Especial para CLARIDAD
El cooperativismo en Puerto Rico es un activo social y económico importante, casi todos estamos en una cooperativa. Podemos usar ese poder cooperativista para rescatar el sistema eléctrico de Puerto Rico tanto su generación como distribución. La idea presentada por el pueblo de rescatar la AEE y convertirla en una cooperativa no es un modelo irreal. En EE.UU. existen las cooperativas eléctricas en el sistema de distribución y generación de energía y está ratificado por el gobierno federal, para que la gente rural pudiera tener electricidad a precios razonables. En EE.UU. las cooperativas eléctricas no están orientadas a la obtención de beneficios, sino a la prestación de un servicio y están exentas de pagar impuestos federales. En Puerto Rico ante la crisis energética estructural y los altos costos, la propuesta de las comunidades y grupos afines (Queremos Sol y otros) del modelo de cooperativas eléctricas puede ser una herramienta poderosa para avanzar hacia la justicia energética, la resiliencia comunitaria y una verdadera economía social y solidaria. Las cooperativas son parte de la Economía Social y Solidaria, son organizaciones sin fines de lucro que proporcionan servicios o producen, en este caso de electricidad a sus miembros (que también serían sus dueños) y a los que se asocien a la misma. La ventaja de la cooperativa es que no buscan lucro privado, sino el bien común y operan con gestión democrática. Las mismas pueden ser por regiones y comunitarias, respondiendo a necesidades reales, en especial a Vieques y Culebra, pero además refuerzan otras iniciativas solidarias: agricultura, vivienda, finanzas éticas, etc. Generan efectos multiplicadores en la sociedad y economía que dentro de un Modelo de Economía Social y Solidaria puede activar las economías municipales y de distritos. El ser un modelo sin fin de lucro permite bajar los costos de energía pues no hay que pagar las ganancias y sueldos altos de la gerencia privada. El mismo sería una alianza públicas-comunitarias, pues la red es del Gobierno.
Para poder salir del contrato leonino de LUMA Energy y Genera, las cooperativas pueden producir y distribuir energía, como lo hacen en EE.UU. El gobierno tiene que asegurar de cobrarle a LUMA y Genera los daños que han causado (pues son muchos y se pueden cuantificar) para usar ese dinero para transitar hacia las cooperativas y hacer justicia al pueblo ante tanto abuso. Exigir resarcir daños es urgente, pues se han tragado los recursos del pueblo, han dañado el sistema y no han resuelto los problemas que enfrenta la red eléctrica, son cada vez más costosos y la ineficiencia es palpable, causando daños al pueblo que sufre sus abusos y atropellos. Es exigir justicia energética ante los abusadores. La propuesta existe lo que falta es la voluntad gubernamental.
Se puede aprender de las cooperativas eléctricas en EE. UU. que son organizaciones sin fines de lucro que proporcionan servicios (de producción y distribución) de electricidad a sus miembros, que funcionan con propiedad colectiva, son sin fines de lucro, con gobernanza democrática y con acceso a financiamiento federal. Son 900 cooperativas que le dan servicio a más de 40 millones de personas en EE.UU. y adoptan energías alternativas. Tres ejemplos de cooperativas en EE.UU., la Cooperativa Eléctrica de Pedernales en Texas sirve a más de 300,000 socios; Delta-Montrose Electric Association (DMEA) – Colorado basada en energías alternativas; y Kit Carson Electric Cooperative – Nuevo México con energía solar 100% durante el día.
La cooperativa de energía permite que los dueños sean el Pueblo y que los políticos no metan su politiquería porque la gobernanza es participativa y las decisiones se toman en conjunto. Esa gobernanza democrática se asegura con que cada miembro tiene voz y voto en las decisiones (una persona = un voto), sin importar cuánta electricidad consuma. Esta enseñanza puede ser la tranquilla ante los políticos, pues en la cooperativa mandaría los dueños que es el pueblo y a los que controlan el suministro de petróleo y gas que no beneficia el pueblo. Las cooperativas no buscan ganancias para accionistas, y los excedentes financieros (cuando los ingresos superan los costos) se devuelven a los miembros como: créditos en la factura, reembolsos en efectivo, o reinversión en infraestructura o energías renovables.
Además, el gobierno local y federal puede financiar el proceso de transición sin desperdiciar dinero en procesos pocos transparentes o corruptos y la parte de infraestructura como ahora de manera que luego la pasa a manos de la cooperativa.
