Los planes fiscales que ha sometido el gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión (Control) Fiscal –ya van varias versiones– tienen un denominador común que los define: por un lado, parten de la premisa de una gran munificencia de parte del gobierno federal de Estados Unidos a la hora de repartir fondos; por otro lado, se montan en la prédica de la austeridad, sobre todo en lo que toca a las áreas de educación y salud así como en las asignaciones a la Universidad de Puerto Rico y a los municipios.
A partir de tal denominador común se hace una apuesta de crecimiento económico que parece nutrirse de dos exageraciones, aunque en direcciones opuestas. La primera sobreestima el efecto multiplicador positivo de los fondos que pudieran recibirse –cuya cuantía siempre está en entredicho– tanto de préstamos o ayudas del gobierno federal como de pagos de reclamaciones de parte de aseguradoras privadas. El alto contenido de importaciones del gasto en Puerto Rico, junto al enorme flujo de pagos a factores externos, constituyen escapes que atenúan el impacto de dichos fondos. La segunda exageración es la subestimación del efecto multiplicador negativo de la austeridad. Para colmo, a la luz de la experiencia, los recortes presupuestarios afectan más al buen gasto que al malgasto.
La premisa en torno a la largueza del gobierno federal se asocia con un profundo vicio sembrado en la cultura política puertorriqueña: adicción a la ayuda. En la instancia de la austeridad no está ausente la influencia del llamado neoliberalismo con su constante condena de lo público y no menos constante bendición de lo privado. Esta doctrina domina tanto en el Ggobierno de Puerto Rico como en la Junta Federal de Supervisión (Control) Fiscal.
Quizás lo más pernicioso de todo es la adicción a la ayuda junto a la ausencia de planes que abran vías al desarrollo. La ayuda eficaz a un país es la que se diseña para hacerla innecesaria. Para ello es imperativo el desarrollo.
La ayuda, usada con eficiencia y moderación, puede ser un extraordinario catalizador para facilitar la reconstrucción de la infraestructura e iniciar la recuperación económica. La necesidad de la misma es obvia después de un azote como el del huracán María. No obstante, si domina la politiquería y la desproporción se transforma en fragua de problemas. En una reciente contribución al campo del desarrollo económico ( Justin Yifu Lin y Célestin Monga, Beating The Odds, Princeton University Press, 2017 ) se plantean las dificultades que confronta la política pública cuando priva el síndrome de la adicción a la ayuda.
Los autores no estaban pensando en Puerto Rico cuando hicieron la extensa lista de dificultades provocadas por la adicción a la ayuda; pero las coincidencias son tantas que parecería que estaban retratándolo. Entre otras dificultades destacan las siguientes: incertidumbre con relación a la inversión pública y privada, inseguridad en las proyecciones económicas a mediano y largo plazo, propensión del sector privado a requerir o esperar alguna “señal” de los donantes antes de comprometerse con actividades económicas, dominio extremo de instancias externas en la articulación e implementación de la política pública, inefectividad de las agencias gubernamentales cuyas agendas quedan determinadas por reglas externamente definidas, reducción del papel del gobierno tanto en su gestión directa como reguladora y distorsión de las expectativas de los ciudadanos ya que las políticas públicas no son legitimadas por ellos sino orientadas a satisfacer a una serie de actores no electos del exterior.
A tales dificultades se suma el debilitamiento del sistema fiscal. La adicción a la ayuda reduce el incentivo a generar ingresos tributarios de fuentes locales, máxime si por décadas la política económica se ha circunscrito a la atracción de inversión directa externa en función de exenciones de impuestos.
Ni la ayuda pasajera, ni la que alimenta la dependencia, ni la que se exagera, ni la austeridad fiscal, ni el menoscabo de derechos laborales ni la improvisación con un sistema contributivo disfuncional constituyen fuerzas automáticas generadoras de crecimiento económico, mucho menos de desarrollo. De hecho, son lesivas si se traducen en una psicología de indefensión y en debilidad del gobierno en la prestación de servicios básicos. La inherente inseguridad de la dependencia y la claudicación del sector público no son buen terreno para la inversión y la actividad económica.
Todo esto refleja pobreza y franco deterioro institucional, mucho más grave que el enredo de la deuda y que el desastre infraestructural. El andamiaje institucional incluye al sistema político, a la relación entre el espacio público y privado, a la gestión gubernamental, al estado de derecho, a la administración de la justicia, al funcionamiento de los mercados, al marco regulatorio, a las normas laborales, al orden público, al régimen fiscal, a las políticas de desarrollo, a los instrumentos para realizarlas, a la valoración de la salud y de la educación, al sentido ético… Cuando este andamiaje está torcido, cuando se confunde su diseño con su desmantelamiento, el desarrollo se torna escurridizo y se hace más difícil producir bienes y más fácil sucumbir ante los males.
No son pocos los ejemplos. Pregúntese el lector por qué no ha arrancado el puerto de trasbordo con sus “empresas de valor añadido”. ¿No le parece que la “jalda” se ha hecho más empinada por las leyes de cabotaje y el sistema aduanero estadounidense así como por la carencia del poder para realizar tratados comerciales? ¿Por qué el turismo de Puerto Rico no está enlazado al turismo más amplio de los vecinos del Caribe? ¿Por qué se carece de una agricultura moderna vinculada a una industria de procesamiento de alimentos que se nutra tanto de producción local como de importaciones? Por otro lado, ¿por qué el trasiego de drogas es un negocio floreciente y por qué las ayudas y contratos están empantanadas en el lodazal del populismo, la jaibería y la corrupción? Sobran ejemplos de una y otra índole. Falta institucionalidad. Está ausente el desarrollo.
