CLARIDAD
La discusión del informe se dio en el Colegio de Abogados y Abogadas
La Policía de Puerto Rico incumple con las metas establecidas en la Reforma Sostenible de 2013 al incurrir en patrones de abuso de fuerza, manipular estadísticas y resistir cooperaciones con organizaciones que recopilan este tipo de información, de acuerdo con el sexto informe extenso de Kilómetro Cero, Ignorancia deliberada: el fracaso sistémico de la reforma policial en Puerto Rico.
El documento, presentado el 17 de marzo, comenzó a trabajarse en 2023, dos años después de una demanda por acceso a la información en que Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que la Policía debía proporcionarle los 12,127 informes que conforman el estudio de la organización. La iniciativa se dio en colaboración con el Human Rights Data Analysis Group (HRDAG, en inglés).
“Como todos sabemos, la violencia ejercida y no tolerada por los funcionarios del Estado contribuye de manera significativa a la producción de los modos violentos en nuestra sociedad. Pasados 13 años del Acuerdo para la Reforma de la Policía, se está difundiendo la idea de que la misma ha sido exitosa, por lo que no se requiere continuar con el monitoreo de dicha agencia”, expresó la licenciada María Sáez Matos, presidenta de la junta directiva de Kilómetro Cero.
Ignorancia deliberada busca esclarecer si, en efecto, la Reforma ha reducido patrones de abuso de fuerza, eliminado patrones discriminatorios por asuntos raciales o, por último, si propia ha identificado y corregido sus deficiencias operacionales. Para Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de la colectividad, estas deficiencias se enfrentan desmantelando “las lógicas” que sostienen a las policías del mundo.
“Queda claro que la Policía no es solo un síntoma del autoritarismo, es su arquitectura central. Las policías construidas sobre la exclusión, las lógicas del apartheid, el castigo, la vigilancia y la represión son el sistema operativo que normaliza la dominación, naturaliza la desigualdad, controla las jerarquías sociales y raciales bajo la apariencia de la ley y el orden”, aseveró Mari Narváez.
La investigación, además, contó con el apoyo de la Clínica de Acceso a la Información de la Universidad Interamericana, víctimas de la violencia estatal y la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) para armar el informe. Trabajado por los analistas Luis Muñoz y Luiz Avilés, los tres renglones que fijó Kilómetro Cero se halló un alto incumplimiento con las metas de la Reforma.
“Lleguemos a Utuado, el 19 de julio, a las 9 de la mañana, donde Alexis estuvo estacionado frente a un banco para hacer una transacción. Llegaron dos oficiales que alegaron que Alexis se había estacionado frente a una rampa de impedidos. Alexis les explicó que tenía una fractura y estaba todo lastimado… Aun así el oficial le dio una infracción de $500”, relató Muñoz sobre uno de los miles de incidentes en que la Policía ha ejercido un exceso de fuerza.
El caso de Alexis, luego de varios intercambios de palabras y amenazas por parte de los agentes, desembocó en un altercado donde ambos oficiales agredieron al ciudadano. Como en muchas otras situaciones, Alexis recibió una descarga de 50,000 voltios del dispositivo de control eléctrico (DCE) de uno de los policías.
“Alexis terminó en el hospital, herido y sangrando. Recuerden, esto fue una intervención de tránsito. Por eso comenzó todo esto”, agregó.
La fuerza empleada por los oficiales en Utuado quedó justificada por el agente José Díaz Dominicci, uno de muchos supervisores que genera los Informes de Uso de Fuerza. Para cada incidente, se crea un expediente de uso de fuerza por guardia. Muñoz explicó que la Policía establece cuatro categorías de fuerza: control físico, fuerza corporal, fuerza menos letal y fuerza letal.
“Como este incidente, hay miles de otros. La Policía documenta, los archiva y luego los justifica. No los volvemos a ver, escapan al escrutinio público. Lo que hizo Kilómetro Cero fue reclamar estos informes, procesarlos y analizarlo”, elaboró el analista de datos de la organización, que desde 2018 ha intentando conseguir esta información.
Asimismo, Muñoz reparó en la renuencia de la Policía para divulgar estos datos al negarse a compartir los documentos e informes pertinentes, así como al complicar la que estaba obligada a publicar. En 2023, tras el fallo del tribunal, la Policía remitió casi 100,000 fotos poco legibles, incompletas y mal fotografiadas a Kilómetro Cero. Para ordenarla, la colectividad precisó de la ayuda del HRDAG.
“La oficina del Monitor (Federal de la Policía) generó 13 informes de progreso, informando sobre 212 criterios de evaluación. En total, 3,400 páginas, y en ninguna de estas páginas encontramos respuestas a las preguntas más fundamentales sobre el uso de fuerza. Si disminuyó el uso de fuerza, contra quién se emplean las fuerzas y qué oficiales recurren más a ella”, puntualizó.
Muñoz coincidió en esta línea con Avilés, quien contrastó los informes esporádicos y sin renglones claros de la Policía con los Kilómetro Cero. De acuerdo con el experto en Salud Pública, el método de recopilación de la agencia estatal arroja menos respuestas que el de la organización sin fines de lucro.
“El propio monitor federal establece cuatro categorías de cumplimiento: total, sustantivo, parcial y no cumplimiento… ¿Qué dice el comisionado de la Policía? Estamos en, al menos, un 87% de cumplimiento parcial. Eso lo presenta como un indicador exitoso, como un indicador de que la Reforma ha funcionado. Pero si dice cumplimiento parcial o más, lo que está diciendo es que sacamos nota de D”, comentó sobre los criterios.
Empero, arguyó que la Policía de Puerto Rico apenas integra estos conceptos en sus informes, limitándose a anotar los datos en tablas documentadas. En una gráfica de Kilómetro Cero, quedó evidenciado un aumento claro de todos los cuatro niveles de violencia policial. En 2024, por ejemplo, se reportaron 71 incidentes de uso severo de la fuerza.
Avilés también mencionó el peso del subregistro de detalles en estos informes de la Policía. Con varias inconsistencias en categorías raciales y otros incumplimientos en su documentación, la Policía propende a generalizar demografías. Estas presunciones– casi siempre raciales– redundan en intervenciones más violentas en comunidades más racializadas y con menos ingresos.
“Establecimos un método para dividir racialmente el discrimen de la Policía y la violencia policial… Tomamos todos los barrios de Puerto Rico y los dividimos entre alto ingreso… Los de más alto ingreso estaban en Dorado y, para mi sorpresa, en Caguas, y las áreas de más bajo ingreso están en San Juan. Hicimos lo mismo con el alto porcentaje de personas blancas (en )Adjuntas, Jayuya, y el alto porcentaje de personas que se identifican como afrodescendientes (en) Loíza y Humacao”, reveló Avilés.
Al final de la presentación, la doctora en epidemiología Cruz Nazario compartió su impresión de cómo la violencia estatal representa un problema de salud pública en Puerto Rico. Enfatizando en la letalidad de armas como el DCE (táser), concluyó que las medidas punitivas del Estado no mitigan los problemas fundamentales de la Reforma Policial.
El informe completo de Kilómetro Cero está disponible en su página web y a la venta, de forma impresa, a petición.
