sobre los verdaderos impactos del decreto es Rentas Internas de EE. UU. (IRS, en inglés), pero hubo que demandar para que les enviaran
un informe del que aun están examinando los datos. “Cuando te dan la información es casi inaccesible para las organizaciones que trabajamos con una capacidad personal limitada. No ha habido una actualización formal pública sobre la auditoría que hizo el GAO (de EE. UU.), que también hizo una declaración pública exhortando a que la información se haga pública y exponiendo que no cree que la ley tenga un impacto favorable para Puerto Rico”.
Según el informe de la Coalición de abril del 2025, los inversionistas residentes en Puerto Rico donaron en el 2022 un promedio anual de $14,034 por individuos a organizaciones sin fines de lucro. Hernández, recordó que una primera investigación de la Coalición reveló cómo los beneficiarios de la ley 22 crean sus propias organizaciones sin fines de lucro mediante sus esposas o familiares y, básicamente, lo que hacen es donarse entre ellos mismos e incluso algunas se dedican a abogar a favor de la ley. “No es que estén creando organizaciones para aportar y poder cumplir con el decreto”, manifestó Hernández.
La portavoz de la Coalición Puerto Rico no se vende denunció, además, que la especulación en la compra de propiedades por beneficiarios de estos incentivos ha contribuido al encarecimiento del mercado y al desplazamiento de residentes locales. La legislación aprobada no incluye mecanismos para atender la especulación inmobiliaria ni medidas que protejan a las comunidades del desplazamiento.
Por su parte, Cristian Martínez, director ejecutivo de Construyamos Otro Acuerdo, que es parte de la Coalición, señaló: “Dieciocho mil millones de dólares representan inversión potencial en infraestructura energética, salud, educación y pensiones. Cuando un incentivo no genera retornos medibles en empleo y producción local, se convierte en una transferencia regresiva de riqueza. Los datos oficiales demuestran que el balance fiscal es negativo”.
Para concluir, Hernández afirmó: “Desde la coalición de Puerto Rico no se vende entendemos que debe haber una auditoría de todos estos aspectos. En cuanto a los incentivos, estos deben ser centrados en las personas que vivimos aquí. Creemos que, definitivamente, tener medidas para que los que estén fuera emigren hacia aquí es necesario, pero creemos que más urgente es asegurar la vida de los que estamos aquí”.
