Desde su primera campaña por la presidencial en 2016, y a lo largo de su primer término presidencial, y ahora del segundo, Donald Tump le declaró la guerra a los inmigrantes. Bajo la falsa premisa de que Estados Unidos está bajo el asedio de una «invasión de ilegales», prometió convertirse en el Presidente que pararía en seco las «caravanas», los cruces fronterizos y los vuelos especiales que llevaban miles de inmigrantes de América Latina y el mundo a Estados Unidos todos los años.También prometió que sería el presidente que más migrantes deportaría. «Deporter in Chief» se llama a sí mismo, avivando en sus seguidores los prejuicios y miedos ante dichas poblaciones extranjeras, a quienes llama «ilegales» y «extraños» ( «illegal aliens»), como si se tratara de extraterrestres en lugar de seres humanos de carne y hueso.
A falta de una ruta específica para cumplirle a su base de blancos empobrecidos las promesas económicas y de nuevos y fabulosos empleos que les hizo, convierte a los inmigrantes indefensos en chivos expiatorios y lanza contra ellos toda la fuerza no solo del Servicio de Inmigración y Aduanas y la Patrulla Fronteriza ( ICE, por sus siglas en inglés) sino también la Guardia Costanera, el TSA de los aeropuertos, la Guardia Nacional y hasta los Marines, como hacen ahora en Los Angeles, California para reprimir y detener a las y los que allí se enfrentan a sus constantes operativos armados en las áreas, barrios, escuelas, y centros de trabajo donde viven, estudian y laboran las y los millones de inmigrantes en ese estado fronterizo con México.
Afortunadamente, la sociedad puertorriqueña ha sido tradicionalmente inmune al delirio antiinmigrante que cunde en Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo. Quizá eso se deba a las lecciones aprendidas de la gran migración de boricuas a Estados Unidos, que aún con ciudadanía estadounidense y pasaporte confrontan el mismo discrimen y prejuicios que los inmigrantes de otros países. Por eso, a pesar de los prejuicios de clase y raciales que tristemente cargan todavía algunos sectores de nuestra población, los inmigrantes de otros países conviven entre nosotros libremente, y hasta ahora han podido trabajar, estudiar, recibir servicios públicos y congregarse en sus iglesias y otros lugares sin mayores problemas ni tensiones exageradas. Durante décadas apenas se ha sabido públicamente en Puerto Rico sobre operativos de arrestos y deportaciones en las áreas donde viven estas personas, a excepción de que la Guardia Costanera de Estados Unidos intercepte alguna embarcación con inmigrantes en el Canal de la Mona.
Pero ahora, eso cambió de golpe con la furia antiinmigrante del gobierno de Trump, furia que el actual Presidente de Estados Unidos descarga también contra cualquiera que se interponga en sus planes y políticas excluyentes y autoritarias. El movimiento MAGA va en serio y la supremacía del «American way of life», como MAGA lo interpreta, se impone con todo rigor en estados y colonias/territorios por igual. Esta debe ser una lección fuerte pero real para aquellos que aún defienden el coloniaje en Puerto Rico, ya sea por fanáticos, pusilánimes o «jaibas». De personas de esa calaña están llenos el gobierno y la política en nuestro país. Y nunca más claro que ahora, bajo el régimen de Jenniffer González y el PNP. Puede haber intrigas y peleas intrapartidarias entre ellos por parcelas de «poder», presupuestos, nombramientos o contratos. Pero ante el mollero del «amo colonial» se doblan como alambre dulce unas y otros. Por eso, Jenniffer González justifica haber entregado al ICE las listas de inmigrantes indocumentados con licencias de conducir. Se canta con las manos atadas. Sin embargo, ningún gobernador o gobernadora PNP después del gobierno de Alejandro García Padilla que aprobó dicha ley de otorgar las licencias- ni Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi, o la propia Jenniffer González- hizo nada para derogar dichos permisos especiales de conducir. Los inmigrantes que pueden votar en las elecciones en Puerto Rico son muchos, hecho que no se le escapa a ningún político. Por eso, después de García Padilla, los PNP’s dejaron en vigor la medida por jaibería política y ventajería electorera. En particular Jenniffer González hizo una campaña fuerte entre los inmigrantes y luego traicionó a su sector más vulnerable, entregando a ICE en bandeja de plata la información necesaria para que sean ubicados y deportados.
El gobierno de Puerto Rico no está obligado a hacer eso. Los asuntos de inmigración son un campo ocupado por el gobierno de Estados Unidos. Es a ellos y no a nosotros a quienes corresponde cualquier trámite o intervención con dicha población. La no obligación aplica al gobierno central y a los municipios. Por tanto, fue innecesaria e inmoral la labor de «chotas» que hicieron los funcionarios de la Gobernadora entregando la lista de conductores al ICE y el policía municipal de Cabo Rojo que denunció a una inmigrante con documentos en ley que había acudido al ayuntamiento en busca de un permiso para su comercio.
La mayoría de los inmigrantes en Puerto Rico vienen desde la hermana República Dominicana. Quisqueya y Borinquen han compartido desde siempre geografía, etnia e historia. Arahuacos, españoles y africanos fueron la fragua de nuestro perfil caribeño y antillano, y siglos de migraciones entre ambas islas han servido para sellar un vínculo indivisible marcado por nuestro común Canal de la Mona, y alimentado por el idioma, la cultura y los sentimientos compartidos. Que haya puertorriqueños y puertorriqueñas que denuncian y colaboran con la persecución de dominicanos que viven y trabajan aquí es una vergüenza. También es una afrenta a la comunidad y al gobierno dominicanos, y a la historia común que une al pueblo puertorriqueño con dicho querido pueblo hermano. Desde CLARIDAD, rechazamos toda conducta de colaboración servil con la irracional agenda antiinmigrante del gobierno de Donald Trump.