Como vemos es una alternativa para Puerto Rico, eliminar el contrato de LUMA Energy y Genera para crear cooperativas energéticas, que nos benefician. Porque los usuarios del servicio eléctrico son los propietarios de la cooperativa. El Gobierno puede ser democrático y darle participación al pueblo o seguir oprimiendo y abusando del pueblo con los contratos a empresas que no responden al pueblo y lo que le interesa es el lucro, o sea tener ganancias.
Es una alternativa real y posible ante los abusos en el derecho a la electricidad que tenemos con cortes frecuentes de electricidad (huracanes, terremotos, infraestructura obsoleta), la dependencia de combustibles fósiles importados y tarifas elevadas e inestables. Colocarlo en manos del pueblo en el modelo cooperativo ofrece transparencia y participación ciudadana. Para poder corregir la desigualdad energética, donde las comunidades pobres y rurales pagan más, reciben menos y tienen menos poder de decisión.
El modelo cooperativo provee una alternativa comunitaria y democrática debido a que las comunidades organizan, financian y gestionan sus propios sistemas eléctricos (solar, microredes, almacenamiento). La democracia en las decisiones un voto por miembro, no importa cuánto consumas y descentraliza por regiones el suministro. Pero lo mejor es que las ganancias se quedan en la comunidad y se pueden reinvertir en empleo local, educación energética, resiliencia, etc.
La soberanía energética permite a las comunidades reducir su dependencia de actores privados y centralizados. Y fomenta el control ciudadano sobre decisiones clave (tarifas, fuentes, mantenimientos, etc.).
Es a su vez justicia energética que implica control, asequibilidad, equidad, participación y sostenibilidad, permiten repartir equitativamente el acceso y los beneficios, dan poder real de decisión a los usuarios, pueden impulsar energías renovables sin desplazar ni empobrecer a nadie.
Permite crear la diversidad económica que necesitamos al vincular con: Cooperativas de ahorro y crédito, Empresas comunitarias agrícolas, Redes de abastecimiento y consumo local (comercios y servicios), y escuelas y universidades que pueden investigar y desarrollar modelos cooperativos para mejorar las gestiones.
Existen ejemplos en Puerto Rico, como la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña que es la primera cooperativa eléctrica en la isla (restaura una planta hidroeléctrica abandonada en la zona central montañosa (Utuado, Adjuntas, Jayuya). Es un modelo híbrido de producción local renovable, reinversión comunitaria, resiliencia frente a los cambios ambientales. Existen otros modelos de microredes comunitarias de energía eléctrica. Pero el ejemplo lo ofreció Casa Pueblo (Adjuntas) que aunque no es cooperativa formal, funciona como referente de autogestión energética comunitaria. Ha demostrado que la instalación de sistemas solares sirve para hogares, comercios y edificios públicos tras el huracán María. Promueve “islas energéticas”, donde cada comunidad genera su propia energía renovable.
¿Qué se necesita para que más cooperativas eléctricas surjan en Puerto Rico? Que el Gobierno crea en el pueblo y le ofrezca apoyo legal e institucional con leyes que permitan crear y reconocer cooperativas eléctricas como entidades públicas-comunitarias. Y facilitar recursos económicos iniciales, acceso a redes y mecanismos de compra-venta de energía.
Dirigir el dinero que ahora desperdician en los contratos de LUMA Energy y Genera al financiamiento público y solidario a las alianzas con cooperativas de crédito locales. Las cooperativas establecerán alianzas para educación y capacitación de manera que la formación en gobernanza cooperativa, tecnologías renovables, contabilidad solidaria, etc., se ofrezca a los líderes comunitarios. Además de alianzas con organizaciones sociales, municipios, universidades, comunidades de fe, y movimientos ambientalistas pueden co-construir una transición energética justa desde abajo.
La energía es una forma de poder y de justicia. Democratizarla a través de cooperativas rompe con el control histórico de empresas externas que vienen a lucrase, fomenta autonomía y resiliencia. Es un paso hacia la reapropiación colectiva del futuro energético, económico y ecológico del país. Democratizan el acceso a la energía, dan voz a comunidades que suelen estar marginadas por grandes empresas, permiten transiciones energéticas más justas y locales (energía renovable comunitaria) y estimulan el desarrollo económico municipal.
