Christian Vélez Pagán
Especial para En Rojo
Durante décadas, José Trías Monge ha sido celebrado como jurista brillante, arquitecto del Estado Libre Asociado y defensor de la legalidad. Pero los archivos judiciales guardan otra historia: la de una relación estrecha, fluida y estratégica con el FBI justo en los años en que se consolidó la represión política en Puerto Rico. Una relación que nos obliga a repensar la historia del poder en la isla.
Para entender lo que viene, hay que mirar atrás. Ya para la década de 1930, la persecución contra el Partido Nacionalista había normalizado lo que no debió ser normal: un aparato represivo que operaba sin rendir cuentas a nadie. La Policía Insular disparaba primero y preguntaba después —si acaso preguntaba—, mientras el FBI, al amparo de la seguridad nacional, tendía sus redes en la isla. Cuando llegó la posguerra, la vigilancia no se inventó: se intensificó.
Centro de procesamiento de datos del FBI en la posguerra. Este tipo de infraestructura burocrática y tecnológica sostenía la vigilancia federal durante la era Hoover y tuvo su contraparte en la vigilancia política en Puerto Rico.
En 1936, la corte federal condenó a Pedro Albizu Campos y a varios nacionalistas con evidencia cuestionable. Ese precedente —y la colaboración entre agencias locales y federales— anticipó el tipo de relación que se consolidaría en los años cincuenta.
José Trías Monge llegó a la vida pública con un currículum que imponía: Harvard, Yale, y una red de contactos en Washington que pocos en la isla podían igualar. Participó en la Convención Constituyente de 1951, fue Secretario de Justicia al año siguiente, pero sus cargos formales duraron poco. Lo que perduró fue otra cosa: su cercanía con Luis Muñoz Marín y su capacidad para moverse en las entrañas del poder federal. Trías no necesitaba un puesto para ser influyente; le bastaba con que le contestaran el teléfono. Su correspondencia revela vínculos con figuras como Abe Fortas, William Rogers y Carl J. Friedrich, una red que evidencia una temprana y constante sintonía con los intereses de Estados Unidos.
El momento clave llega en 1948. Muñoz Marín consultó a Trías sobre la posibilidad de legislar contra discursos considerados peligrosos. Trías le explicó la Ley Smith, vigente en Estados Unidos desde 1940, que penalizaba la incitación a derrocar al gobierno. Ese marco inspiró la Ley 53 de 1948, conocida como la Ley de la Mordaza, utilizada para criminalizar expresiones independentistas y justificar arrestos masivos durante el levantamiento nacionalista de 1950.
Artículo de El Mundo denunciando la vigencia de la Ley de la Mordaza en 1983. Décadas después de su aprobación, la ley que Trías contribuyó a perfilar seguía siendo objeto de denuncia pública.
Aunque Trías no ocupaba un cargo oficial cuando asesoró a Muñoz, su intervención contribuyó a legitimar una legislación que restringió libertades fundamentales. Su posterior rol como Secretario de Justicia lo colocó en el centro de la aplicación de esas políticas.
Si alguien alberga dudas sobre la cercanía de Trías con el aparato represivo, basta leer su correspondencia. El 8 de enero de 1952, Richard C. Godfrey —para entonces agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico— le escribe para felicitarle por su nombramiento y ofrecerle cooperación «en todo lo que sea de mutuo interés». No es una carta protocolaria; es la confirmación de una relación que ya existía. La respuesta de Trías, fechada el 14 de enero de 1953, no solo acepta: agradece. Entre líneas se lee lo que las palabras no dicen: que el Buró y el Secretario hablaban el mismo idioma.
Estas cartas desmienten la narrativa de un FBI operando en el vacío. Por el contrario, las fuentes muestran un intercambio constante de información y una colaboración activa en asuntos de seguridad interna, particularmente en torno al nacionalismo y a la vigilancia de supuestos «subversivos».
La colaboración de Trías con el FBI es solo una parte de la historia. La otra, quizás más cotidiana pero igual de reveladora, está en sus cartas a la Policía Insular. Trías no se limitaba a recibir informes: pedía traslados, recomendaba reclutamientos, gestionaba permisos de armas. En un país donde la represión tenía nombre y apellido, Trías no fue un espectador. Fue un operador que moldeó el aparato de seguridad a su medida, asegurándose de que la Policía respondiera a los intereses del gobierno —y, de paso, a los del Buró.
Boletín interno del FBI de diciembre de 1950, distribuido exclusivamente a cuerpos policiales. La retórica de seguridad nacional que refleja no era letra muerta: sus criterios de vigilancia permearon la política de seguridad en Puerto Rico.
La mediación de Trías fue clave para que la coordinación entre la Policía Insular y el FBI intensificara la criminalización de los movimientos disidentes bajo el discurso de la Guerra Fría.
Quizás lo más revelador es que esta lógica no operaba solo en los sótanos de la represión, sino en la mismísima arquitectura del Estado Libre Asociado. En su correspondencia con Carl J. Friedrich —profesor de Harvard y asesor del gobierno estadounidense— Trías consultaba, pedía orientación, buscaba luces sobre cómo aplicar leyes federales en Puerto Rico. La imagen que emerge es clara: el ELA no se construyó en San Juan, sino en Washington, con académicos y burócratas federales dictando lo que se podía y no se podía hacer. Trías fue el gestor local de esa negociación tutelada.
Las comunicaciones analizadas no dejan espacio para medias tintas: revelan una relación estrecha entre Trías Monge y el FBI, caracterizada por cooperación, intercambio de información y afinidad política. Esta colaboración tuvo consecuencias directas en la vigilancia de ciudadanos, la criminalización del nacionalismo y la consolidación de un aparato de seguridad alineado con los intereses del gobierno local y federal.
Más allá de su legado como jurista, estas fuentes invitan a reconsiderar el papel de Trías en la configuración del orden político del ELA y en la legitimación de prácticas represivas en un periodo crucial de nuestra historia.
La figura de Trías Monge encarna las tensiones entre legalidad y poder que atraviesan el siglo XX puertorriqueño. Su relación con el FBI —documentada, sostenida y políticamente significativa— obliga a mirar de frente la arquitectura de la represión en la posguerra y a reconocer que la construcción del Estado Libre Asociado estuvo acompañada de mecanismos de vigilancia que limitaron derechos fundamentales.
Revisar estos documentos no es un ejercicio de nostalgia ni de ajuste de cuentas: es una invitación a pensar críticamente cómo se construyen las narrativas oficiales, quiénes las sostienen y qué silencios las hacen posibles. En un país donde la vigilancia estatal sigue siendo tema de debate, volver a estos archivos es también una forma de reclamar memoria y exigir transparencia.
