Especial para CLARIDAD
Este julio de 2025 se cumplió nueve años de la aprobación de la Ley PROMESA y la imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre Puerto Rico. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Ha mejorado la situación económica de la isla? ¿Se ha resuelto la crisis fiscal? O, por el contrario, ¿estamos atrapados en una nueva forma de dependencia que impide el desarrollo real? La Junta de Control Fiscal, la institución que sigue siendo un tema de debate y controversia, fue creada para ayudar a Puerto Rico a gestionar su deuda, pero su existencia y sus acciones han sido objeto de críticas por parte de diferentes sectores. La razón: nos ha llevado a la trampa de la dependencia y de la deuda, dos trampas que impiden el desarrollo y el crecimiento económico.
Lo cierto es que Puerto Rico sigue en crisis. La restructuración de la deuda pública se ha hecho a un alto costo social, sin resolver los problemas estructurales que originaron la bancarrota, y, lo peor, seguiremos en crisis de la deuda. La austeridad, recortes y ajustes impuestos ha debilitado los servicios públicos, ha profundizado la desigualdad y ha consolidado una economía controlada desde fuera. La Junta se equivocó al establecer como objetivo para su plan de desarrollo el depender de fondos federales. No pudo desarrollar un plan de desarrollo o crecimiento que nos alejara de los problemas estructurales de Puerto Rico.
La Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, conocida como PROMESA, fue aprobada por el Congreso de EE. UU. en 2016 para responder a una deuda pública impagable que superaba los $70 mil millones y $55 mil millones en pasivos de pensiones no financiados. ¿Qué prometía PROMESA? Reestructurar la deuda de manera ordenada, restaurar el acceso a los mercados financieros, estabilizar las finanzas públicas y fomentar el crecimiento económico. Los logros son cuestionables, el control político y económico sobre la colonia cada día es mayor.
La Junta de Control Fiscal, un ente no electo que impone planes fiscales, presupuestos y reformas por encima del gobierno local, es un gobierno colonial no electo que manda sobre el gobierno colonial.
Sus logros, la reestructuración parcial de la deuda que redujo la deuda a unos $37 mil millones, son cuestionables y no hemos visto beneficios. El proceso ha sido criticado por beneficiar principalmente a los bonistas y acreedores, mientras el pueblo ha cargado con el peso del ajuste. La Junta ha llevado a Puerto Rico a la “trampa de la deuda” con esta negociación y reestructuración y a la “trampa de la dependencia” al limitar su crecimiento económico al uso de fondos federales. La trampa de la deuda condena al país a un ciclo de endeudamiento, donde no puede pagar sus deudas existentes al no tener crecimiento económico, por lo que necesita tomar nuevos préstamos para cubrirlas, lo que a su vez aumenta su deuda, y cae en un ciclo donde se imponen recortes y ajustes continuamente afectando el desarrollo y crecimiento económico.
Otro de sus logros es que se recortaron pensiones, se cerraron más de 600 escuelas, se impusieron recortes severos a la Universidad de Puerto Rico y se privatizaron servicios esenciales como el sistema eléctrico. Todo en nombre de la “disciplina fiscal”. Esto ha llevado a Puerto Rico a estar peor, al desviar los fondos necesarios para la reconstrucción a rescatar empresas privadas fracasadas, facturando al pueblo con aumentos continuos y apagones. La Junta destruye los activos que tenemos para el crecimiento.
La Junta se ha empeñado en destruir la Universidad de Puerto Rico ,el activo que promueve el desarrollo con sus investigaciones, generación de conocimiento y la gente preparada en diversas áreas que se crean Ese ha sido uno de sus logros perversos en su cáncer de corrupción que va sembrando: atacar la UPR. Es urgente exigir el reintegro de fondos recortados a la Universidad de Puerto Rico. Es urgente que exista un modelo de desarrollo para Puerto Rico, otro modelo económico y social.
Otros de sus logros perversos es destruir los derechos de los trabajadores, y ahora se empeña en destruir el sistema de los permisos, en especial los ambientales y culturales. Además, desestabiliza el sistema de salud, de educación y los municipios. Quiere a su vez destruir el cooperativismo. Su secuela de destrucción es amplia y el Gobierno es cómplice al aprobar las leyes que facilitan la destrucción.
Y lo que se presenta como «superávit» o «estabilidad» es, en realidad, el resultado de una austeridad y recortes que sacrifica derechos básicos. Mientras, la corrupción sigue creciendo y hasta la Junta es parte de ese problema.
El déficit democrático es evidente, donde la Junta actúa sin ser electa, sin responder ante el pueblo y con poderes que sobrepasan a los de la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. Los planes fiscales se aprueban sin consulta real, y las prioridades del pueblo —como salud, educación, seguridad alimentaria, cultura o protección ambiental— quedan relegadas frente al pago de deuda. El Gobierno dice que negocia, pero la realidad es que obedece.
La Junta de Control Fiscal es una forma moderna de colonialismo fiscal, donde continúan las estructuras y prácticas económicas que perpetúan la explotación de la colonia por parte de EE.UU. Puerto Rico está bajo ese control político, en que las relaciones económicas, financieras y tributarias están dominadas por los intereses de EE.UU., creando una dependencia continua. Ello implica la extracción de recursos, la imposición de sistemas fiscales que no benefician a la población local y perpetuación de las desigualdades económicas.
Entre tanto, Puerto Rico sigue enfrentando emigración masiva (más puertorriqueños viven fuera que dentro de la isla), pobreza persistente, falta de viviendas y creciente inseguridad alimentaria; una economía estancada, dependiente de fondos federales (que van a recortar), un sistema educativo debilitado, sin visión de futuro, y la Infraestructura colapsada, sin planificación sostenible. La Junta nos ha llevado a la trampa de la deuda y la dependencia, a vivir eternamente pagando la deuda sin posibilidad de salir de la misma y a más crisis.
Todo esto demuestra que PROMESA no ha resuelto la crisis, solo la ha administrado desde una lógica contable, ajena a la justicia social y al desarrollo humano.
Como pueblo es urgente y legítimo exigir:
La auditoría ciudadana de la deuda, de manera que podamos identificar qué parte es ilegítima, odiosa o producto de corrupción o malas prácticas financieras, entendiendo que toda la deuda hoy es odiosa, al ser negociada por la Junta, un ente que responde al Congreso de EE. UU. y los buitres.
Que la Junta se vaya y se elimine la ley PROMESA. Exigir que su poder sea revocado y sustituido por mecanismos democráticos de gobernanza fiscal. Que todo lo negociado de la deuda le corresponde financieramente a EE.UU. que impuso la Ley PROMESA.
Reconocer que en la colonia no basta con reducir la deuda: se necesita invertir en salud, educación, infraestructura verde, energía renovable, vivienda, agricultura local y economía solidaria. Necesitamos un plan de desarrollo, con inversión social y productividad. Y un Gobierno que gobierne para el pueblo y con el pueblo.
Entender que la raíz del problema es la colonia y que de ahí surgen las crisis. Pero un país sin soberanía política y fiscal no puede aspirar a un desarrollo justo. Así que la pregunta ya no es si PROMESA “funcionó”. Es, si como pueblo estamos dispuestos a aceptar una recuperación sin justicia o si vamos a exigir un modelo de país centrado en la dignidad, la participación democrática y el bien común.
Eso solo se logra con poderes soberanos, y el camino es la independencia y plena soberanía.
