Editorial: Corrupción en Puerto Rico: una larga historia bipartidista

 

La corrupción con fondos públicos en Puerto Rico tiene una larga historia que lamentablemente ha ido en aumento durante las ultimas décadas. Dichos actos corruptos han sido teñidos por los colores rojo y azul de los dos partidos que se han turnado el gobierno en Puerto Rico a partir de la segunda mitad del siglo XX: el Partido Popular Democrático ( PPD) y el Partido Nuevo Progresista ( PNP).

La lista de investigados, imputados y convictos es imposible de reproducir completa, sobre todo porque ha habido cuatrienios, como los del gobierno de Pedro Rossello, del PNP, donde se contaron por decenas los funcionarios públicos imputados y convictos por actos de corrupción con fondos del pueblo.

También a nivel municipal- o sea, en la llamada “política chiquita” o local- la corrupción ha marcado una huella imborrable, sobre todo entre alcaldes de ambos partidos, cuyo acceso a cuantiosos fondos de Puerto Rico y federales para obras y servicios municipales, les ha ido aumentando la codicia a niveles cada vez más escandalosos.

Estos esquemas de corrupción tienen varias vertientes. De un lado los fondos abundantes con que cuentan los municipios, y del otro empresarios y funcionarios públicos inescrupulosos que se ponen de acuerdo para desviar ciertas cantidades de dichos fondos  para su beneficio personal. En la mayoría de los casos, el servicio se ofrece y la obra se construye, pero se pagan a sobreprecio porque el empresario debe obtener grandes ganancias y así poder compartirlas con el alcalde o funcionario con el cual han pactado.

Por eso, cada vez que hay un cambio de gobierno entre el PNP y el PPD, surgen las ” nuevas” empresas que se desplazan entre las agencias públicas y los municipios a la caza de contratos jugosos. Es la forma que tienen dichos nuevos o reciclados empresarios de recobrar la ” inversión” que hicieron en los candidatos y partido vencedores  de la contienda electoral, ya sea a nivel del gobierno central, o del municipio o municipios con los que va a contratar.

Los alcaldes son un grupo muy fértil para estos esquemas sofisticados de los inversionistas políticos. Como el foco de atención del público y los medios de prensa casi siempre se concentra en los altos funcionarios del Gabinete, y las agencias del gobierno central, las acciones corruptas  de los alcaldes en los municipios muchas veces pasan por debajo del radar, hasta que cualquier desliz, indiscreción o confidencia los saca a la luz pública.

Durante las últimas décadas, principalmente desde el año 2000 hacia acá, se han multiplicado las instancias de alcaldes corruptos de ambos partidos, cegados por el brillo de los millones en fondos federales a los que tienen acceso para servicios públicos tales como la construcción o arreglo de carreteras, y los programas de recogido de basura, escombros y reciclaje.

También les abren oportunidades a la corrupción las emergencias climáticas,  como lluvias copiosas e inundaciones, huracanes y, más recientemente, terremotos, desastres que ocurren cada vez con mayor frecuencia, y que provocan las dramáticas “declaraciones de emergencia”, que siempre significan nuevos fondos disponibles.

Una mirada somera a las primeras décadas de este siglo, da muchas claves sobre cómo funcionan estos esquemas municipales. En 1999, el arresto y convicción del alcalde de Toa Alta, Ángel “Buzo” Rodríguez, del PNP, en un esquema de extorsión por $2.5 millones de fondos federales para el recogido de basura y escombros tras el paso del huracán Georges, fue una revelación de cómo funciona la corrupción pública a nivel de los municipios, situación que se ha seguido acelerando cada vez más.

Una lista parcial de los alcaldes del PPD y el PNP imputados y convictos durante estas primeras décadas del siglo XXI,  es la elocuente evidencia de cómo ha crecido la corrupción en los municipios de Puerto Rico: 2002, Francisco Rivera Toro (PPD), ex alcalde de Hormigueros, 12 años de prisión por corrupción pública a raíz del huracán Georges; 2002, Juan Manuel “Mane” Cruzado (PPD), ex alcalde de Vega Alta, 5 años de prisión por extorsión a contratistas y lavado de dinero; 2004, Wilson Soto (PNP) alcalde de Cataño, acusado por soborno en el recogido de escombros, a raíz de tormenta Jeanne; 2005, Bernardo Negron (PNP), ex alcalde de Villalba, acusado de corrupción por venta de solares propiedad del municipio; 2011, Edgar Santana (PNP), ex alcalde de Vega Baja, 18 años de prisión por sobornar a 18 contratistas municipales; 2012, Sol Luis Fontanes (PPD), alcalde de Barceloneta, acusado de recibir sobornos de contratistas municipales; 2014, Edwin Rivera (PPD), alcalde de Río Grande, imputado por soborno e intento de extorsión a contratistas municipales.

Todo este cúmulo de experiencias nefasras no han provocado introspección ni han servido de lección en las cúpulas del PNP y el PPD, a la luz de la racha de arrestos recientes de prominentes  alcaldes de ambos partidos por corrupción pública con fondos federales destinados a servicios municipales esenciales, como el recogido de basura y el asfaltado de las vías públicas.

En su columna de esta edición de CLARIDAD, el compañero Manuel de J. González examina los casos de los alcaldes de Cataño y Guaynabo, ambos del PNP, y de Guayama y Trujillo Alto, del PPD, que han vuelto a poner de manifiesto cuán profunda es la  podredumbre moral hacia el interior de ambas colectividades políticas.

Se dice también que, además de los ya imputados, hay investigaciones federales en curso sobre situaciones similares en los municipios de Yauco, Humacao, Sabana Grande y Naguabo.

No se trata ya de excepciones a la regla, ni de algunas “manzanas podridas” , como suelen referirse los partidos a estos casos para intentar no salir salpicados. Si algo reafirma este patrón de corrupción generalizada es que las prácticas corruptas están enquistadas en el mismo “corazón del rollo” del binomio partidista colonial que nos ha gobernado mal durante los pasados 60 años, prácticas nocivas a la salud financiera y moral colectivas que el pueblo puertorriqueño no puede seguir permitiendo. Romper con el largo historial de corrupción pública de los partidos que nos han gobernado debe ser parte de nuestra agenda urgente como país.

 

 

 

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