Si alguna lección puede derivarse de la experiencia del COVID-19 en Puerto Rico es la necesidad de que nuestro país cuente con un sistema de salud pública robusto, preparado y disponible para responder a las necesidades de la población, y no a los intereses privados que lo controlen. No se trata solamente de la adecuada preparación y respuesta en una crisis sanitaria, sino de un reclamo potente para que nuestro pueblo pueda contar con un sistema de salud integrado y eficiente.
El Departamento de Salud de Puerto Rico abdicó esa responsabilidad, y fue evidente durante esta pandemia su falta de liderato y su manejo errático y poco confiable de la peor crisis sanitaria en un siglo. ¿Cómo se explica que, desde el inicio de la cuarentena el pasado 14 de marzo hayan renunciado dos secretarios de salud y se haya nombrado un tercero en medio de la emergencia del COVID-19? ¿Qué respuesta satisfactoria se ha ofrecido para el escándalo del contrato fatulo para la compra de pruebas del virus? ¿Cómo se han explicado las dos renuncias sucesivas, en un período de menos de tres meses, de las dos personas nombradas como epidemiólogos del Estado? ¿Por qué no se explica en qué consiste el problema para poder establecer un sistema eficiente de rastreo de contagiados y sus contactos, a pesar de que se anunció la existencia de más de un esfuerzo en esa dirección? ¿Por qué fue tan decepcionante el desempeño del “task force” asesor de médicos, académicos y científicos del Recinto de Ciencias Médicas que se anunció con “bombos y platillos”? Todas estas son preguntas legítimas que aguardan por una explicación coherente por parte de las máximas autoridades sanitarias y de gobierno del País.
La debilidad e inestabilidad en el Departamento de Salud ha sido factor principal en la incertidumbre que ha envuelto el transcurso completo de la epidemia del COVID-19 en Puerto Rico. Esa incertidumbre se extiende también a las decisiones relacionadas con la reapertura gradual del país que ha ido ampliándose durante las pasadas dos semanas. Hay cada vez más personas que se reincorporan a sus labores y cada vez más sectores de la economía que hacen ajustes para operar dentro de las limitaciones que impone la pandemia. Pero también crece el riesgo que asume la población, principalmente entre los adultos mayores y otros sectores vulnerables al contagio. Los números de los últimos días indican un aumento sostenido en los casos positivos de COVID-19 en Puerto Rico. Ya nuestra cifra de contagiados es más alta que la de diez de los estados de Estados Unidos, y se perfila que sigan apareciendo casos positivos en la medida en que se continúe combinando la administración de pruebas serológicas y moleculares a sectores más amplios de la población.
La reapertura tras la fase aguda de la pandemia se da sobre terreno movedizo en muchos países. Según el consenso científico, el COVID-19 seguirá entre nosotros por un tiempo más largo de lo que permite la sostenibilidad de las economías. Por eso se han acelerado las reaperturas, a pesar de que la ciencia y la medicina aun buscan cómo y dónde encontrar los tratamientos más efectivos contra la enfermedad y el desarrollo de una vacuna aún está lejos.
Por suerte, nuestro país cuenta con muchos recursos intelectuales para desarrollar una gran infraestructura de salud. Tenemos una gran cantidad de profesionales de la salud altamente calificados- en el área científica, académica, clínica y salubrista- que al margen y a contracorriente del Departamento de Salud implantan importantes iniciativas que están haciendo la diferencia durante la pandemia del COVID-19 y la harán en adelante. Algunas de estas iniciativas ocurren en los municipios, muchos de los cuales realizan esfuerzos epidemiológicos significativos para identificar casos positivos en sus localidades, y hacer el rastreo y aislamiento de los contactos de estos como medida para contener el avance de la epidemia. Otras iniciativas, como las del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico, han permitido establecer indicadores alentadores sobre la prevalencia del virus en nuestra población y adelantar el desarrollo de herramientas adecuadas para anticipar y planificar la respuesta hacia las próximas fases.
El COVID-19 y sus secuelas han servido también para resaltar las enormes inequidades que existen entre los recursos y niveles de preparación, procesos y sistemas de infraestructura sanitaria, y de educación e información en los diferentes países, y cómo incide en estos problemas la capacidad y liderazgo de los gobiernos. Igualmente, resalta cómo la historia y la cultura impactan las actitudes y comportamientos de las diversas poblaciones. Son muchas las lecciones que se derivarán de esta experiencia, así como sus impactos hacia futuras epidemias y crisis. Todo esto será tema de debate y reflexión durante meses y años venideros.
En el caso de Puerto Rico, la experiencia del COVID-19 y el evidente colapso del Departamento de Salud deben servir para fortalecer el reclamo por un modelo de salud que verdaderamente proteja y garantice el derecho a la salud de todo nuestro pueblo.
