CLARIDAD
Las críticas de miembros de su partido y la presión pública de los grupos feministas hicieron retroceder la pretensión del presidente del Senado, José Luis Dalmau, de presentar para aprobación sin vistas públicas el proyecto PS 693 que impondría restricciones al derecho al aborto.
Los exgobernadores Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vila y los legisladores miembros del partido que preside, el Partido Popular Democrático, censuraron las pretensiones del proyecto y el que no se hubiesen celebrado vistas públicas, así como las expresiones de Dalmau de que una persona implicada en un proceso de aborto de un feto “viable” estaba cometiendo un “asesinato”. El proyecto fue presentado por la senadora del partido Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, con Dalmau y el portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista, Thomas Rivera Schatz, de coautores.
El lunes, en declaraciones a la prensa, los legisladores Jesús Manuel Ortiz, Héctor Ferrer, José Rivera Madera, Domingo Torres, Angel Tito Fourquet y Estrella Martínez expusieron: «El tema del derecho al aborto tiene que atenderse con seriedad, responsabilidad y compasión hacia todas las partes del debate. La forma en que se ha manejado el proceso del PS 693 dista mucho de eso. La determinación de monopolizar la discusión por parte de la principal autora de la medida y la aceptación de dicho proceso por parte del Senado no ha sido responsable”.
El mismo lunes, el presidente del Senado anunció que el proyecto sería devuelto a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, que preside Rodríguez Veve. Este había sido aprobado en esa comisión el 29 de marzo. Según sus proponentes y defensores, el proyecto es para regular los procesos de aborto a partir de las 22 semanas de gestación.
Por otra parte, la Campaña Nacional por el Aborto Libre, Seguro y Accesible, en conferencia de prensa frente al Capitolio también censuró que el proceso del proyecto PS 693 haya sido uno amañado y antidemocrático. “Aprobar un proyecto que resta derechos fundamentales, que elimina e impone criterios médicos y que pone en peligro la vida de mujeres y personas gestantes, sin participación pública, atenta contra los elementos más básicos de la democracia”.
La licenciada salubrista Patricia Otón, integrante del grupo Aborto Libre Puerto Rico (ALPR) argumentó que el informe positivo emitido por la Comisión fue sesgado a favor del proyecto 693. El informe, dijo, rechaza argumentos basados en Derecho, cientificidad, y recurre a argumentos que han sido rechazados por organismos y personas expertas que dominan el tema del aborto desde una amplia diversidad de disciplinas. “Por todo lo cual, el informe es deficiente y poco confiable. Desde Aborto Libre Puerto Rico exigimos que el PS 693 se retire y que se permita la participación ciudadana en espacios de respeto a la diversidad de opiniones”, expresó.
Mayra Díaz-Torres, salubrista, organizadora antirracista y también integrante de Aborto Libre agregó que la determinación de viabilidad es un asunto enteramente médico y no legislativo. Atribuyó a los proponentes del proyecto pretender ejercer la medicina desde sus sillas y sustituir la pericia médica por la legislativa.
“El presidente del Senado, José Luis Dalmau, tildó de “asesinas” a las mujeres y personas gestantes que recurren a un aborto. Con sus expresiones, Dalmau hace alarde de su desconocimiento, misoginia y desprecio a la salud de las personas gestantes puertorriqueñas y su poca diligencia en su labor como presidente del Senado, evidenciándose en la ausencia de rigor en el proceso legislativo. Las medidas, particularmente las que coartan derechos de las personas, tienen que ser abiertas a vistas públicas donde personas expertas puedan aportar y sustentar por qué están a favor o en contra. Tal es el caso del derecho a decidir”, afirmó Díaz Torres.
En tanto, la licenciada Mayte Bayolo, de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, en inglés), capítulo de Puerto Rico, una de las primeras organizaciones en dar la voz de alerta sobre la medida, trajo a la atención que el derecho al aborto es uno constitucional y fundamental, amparado en el derecho a la intimidad, el cual en Puerto Rico es más sólido y amplio que el derecho bajo la Constitución de Estados Unidos. Al igual que sus compañeras, repudió la medida y la conducta del presidente del Senado y emplazó a la Cámara de Representante a que se distancie de las acciones del Senado y “respete la vida y poder decisional de las personas con útero en la isla y los procesos democráticos”.
Por otra parte, no fue hasta este 1.0 de abril que el Departamento de Justicia presentó ante la Comisión su evaluación sobre la medida. En su escrito, le aclara a Rodríguez Veve que la ausencia de comentarios por parte de una agencia no implica una aprobación de la medida. El informe del proyecto que aprobó la Comisión dice que la ausencia de comentarios por parte de Justicia se interpretaba como un aval a la medida.
En la ponencia del Departamento se repasan todos los casos en los que el Tribunal Supremo de Puerto Rico y el Tribunal Supremo de Estados Unidos garantizan el derecho al aborto. Entre otros señalamientos, Justicia le indicó a la Comisión que desde el 1976 el TS EE. UU. ha rechazado que se disponga mediante legislación un número específico de semanas para establecer la viabilidad de un embarazo. Justicia sugiere que se debe requerir el insumo del Departamento de Salud (DS) y de organizaciones que representan la clase médica.
El Departamento de Salud
El memorial explicativo sometido por el Departamento de Salud a la Comisión expone que resulta necesario contextualizar algunos elementos acerca del aborto. A esos efectos, Salud señaló que los procedimientos de terminación de embarazo son comunes en el mundo. “La Organización Mundial de la Salud estima que seis de cada diez embarazos no planificados y tres de cada diez embarazos finalizan con abortos inducidos (WHO, 2022). Muchas de estas terminaciones de embarazo (45 %) son realizadas de forma poco seguras, por lo que se le considera una situación de salud pública que resulta imperativo atender y proveer servicios médicos de calidad. Se considera un avance fundamental para elevar los indicadores de bienestar en la población el poder proveer servicios relacionados con abortos que sean efectivos, eficientes, accesibles, aceptables (centrados en las pacientes), equitativos y seguros”.
La ponencia de Salud también centró la atención sobre la determinación de 22 semanas y la viabilidad del feto. De acuerdo con el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, en inglés) “es una determinación médica la decisión de si existe o no esta capacidad. Puede variar con cada embarazo y es un asunto para el juicio del proveedor de la salud responsable” (ACOG, 2020).
“De hecho, el proyecto habla de 22 semanas, sin especificar el criterio clínico o científico que fundamentaría ese punto en corte. De igual forma, la medida plantea que “esta Asamblea Legislativa entiende necesario e importante garantizar que en todo proceso de terminación de embarazo que se lleve a cabo en Puerto Rico en una etapa gestacional de viabilidad se empleen las mejores prácticas de la medicina para preservar la vida de la mujer y del concebido” (p.2), sin que se establezcan las bases que hacen sospechar que no se están siguiendo esas mejores prácticas de la medicina. Por otra parte, suponiendo que el feto muestre viabilidad, ¿cuál será el procedimiento que se seguirá para sostenerlo, más allá del aspecto biológico, en sus dimensiones de filiación y humanización”, cuestionó el DS.
Salud defendió que el criterio médico y las mejores prácticas de la medicina tanto en el aborto como en la profesión médica son asuntos ya regulados en Puerto Rico.
Además de los argumentos médicos expresando su desacuerdo con el proyecto, el DS añade que el Centro de Ayuda a Víctimas de Violencia de la agencia ha manifestado su oposición al proyecto por considerar que interfiere en un asunto que atañe a la gestante y al personal médico que la atiende, sin tomar en cuenta circunstancias que afectan la salud de las mujeres y el acceso a servicios en las terminaciones.
