Especial para En Rojo
Hay algo profundamente revelador —y a la vez inquietante— en el comunicado emitido durante la tarde de hoy viernes por Zayira Jordán Conde. Mis queridos lectores, no es lo que dice, sino cómo lo dice. Porque lo que se presenta como un gesto de apertura —“escuchar”, “dialogar”, “reconocer”— funciona en realidad como una operación discursiva de clausura. El texto no describe una crisis: la produce, la organiza y la administra simbólicamente. En ese sentido, no estamos ante un mensaje institucional, sino ante un dispositivo de legitimación. Tome nota el lector: así escribe la retórica de las relaciones públicas cuando necesita comunicar para justificar lo injustificable por las malas acciones de una empresa corporativa.
La escena es conocida: primero se construye un problema (“la Universidad requiere fortalecer su gobernanza”), luego se introduce la necesidad (“estos cambios responden a una realidad que exige acción”) y finalmente se naturaliza la intervención (“transformar implica tomar decisiones”). Ese encadenamiento no es inocente. Es la forma clásica en que el poder convierte una decisión política en una necesidad técnica. Lo que en la práctica ha sido una destitución masiva —la remoción de cinco rectores en un solo movimiento— aparece en el lenguaje como “transformación institucional” y “alineación de liderazgos”. La violencia administrativa se disfraza de racionalidad organizacional.
Pero lo más interesante no es la decisión, sino la voz que la enuncia. Ese “yo” que habla —“soy consciente”, “he instruido”, “quiero comenzar reconociendo”— no es un sujeto académico. Es un sujeto gerencial. No piensa la universidad; la administra. No argumenta; gestiona percepciones. Su primera persona no construye conocimiento, sino confianza a inversores en bolsa. Es la voz de una relacionista pública que ha aprendido a sustituir el conflicto por el tono, la política por el lenguaje emocionalmente neutro, la historia por la narrativa corporativa.
Y ahí radica el núcleo ideológico del texto: el vaciamiento del conflicto. Se reconoce la “legitimidad” de las preocupaciones, pero solo para neutralizarlas. Se invoca el “diálogo”, pero después de haber tomado la decisión. Se promete “escuchar”, pero desde una estructura que ya ha sido reconfigurada sin consulta. No es diálogo: es posdiálogo. Un diálogo después del hecho consumado, donde la participación no transforma la decisión, sino que la legitima retroactivamente.
Este gesto es profundamente colonial. No sólo por la estructura de poder, formadas por una presidencia y una Junta de Gobierno que no emergen de la comunidad universitaria, sino que son impuestas desde la lógica del Estado, sino por la forma en que el lenguaje organiza la relación con esa comunidad. Se le habla como a un cuerpo que debe ser gestionado, calmado, incorporado a un proceso ya decidido. No hay aquí comunidad deliberante, sino población administrada.
En ese sentido, el comunicado no responde a la universidad: la sustituye. Reemplaza su pluralidad conflictiva por una unidad ficticia (“este es un momento que nos convoca a todos”), reemplaza la deliberación por la ejecución, reemplaza la autonomía por la alineación. La universidad deja de ser un espacio de pensamiento para convertirse en un problema de gobernanza.
No sorprende, entonces, que el texto parezca responderte —y responder a muchos otros—. Porque no está dirigido a una persona, sino a un síntoma: la proliferación de voces críticas en el espacio público. Es un discurso que emerge cuando el poder pierde control del relato. Y lo que intenta hacer no es convencer, sino restablecer ese control.
Por eso el tono: sobrio, medido, aparentemente razonable. Porque el objetivo no es dialogar con la crítica, sino absorberla. Convertirla en parte del mismo discurso que la neutraliza.
Al final, lo que tenemos no es una justificación. Es algo más sofisticado y más peligroso: una narrativa de inevitabilidad. La idea de que no había alternativa, de que “la realidad exige acción”, de que “transformar implica decidir”. Ese es el verdadero gesto ideológico. No imponer una decisión, sino borrar la posibilidad misma de cuestionarla.
Y ahí, precisamente ahí, mis queridos lectores y periodistas, es donde comienza la destrucción de la universidad. No cuando se destituye a cinco rectores, sino cuando se redefine el lenguaje en el que esa destitución puede ser pensada. Y conviene subrayarlo para quien escribe y para quien lee: así opera el lenguaje cuando la retórica de las relaciones públicas entra en escena para comunicar, con eficacia técnica y tono impecable, lo que, en el fondo, busca hacer pasar por razonable lo que no lo es.
El autor es Presidente de la Fundación Siglo 21
