CLARIDAD
Contrario a lo que postula la Junta de Control Fiscal (JCF), de que las reformas estructurales en las áreas de capital humano, beneficios sociales, educación de K-12, reforma de permisos para hacer negocios y del sector de energía e infraestructura permitirán que Puerto Rico comience a crecer, el Centro para una Nueva Economía (CNE) advierte de que estas son cuestiones de segundo orden y no generarán el crecimiento económico que el país necesita.
El señalamiento del director de Política Pública del CEN, Sergio Marxuach, está contenido en un reciente análisis de los aspectos del Plan Fiscal para el año fiscal 2022 preparado por la JCF, en que, además de las reformas estructurales, a juicio del CNE, los más destacados son el programa Medicaid, las pensiones y la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Marxuach trae a la atención que, según el Plan, se estima que los superávits no restringidos previstos hacia final de los próximos cinco años fiscales promediarán $190 millones al año. Esto significa que el Gobierno de Puerto Rico tiene muy poco margen de maniobra si los ingresos resultaran ser de forma sustancialmente inferiores a las expectativas debido a que los gastos superan de manera significativa la cantidad presupuestada o porque se produce una combinación de menores ingresos y mayores gastos.
Las reformas estructurales. Estas tienen que ver, entre otras, con cambios a las leyes laborales, privatizaciones, procesos de permisos, etc. El CNE refuta el planteamiento de la JCF de que las reformas permitirán que el país comience a crecer basado en competitividad. Indica que el problema con las políticas de reformas es que no suelen producir un crecimiento generalizado como alegan sus defensores. A esos efectos, cita al profesor James K. Galbraith, en su libro Welcome to the Poisoned Chalice: The Destruction of Greece and the Future or Europe.
“La economía europea actual desmiente las afirmaciones de que la ‘reforma estructural’ es la clave del crecimiento. La reforma estructural, se ha probado en toda Europa, no ha producido crecimiento en ninguna parte. Es cierto que a menudo las promesas [de las reformas estructurales] no se cumplen, pero cada carencia y cada falta de resultados provocan una petición de más reformas, la verdadera señal del fanatismo. Los gobiernos que siguen cumpliendo, lo hacen cínicamente: en Grecia, para escapar (sin éxito, hasta ahora) del rescate; en Italia, para reforzar la postura negociadora del señor Renzi frente a la UE. Muy pocos en los países afectados por las reformas estructurales se engañan pensando que van a funcionar”.
A juicio de Marxuach, Puerto Rico no debe cometer el mismo error de equiparar un conjunto de reformas estructurales bastante dispares, y quizá marginalmente eficaces, con una estrategia económica. “Sencillamente, las reformas estructurales favorecidas por la JCF y expuestas en el Plan Fiscal son cuestiones de segundo orden y no generarán el crecimiento económico que Puerto Rico necesita, tanto para aumentar la calidad de vida de su población como para pagar su deuda reestructurada, a menos que se inserten o enmarquen en una estrategia o visión económica más amplia”.
Difícil de entender los recortes a la Universidad. En cuanto a la UPR, afirma que es difícil entender la reducción masiva en la asignación del Fondo General para la institución de educación superior más importante de Puerto Rico. El presupuesto de la Universidad ha sido reducido a $445 millones; es decir, en un 48 %. El CNE refuta el argumento de que la reducción en el presupuesto se justifica por la
disminución en la matrícula. El hecho es que datos de la misma UPR indican que la matrícula estudiantil ha disminuido de 46,325 durante el año fiscal 2017 a 35,623 durante el año fiscal 2022, una reducción de 10,702 estudiantes o el 23 %. Por lo tanto, la reducción del 48 %, resalta Marxuach, es una por completo desproporcionada con respecto a la disminución de la matrícula.
La dependencia de los fondos federales. Esa es la situación del sostenimiento del programa de Medicaid de Puerto Rico. El analista de Política Pública indica no estar de acuerdo con la interpretación que hace la JCF de que el financiamiento federal sea la solución a largo plazo para el programa de Medicaid. Este argumenta que la asignación de $2,943 millones para este año fiscal parte de una interpretación de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) de la Sección 1108 (g) de la Ley del Seguro Social. Debido a que esta no es ni una orden administrativa vinculante, norma o un reglamento, menos una ley. La asignación está sujeta a cambios políticos, ya sea por el mismo CMS o por legislación, en particular de los republicanos obtener mayoría en el Congreso en las próximas elecciones de medio término.
Marxuach censuró que los cerca de $800 millones del presupuesto de Puerto Rico que permitieron liberar la asignación al programa Medicaid no hayan sido aprovechados para crear un fondo de estabilización presupuestaria para la UPR o para restaurarlo al menos de manera parcial y que en su lugar se haya permitido dejarlos para “derroches” de la Asamblea Legislativa.
Las pensiones. En el caso de las pensiones, Marxuach indica que durante los próximos diez años fiscales de 2022 a 2031 el costo promedio al año en el pago de pensiones (PayGo más los depósitos al fideicomiso) será de más de $3,000 millones. Pero aclara que no defiende la reducción de las pensiones: “Sin embargo, queremos destacar que estos $3,000 millones anuales son el costo que estamos pagando ahora debido a décadas de mala administración, por los muchos años que los organismos gubernamentales no hicieron las contribuciones requeridas para las pensiones y por las múltiples veces que el Gobierno central ‘tomó prestado’ del fondo de pensiones y nunca devolvió el ‘préstamo’.
La reestructuración de la deuda. Sobre la reestructuración de la deuda el CNE, economista y abogado se coloca en un punto medio. Aun cuando reconoce que el alivio es significativo, señala que tampoco es tan alto como afirma la JCF, ni tan bajo o trivial como alegan los detractores.
Para concluir, Marxuach pasa juicio sobre la conducta de los políticos y, entre otras expresiones, apunta que: “Tras siete años de impago, quiebra, legislación federal que despojó a Puerto Rico de su capacidad para desarrollar e implementar una política fiscal, la imposición de una junta de supervisión no elegida y un prolongado proceso supervisado por los tribunales para reestructurar la deuda de Puerto Rico, un grupo de personas responsables por formular política pública actúa como si no hubiera aprendido nada de esa experiencia”.
