Como si fuéramos estudiantes de aritmética de primer grado, el presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión III, un empresario multimillonario que ahora funge de tutor fiscal de nuestro pueblo, nos enseña a contar desde una columna publicada el pasado lunes en un diario de San Juan. Pretende convencernos de que la única alternativa para salvar el “retiro” de cientos de miles de empleados públicos pensionados y activos, es recortar en un 10% las pensiones de los maestros y demás retirados del gobierno central y en un 17% las de los pensionados de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Después de todo, el quid del asunto es que 2+2 son 4, y nunca podrán ser 6, según la sentencia brutal de Mr. Carrión III.
Como si nuestro pueblo no lo supiera, el tutorial de Carrión III comienza explicando cómo por décadas se ha sacado dinero que luego no se repone de los planes de retiro públicos en Puerto Rico, y como esta práctica nefasta ha terminado por desangrar los mismos. El momento ha llegado, dice, de detener la sangría tomando medidas drásticas. El problema con las medidas drásticas de Carrión III es que van dirigidas a quienes menos las merecen. El remedio que propone es peor que la enfermedad terminal que padecen los sistemas de retiro, y de materializarse, habrá decenas de miles de pobres más en Puerto Rico, pensionados y pensionadas que ya hacen malabares para subsistir y pagar puntualmente lo que les corresponde con sus menguadas pensiones. En su inmensa mayoría, estas son personas que, ya por su edad o su estado de salud, no pueden trabajar ni reponer el ingreso perdido.
Tomemos el ejemplo al azar de una familia de retirados: ella, pensionada de la Universidad de Puerto Rico; su esposo, un pensionado de una agencia del gobierno central, y la hija de ambos que vive junto a ellos, pensionada del Departamento de Educación. Supongamos que entre la pensión de la UPR y el Seguro Social, la pensionada recibe $2,500 mensuales. Entre ambos ingresos, el esposo recibe $1,500, y la hija $1,200 de su pensión de maestra, sin Seguro Social. Un ingreso familiar total de $5,200 mensuales que se reduciría de golpe en $695 mensuales, aplicando el 17% de recorte a la pensión de la UPR y el 10% de recorte a las otras dos pensiones. Esto representaría una reducción anual de $8,340 en el ingreso de esta familia de retirados. Dramático, ¿verdad?
Otro caso: una pareja de maestros retirados que reciban $1,500 al mes cada uno, tendrían, luego del recorte de 10%, una reducción mensual de $300 entre los dos; $1,800 menos cada año. De ahí, los que viven alquilados o no han saldado sus hipotecas, pagan la casa, la luz, el agua, el teléfono, los alimentos, el mantenimiento de la vivienda y los seguros, los deducibles de visitas a médicos y medicinas, y la transportación, entre otros gastos esenciales. Esto no incluye gastos por emergencias, hospitalizaciones o incidentales, o de cuidados especializados de salud, si padecen de condiciones crónicas o están incapacitados.
Sin duda, habrá situaciones aún peores. Con el plan de Carrión III y la JCF, muchos miles de pensionados serán empujados a la más absoluta indigencia, precisamente en el momento de mayor debilidad de las agencias con que cuenta el Estado para asistirlos. Quedarán, entonces, a la merced de la caridad de familiares, vecinos, o de las instituciones sin fines de lucro que se dedican a atender estas situaciones.
Pero las penurias de los pensionados no forman parte de la cartilla de Carrión III. Él quiere convencernos de que no hay otra alternativa. Para hacerlo, recita como un mantra el listín de irresponsabilidades, malas decisiones y peores manejos, politiquería y pillaje que ocurrió por décadas y que “quebró” los sistemas de pensiones y trajo a nuestro país hasta este callejón sin salida. Colocándose al margen de dichos sucesos, su tutorial no propone medidas que afecten a los perpetradores del despojo. No habla de investigar, ni de sancionar, ni siquiera de resarcir al País con la satisfacción de ver los nombres de los responsables de esta debacle ventilados públicamente, escritos en letras rojas en una lista de infames.
En la aritmética de Carrión III, hay que hacer “borrón y cuenta nueva” con el pasado. No hay propuesta concreta para que las instituciones financieras que traficaron con los activos de los planes de pensiones, y con los llamados bonos de Puerto Rico, no lo vuelvan a hacer. Nada, para que los conglomerados financieros extranjeros que se han lucrado y ahora fungen de asesores, no puedan regresar con sus malas prácticas. Nada, para que los políticos y funcionarios de gobierno se ajusten el cinturón de los gastos, y dejen de conspirar para mantener a sus allegados con los haberes de todos. No hace mención de que el Gobierno de Estados Unidos- que ostenta el poder absoluto sobre Puerto Rico- asuma alguna responsabilidad porque sus líderes se cruzaron de brazos mientras se estafaba a su colonia, permitiendo que las cosas llegaran hasta aquí.
Nada de eso figura en el tutorial de Carrión III. Tampoco habla de limitar los gastos exagerados de la Junta que preside y que paga nuestro pueblo, ni los salarios exorbitantes de sus principales funcionarios, ni las facturas extravagantes de sus contratistas; ni los conflictos de interés entre varios de sus integrantes.
Sobre nada de eso nos educa el tutor. Su curso de aritmética es para los que no lo necesitan, porque llevan años machacando números para poder aspirar a vivir con dignidad en un país que cada vez se lo permite menos. Carrión III insiste en hablar del sacrificio que tienen que hacer los que ya lo están haciendo. Se expresa así porque lo cree así. Él sabe, por experiencia propia, que es inútil hablar de hacer sacrificio a los que les sobra, porque no conocen el significado del concepto.
De paso, hay un dato muy curioso en el mencionado escrito de prensa. Carrión lo firma con su nombre de pila, pero omite los “tres palitos” (III) que utiliza siempre y que son el símbolo de su privilegiada condición. Les invito a reflexionar por qué lo hizo.
