CLARIDAD
Después de que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobó y
envió, el mismo día que la administración se reunió con los estudiantes, el plan fiscal con
pocas revisiones a la Junta de Control Fiscal (JCF), la Junta de Retiro de la institución
denunció que la propuesta no considera las deudas acumuladas con los pensionados.
Desde la sede del Fideicomiso del Sistema de Retiro, el presidente Luis Vicenty Santini y
otros fiduciarios de la colectividad acusaron a la JCF de aprovechar “el vendaval de
desgobierno” que domina la UPR para solicitar cambios al plan fiscal. Argumentaron que el
borrador entregado no considera las revisiones que, tiempo atrás, el propio Vicenty Santini
reclamaba para el plan.
“Siempre se nos decía que la Junta de Supervisión Fiscal se oponía a la revisión del plan
fiscal. Desde la Junta de Retiro, como fiduciarios de este fideicomiso, nos vemos en la
obligación de insertarnos en esa revisión del plan fiscal, y vemos una oportunidad histórica
para que las autoridades universitarias y la propia Junta de Supervisión Fiscal corrijan los
errores del pasado”, expresó el presidente.
Establecidas como obligación patronal por las escrituras del Fideicomiso de Retiro, la JCF y
la Ley No. 219 de 2012, las deudas acumuladas con la administración universitaria se estiman en $146.8 millones. De acuerdo con la Junta de Retiro, la UPR mantiene un patrón de aportaciones menores a las que recomienda anualmente el actuario del proceso. El martes, 7 de abril, remitieron una carta con relación a estos asuntos a Zayira Jordán Conde, presidenta de la UPR; Ricardo Dalmau Santana, presidente de la JG; los integrantes de la JG y el director ejecutivo de la JCF, Robert Mujica.
“Ayer, 8 de abril, en la fecha límite que estableció la Junta de Supervisión Fiscal para que la
administración universitaria entregara el plan revisado, la Junta de Gobierno aprobó un plan actualizado, no revisado. Deja prácticamente intacta la situación de retiro universitario y no contempla partidas nuevas para las aportaciones adeudadas, presentes y futuras”, agregó el presidente de la organización. Vicenty Santini igualmente arguyó que el documento no tiene “legitimidad” y supone “una chapucería” en las gestiones administrativas. La Junta de Retiro espera que la JCF devuelva ese plan fiscal por violaciones a los requisitos pautados por el ente federal. Por otro lado, reveló que la administración nunca consultó a la Junta de Retiro para preparar el documento.
“Aunque planes fiscales anteriores han tenido partidas para el Fideicomiso de pensiones,
estas han sido deficientes. En el último plan fiscal, se planteó el congelamiento del sistema… Eso no se puede realizar sin la anuencia del fiduciario. Por eso tenemos tres acciones legales, puntuales, activas actualmente en los tribunales. El financiamiento de las pensiones no puede ser tratado como un asunto secundario o residual”, continuó Vicenty Santini. El primer pleito inició en mayo de 2023, cuando la Junta de Retiro demandó a la Junta de Gobierno porque el cuerpo rector quería cerrar el plan de beneficio para nuevos participantes.
En junio del mismo, se sumó una demanda por acumulación de deudas patronales. En octubre de 2024, impugnaron el posible congelamiento del sistema de retiro.
“Su propio estado financiero los delata en su responsabilidad ante el único plan solvente del
país. Es una quiebra por diseño, no solamente de un plan de pensiones, sino de la propia
universidad. Debemos enfatizar que, a pesar de la deuda acumulada, este fideicomiso se ha mantenido solvente. Es uno de los pocos logros significativos en el más reciente estado
financiero de la Universidad de Puerto Rico”, puntualizó el presidente, destacando $97.3
millones en deuda que se redujeron por el manejo del Fideicomiso.
Vicenty Santini advirtió también de que el incumplimiento continuo en el pago de las
aportaciones afecta, a largo plazo, la solvencia de todo el sistema universitario. El 6 de
marzo, la JCF requirió información detallada de metodología, datos de nómina, participación del sistema de informaciones y otros asuntos; ninguno le fue pedido a la Junta de Retiro. “Ese nivel de detalle requiere que la universidad exponga, con claridad, las premisas que se han utilizado con relación al financiamiento de retiro”, acotó el líder de pensionados de la UPR.
El 17 de diciembre de 2025, reparó Vicenty Santini, la Junta de Retiro envió una carta a
Robert Mujica, solicitando la ejecución de los planes fiscales y los presupuestos certificados
que estén relacionados con el financiamiento del fideicomiso. A casi cuatro meses de la
misiva, Mujica no ha respondido. “Hoy, tiene la oportunidad de actuar responsablemente en beneficio de los miles de participantes activos y pensionados del Fideicomiso de Retiro de la Universidad de Puerto Rico”, dijo.
Por su parte, el licenciado Rolando Emmanuelli ofreció un trasfondo abarcador sobre los
aspectos legales de los pleitos que lidera la Junta de Retiro. Añadió que el requisito de un
sistema 401k que impuso la JCF creó un sistema paralelo de retiro que viola la Ley
Universitaria. A juicio del abogado experto, un sistema 401k –que funciona como un sistema de ahorros– no cumple con el sistema de préstamos con que opera el Fideicomiso.
“Estamos confiados de que eventualmente la lectura de la ley y de lo que representa para la universidad le va a dar la razón a la Junta de Retiro. Ese plan es ilegal, y lo que es ilegal es nulo. Los remedios que se piden son que se incorporen a las personas nuevas que entraron a la universidad en el sistema de retiro de la UPR, que las aportaciones que han hecho al 401k formen parte del fondo del Fideicomiso y que la universidad ponga cualquier deficiencia que quede”, elaboró Emmanuelli.
Por otro lado, el Caucus Claustral del Senado Académico de la UPR–grupo electo de
senadores docentes– rechazó el plan fiscal por entenderlo demagogo, superficial y que
constituye esencialmente lo mismo que plan certificado en 2021. Con imprecisiones en sus
datos, el cuerpo también criticó la limitación de la participación democrática.
“Lejos de representar una revisión sustantiva, evidencian imprecisiones crasas, al punto de
mantener referencias obsoletas como menciones al COVID-19, sin actualización de datos ni
ajustes a las metas previamente establecidas”, expresó el cuerpo.
La Junta de Control Fiscal notificará, en o antes del 24 de abril, si el plan incumple con
alguno de sus requisitos. La versión revisada del plan fiscal debe aprobarse para el 15 de
mayo. La Junta de Retiro se mostró abierta a participar de esos procesos, aunque lo consideró improbable.
