Es una realidad conocida que en Puerto Rico existe inseguridad alimentaria entre diversas poblaciones, principalmente la infantil y la de adultos mayores. Un fenómeno mundial que aumenta exponencialmente cada día y año, en la medida en que sigue abriendo la brecha de desigualdad entre ricos y pobres en las sociedades del mundo.
Pero cuando la limitación de acceso a alimentos pica y se extiende entre la población universitaria- la que representa el cambio generacional entre sectores profesionales y trabajadores diestros en una sociedad- hay que considerarlo como un problema social grave, prevalente y sistémico que puede incidir sobre la viabilidad de nuestro futuro como país.
Un estudio reciente del Instituto de Investigación Psicológica de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico ( UPR) cumple el objetivo de poner al día la información sobre la inseguridad alimentaria entre nuestros estudiantes universitarios, un problema que les ha afectado por años, y que se ha ido agravando cada vez más a raíz del recorte draconiano de la Junta de Control Fiscal (JCF) al presupuesto de la UPR. Esto ha llevado a un alza dramática en matrícula y otros servicios que provee la institución, sumado a las crisis recientes de huracanes, terremotos y la pandemia del Covid-19, entre otros, lo cual ha creado una creciente inestabilidad financiera y económica entre la población universitaria.
El estudio encontró que uno (1) de cada cuatro(4) estudiantes del Recinto de Río Piedras experimentó inseguridad alimentaria durante el año académico 2023-2024. También halló que un 62 por ciento de los estudiantes indicó que sobreviven con menos de $500 mensuales para cubrir todos los gastos de estudios y otros como hospedaje, comida y transporte, entre otros. Entre estos, sufre principalmente la comida, porque es el único renglón variable en el apretado presupuesto estudiantil. El estudio también descubrió que un 9 por ciento de los estudiantes careció de un hogar en algún momento del año académico, ya por el cierre del hospedaje o por falta de recursos para costearlo. Durante los años recientes, los costos de alimentos, vivienda, salud y transporte se han disparado, y las llamadas Becas Pell se quedan cortas para cubrir dichos aumentos constantes en el costo de bienes y servicios básicos.
Igual situación ocurre también en Estados Unidos, el país más rico, pero también uno de los más desiguales del mundo. Simultáneamente con el estudio realizado en Puerto Rico por profesores y académicos de nuestra UPR, la Oficina de Responsabilidad General del Gobierno de Estados Unidos ( GAO, por sus siglas en inglés) advierte sobre una realidad similar hallada entre las poblaciones de siete colegios universitarios estatales que formaron parte de un estudio realizado por el GAO, con el objetivo de trazar recomendaciones para un esfuerzo conjunto entre los Departamentos de Educación y Agricultura de Estados Unidos para ayudar a los estudiantes a lograr un mayor acceso a los beneficios de alimentos que provee el gobierno federal.
Desde el año 2020, el GAO había reportado que una cuarta parte de los estudiantes de colegios y universidades públicas en Estados Unidos tenían limitaciones en el acceso a alimentos. Según dicha agencia, la mayoría de estos estudiantes no recibían la ayuda alimentaria del programa de alimentos federal SNAP, a pesar de que podrían cualificar para la misma. Un análisis del GAO del mismo año 2020 había estimado que el 40 por ciento de la población estudiantil de los sistemas públicos de Estados Unidos eran elegibles para recibir los beneficios alimentarios.
El GAO encontró también que una ley aprobada en julio de 2024 facultó al Departamento de Educación Federal a compartir con el Departamento de Agricultura y el programa SNAP los datos de las poblaciones estudiantiles con miras a desarrollar estrategias conjuntas para mejorar la comunicación y el acceso de estudiantes, de todos los niveles, al programa de alimentos federal.
Como resultado de esta iniciativa, oficiales de tres estados y siete colegios universitarios movilizaron su personal a los campus universitarios para orientar y cualificar los estudiantes para el programa SNAP, en un esfuerzo conjunto para tratar de frenar el incremento en las cifras de universitarios en inseguridad alimentaria, lo cual es un factor principal en las bajas de estudiantes de colegios y universidades públicas en Estados Unidos.
Sin embargo, en este momento, todos los esfuerzos para combatir desde el Estado la inseguridad alimentaria de la población estudiantil y universitaria están en suspenso. A través de órdenes ejecutivas y de las recomendaciones del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos (DOGE, por sus siglas en inglés) el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha iniciado el proceso de desmantelar el Departamento de Educación Federal, le ha recortado presupuesto, personal y responsabilidad al Departamento de Agricultura Federal, y ha introducido cambios drásticos, recortes y restricciones a programas tales.como los subsidios de alimentos, las becas Pell, los préstamos estudiantiles y otras prestaciones sociales de impacto directo en las poblaciones escolar y universitaria, las cuales forman parte de la discusión y aprobación del nuevo presupuesto federal en la Cámara y el Senado de Estados Unidos durante las próximas semanas. En resumen, la obsesión de Trump y los Republicanos con reducir el déficit y balancear el presupuesto de Estados Unidos a como dé lugar, sin duda resultará en una brecha de hambre y pobreza aún mayor que la actual, en este caso sobre las poblaciones estudiantiles y universitarias allá y aquí, sobre quienes también se cifran las esperanzas hacia el futuro. Este es el sombrío panorama inmediato del que nadie en el Gobierno de Puerto Rico quiere hablar y, mucho menos, enfrentar.
