Ante la certificación del Plan Fiscal 2023 por la Junta de Control Fiscal (JCF), la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR) alertó sobre las consecuencias que tendrá para los ciudadanos otra reducción en el Fondo de Equiparación que sirve como complemento de ingresos para costear los servicios a la ciudadanía a los municipios más pequeños.
La certificación por la JCF del Plan Fiscal 2023 se dio a conocer el pasado 4 de abril. En comunicado de prensa de La Fortaleza, el gobernador informó: “El Plan Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico es un documento vivo que comprende muchas de las áreas de reformas y responsabilidad fiscal en las que estamos trabajando. En el día de ayer recibimos el documento final que fue certificado por los miembros de la Junta de Supervisión y Administración Financiera y nuestro equipo está en el proceso de analizarlo”.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, junto a una representación de su matrícula advirtió en conferencia de prensa este lunes, 10 de abril, que de mantenerse dicho esquema, decenas de municipios tendrían que eliminar a partir del 1.0 julio (inicio del año fiscal 2023-2024) servicios como recogido de basura, seguridad pública, manejo de emergencias e iniciativas deportivas, culturales y de salud.
“El país entero debe estar claro de que el gobernador, Pedro Pierluisi, le faltó a su promesa de mantener la asignación del Fondo de Equiparación y la creación del Fondo de Servicios Esenciales, así como no pagar ni un centavo a la tarjeta de salud, debido al incremento en la asignación de Medicare. Esto representa cerca de $500 millones. Le solicitamos al gobernador que cumpla con su palabra con relación a ASESS, así como la asignación $1 millón para todos los municipios, a los fines de continuar los trabajos de recuperación post huracán Fiona”, señaló el también alcalde de Villalba. Los alcaldes han solicitado formalmente una reunión con carácter de urgencia al gobernador.
Hernández Ortiz reclamó que además de los $300 millones del Plan Fiscal aprobado, que no han sido asignados, que se separen $150 millones prometidos para garantizar servicios esenciales por los próximos 5 años, de manera que se les permita a los municipios realizar los cambios estructurales y la creación de nuevas alternativas de recaudo que sustituyan los $350 millones que ya le han quitado a los 78 municipios.
“Recordemos que el Gobierno Estatal estuvo sin pagar sus deudas y de ahí llegó la Ley PROMESA. Mientras todo esto sucedía, los Municipios estuvimos pagando a los bonistas, con un año de adelanto. Esa es una realidad que no todos conocen. Sumado a esto, los municipios hemos hecho grandes ajustes en todos los sectores”, reclamó.
La matrícula de la AAPR planteó además la importancia de que se apruebe el proyecto de la Cámara PC 1618, que asigna recursos a los cuerpos de la Policía Municipal para aportar soluciones a la crisis de seguridad que existe en Puerto Rico. “Nosotros no nos hemos detenido en ofrecer soluciones realistas y bien pensadas. A la Junta de Supervisión Fiscal le señalamos que debe atender la propuesta del Plan de Reestructuración Municipal, incluyendo la propuesta de usar el Fondo de Consorcios para resolver la crisis en bienestar animal y reciclaje”.
La matrícula de los alcaldes asociados insistió además en que se comience a descentralizar el Gobierno comenzando con Educación, Emergencias Médicas y Carreteras, por ejemplo. “Es aceptado por todos en Puerto Rico que los Municipios somos la primera línea de servicio a la población, no solo en tiempos de emergencia, sino todo el año. Sin embargo, durante años y años, tanto el Gobierno Estatal como la Junta de Supervisión Fiscal nos han ido recortando fondos de muchas partidas. Ya superan los $350 millones en recortes, y con este nuevo año fiscal, lo que pretenden es cerrar municipios y eliminar servicios a la ciudadanía”, detalló Hernández Ortiz.
Los ejecutivos municipales exigieron que ya eliminado el Fondo de Equiparación, se atienda la propuesta que fue presentada a la JCF por ambas organizaciones, la Federación de Alcaldes, que agrupa a los alcaldes del PNP, y la Asociación de Alcaldes, que agrupa a los alcaldes del PPD.
“Nos quitan los recursos estatales, y quienes padecen son los ciudadanos que tienen necesidades especiales”, finalizó Hernández Ortiz.
