CLARIDAD
El pleito se presentó por incumplimiento de pagos presupuestados
En un reciente reclamo de no menos de $11 millones, la Junta de Retiro (JR) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) presentó, el pasado 15 de octubre, su tercera demanda contra múltiples integrantes de la Junta de Gobierno (JG) de la institución, esta vez en carácter personal por los daños y perjuicios que, tras años de impagos, ha sufrido el sistema de jubilados.
“La actitud temeraria de los miembros de la Junta de Gobierno UPR contra nuestro fideicomiso de pensiones, así como su evidente menosprecio a los retirados y empleados universitarios ha sido constante en los últimos años y puede provocar la desestabilización de familias enteras porque nuestros pensionados necesitan el dinero que por años acumularon para poder vivir dignamente. Como fiduciarios del Sistema de Retiro UPR, los miembros de la Junta de Retiro UPR tenemos el deber de defender el fondo de pensiones universitarios”, expresó por escrito el presidente de la JR, Luis Vicenty Santini.
La cifra millonaria del pleito responde a una ristra de incumplimientos fiduciarios, reglamentarios y legales que la JG relega desde el 2015, según reveló la colectividad de retirados. No obstante, explicó Vicenty Santini, esta demanda se suma a otras dos que, en total, reclaman un monto de $107 millones que no se han pagado, salvo con promesas de mayores partidas. En el año fiscal de 2023-2024, uno de los años en que menos se aportó, la deuda creció unos $38 millones.
“Ellos [la JG] han presupuestado este año solamente $130 millones de aportación, cuando son $154 millones. Comoquiera es insuficiente, por eso esta nueva demanda trata de insertar la pérdida de costo por oportunidad en la inversión, porque me hace tener que ir a liquidar activos de inversiones para sufragar las deficiencias de las pensiones”, añadió Vicenty.
El exsupervisor del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) opinó que estas liquidaciones han “sacrificado innecesariamente el crecimiento del fondo” por las cantidades de dinero que cada año la JG presupuesta para el retiro de sus empleados. Además, Vicenty elaboró en cómo la universidad, sabiendo las cantidades fijas que debía aportar, contribuía menos dinero al fondo de retiro de la universidad.
“Entre los meses de abril, mayo y junio, se dieron unas discusiones donde varios miembros de la Junta de Gobierno cuestionaron por qué no se iba a hacer la aportación completa al sistema de retiro, o por qué no se estaba realizando. En esas transmisiones, que fueron en vivo y por YouTube, Luis Ferrao y su director de presupuesto, Wilson Crespo, dijeron que había que hacer las aportaciones”, recordó Vicenty, a la vez que destacó la contradicción legal que representan las posturas de Ferrao y Crespo.
Luego de esos meses en que los altos funcionarios de la UPR minimizaron su deber legal, el director de la Junta de Control Fiscal (JCF), Robert Mujica, remitió una carta a la JG para inquirir sobre una partida desviada —y no autorizada— de $31 millones. Según Vicenty, el monto desviado es impugnable por ley por una enmienda a la Ley de Ética Gubernamental hecha en 2020.
“Sabrás la sorpresa de nosotros, porque me debes $38 millones y la Junta de Control Fiscal te está diciendo que estás desviando dineros de partidas presupuestadas. En el 2020, la Ley de Ética Gubernamental fue enmendada por el PNP y, entre las enmiendas que pusieron, la atemperaron a la Ley PROMESA, planteándole a los funcionarios que si desviaban fondos públicos, pudieran ser demandados en su carácter personal”, agregó Vicenty sobre los méritos del caso.
En esa línea, el retirado del RCM recalcó la responsabilidad que estableció la JG al prometer, en un acuerdo fiduciario, “hacer todas las aportaciones necesarias” al sistema de retiro para garantizar la solvencia del fondo. Sin embargo, la inconsistencia entre lo dicho y lo hecho, aseguró Vicenty, propicia todo lo contrario. “Lo llevan haciendo reiteradamente por dos años”.
“En agosto de 2023, la Junta [de Control Fiscal] entendió, en una carta que escribieron, que la aportación que se debía hacer era de $172 millones, que es mucho más alta que la tiene el actuario”, contrastó el presidente de los trabajadores retirados del sistema UPR.
Empero, Vicenty Santini catalogó las gestiones de la JCF como “un ejercicio de hipocresía” porque, en las aprobaciones de los presupuestos, solo concede $130 millones para retiros. Por un lado, el ente congresional exige un cumplimiento y, por otro, “se hace de la vista larga”, según el presidente de la JR.
“También, la Junta de Control Fiscal tiene un afán con llevar la Universidad al Título III [de quiebras], y quieren usar el retiro para llevarlo a eso. Esto, en abierta violación a la Ley 2 de 1967, que establece que el 9.6 % del presupuesto general debe aportarse a la Universidad. Ahí es donde entra la Junta de Gobierno, quien debe defender el presupuesto de la UPR y la existencia misma de ella”, sostuvo Vicenty.
Por eso, el líder universitario criticó la falta de enfrentamiento a la JCF por parte de JG. Entre los demandados, figuran: Ricardo Dalmau Santana, Jorge Valentín Asencio, Mayda Velasco Bonilla, Emilio Colón Beltrán, Gonzalo F. Córdova Santini, Daniel Fernández González, Terilyn Sastre Fuente, Martha L. Acevedo Peñuela, Edgard R. Resto Rodríguez, Hermán Cestero Aguilar, Raúl J. Castro Santiago, Simonely Hidalgo Rodríguez y la secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces Vega, todos miembros de la Junta de Gobierno UPR. El grupo de demandados lo completa Julio Micheo Martínez y Wilson Crespo Valentín, vicepresidente interino de Finanzas y director de Presupuesto de la UPR, respectivamente.
“Esto nunca había pasado en el país. Nos parece que hay materia aquí para que, de la misma manera en que se hizo historia con otros casos, se puede probar que aquí existe un menoscabo del impago de $10 millones. En cuanto a los $1 millones que se le exige de forma personal a cada uno, es un asunto de carácter punitivo y aleccionador; para que futuros sepan que no se puede estar vacilando con las aportaciones al sistema de retiro de los empleados”.
Este es el tercer pleito legal concurrente que lleva la Junta de Retiro UPR contra la Junta de Gobierno UPR y la administración universitaria. En mayo de 2023, presentó una demanda por la cancelación del plan de beneficios definidos y la implementación de un plan tipo 401K para nuevos empleados de la UPR. En agosto de ese mismo año, inició el pleito por cobro de aportaciones patronales no recibidas, las cuales, inicialmente, eran $59 millones, pero que, a la fecha, suman $107.7 millones.
