El Colegio de Médicos, el de Profesionales de Trabajo Social, el de Abogados y Abogadas, la Asociación de Psicología de Puerto Rico, la Asociación Puertorriqueña de Consejeros Profesionales y la Mesa de Diálogo Martin Luther King, Jr. hicieron un llamado a la gobernadora, Jenniffer González, a que no firme el Proyecto del Senado PS 350, que criminaliza a los profesionales de la salud que brinden terapias a personas trans menores de 21 años, aunque cuenten con el consentimiento de padres y madres.
Cada grupo profesional defendió el derecho y la pertinencia de las personas trans menores de 21 años a recibir tratamiento tanto médico como mental.
Dicho proyecto fue presentado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la senadora Joanne Rodríguez Veve. La llamada Ley para la protección de la salud y el bienestar de los menores de Puerto Rico prohíbe tratamiento a personas trans menores de 21 años, establece una pena de reclusión de 15 años, una multa de $50,000 y la revocación de las licencias a los profesionales de la salud que realicen terapias de afirmación de género a menores de 21 años.
El presidente del Colegio de Médicos, el doctor Carlos Díaz Vélez, exhortó a la gobernadora a vetar el proyecto. “Le solicitamos respetuosamente a la gobernadora Jenniffer González Colón a que vete el Proyecto del Senado 350, pues no tan solo atenta contra la relación sagrada entre médico y paciente,, sino que amenaza con enviar a la cárcel con 15 años en prisión a los profesionales de la salud que realicen terapias de afirmación de género, que han sido validadas por todas las asociaciones médicas nacional e internacionalmente”.
Afirmó además que las entidades de la salud han establecido que los tratamientos de afirmación de género, cuando son administrados bajo la debida supervisión médica y psicológica, son esenciales para el bienestar y la salud mental de las personas trans. “Esta legislación no sólo margina aún más a la niñez y juventud trans, sino que también les niega el acceso a servicios médicos esenciales que podrían salvar sus vidas”.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, Lydael Vega Otero, en carta enviada a la gobernadora aseveró que “los modelos de afirmación de género se centran en validar y apoyar la identidad de género de las personas, reconociendo que esta puede ser diferente a la asignada al nacer. Estos modelos buscan crear un entorno seguro y respetuoso, donde las personas trans y género diversos puedan expresar su identidad libremente y acceder a servicios que les permitan vivir de acuerdo con ella”.
En sentido similar, la Asociación de Psicología afirmó que apoya “el acceso a la atención psicológica y al tratamiento basado en la evidencia para niños, adolescentes y adultos trans, de género diverso y no binarios. Las decisiones sobre el tratamiento deben tomarse conjuntamente entre los padres o tutores, los expertos médicos y psicológicos y los propios jóvenes”.
La Asociación de consejeros Profesionales denunció que el proyecto representa un retroceso que aumenta el riesgo de marginación, violencia estructural y daño psicosocial a personas trans y no binarias, por lo que rechazan la medida y cualquier otra que perpetúe la estigmatización y exclusión de poblaciones vulnerables.
La Mesa de Diálogo Martin Luther King, Jr. expresó que se unía a las organizaciones que han hecho un llamado a la gobernadora a que no firme el PS350, “porque constituye un riesgo a la salud física y mental de nuestros hermanos y hermanas trans”.
Se trajo a la atención el dato de que ninguna de las organizaciones profesionales que se han manifestado en contra de la medida fue invitada a deponer en las vistas públicas del proyecto.
“Nos parece una falta de seriedad el que estos profesionales de la salud no fueron consultados antes de la aprobación de esta medida. Esto demuestra que el único fin de este proyecto es satisfacer al sector conservador religioso y al fundamentalista cristiano. Esta medida está basada en la homofobia y en el menosprecio de los avances de la ciencia” añadió la Revda. Elba Irrizary, tesorera de la Mesa de Diálogo.
Por su parte, el Colegio de Abogados y Abogadas, el cual también le envió una carta a la gobernadora, denunció que el PS 350 plantea serias preocupaciones desde el punto de vista constitucional, médico y humano debido a que limita el acceso a cuidados de salud necesarios y deja desprovistos de protección a menores que ya enfrentan múltiples barreras en su desarrollo. La medida, además, viola principios constitucionales como la unidad de propósito legislativo e impone sanciones desproporcionadas a los profesionales de la salud y a las familias que procuran acompañamiento médico responsable para sus hijas e hijos.
“Nuestra Constitución establece que la dignidad del ser humano es inviolable. Las políticas públicas deben construirse desde esa premisa y atender la realidad concreta de quienes más necesitan apoyo y acompañamiento,” añadió la presidenta de las y los togados, Vivían Godineaux Villaronga.
