El PIP desde la Legislatura

Luego de un año en la Legislatura es preciso repasar e informar en qué consistió la labor de los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño después de dos cuatrienios sin estar representados simultáneamente en ambos cuerpos. El pasado año nos ha permitido trabajar en equipo y coordinación.

En el PIP siempre hemos planteado que nuestra presencia en Senado y Cámara de Representantes tiene como norte contribuir al adelanto de la lucha por la independencia. Para ello es imprescindible levantar firmemente las banderas de la fiscalización y la denuncia de las actuaciones del gobierno a través de la legislación “de mayoría”, presentar legislación de justicia social, de desarrollo económico y de descolonización. De igual forma servimos como voces e interlocutores de múltiples y diversas organizaciones, grupos con importantes agendas que realizan las labores a las que el gobierno ha renunciado o que denuncian y combaten sus acciones conservadoras y retrógradas.

Durante el año 2017 hubo dos eventos que enmarcaron la discusión pública y establecieron la ruta de acción del gobierno y la legislatura. El primero, la puesta en acción de la dictatorial Junta de Control Fiscal y sus mandatos y “vetos a la legislatura”. La segunda parte del año, el huracán Maria devastó el pais y descorrió, para diversos sectores, el velo que cegaba la mirada de la desigualdad social y pobreza que arropa el país.

Al comienzo del 2017 radicamos un grupo de proyectos estableciendo la hoja de ruta de lo que serían nuestras propuestas legislativas. El proyecto descolonizador de la Asamblea de Status, la prohibición del depósito de cenizas, la Ley de Costas, el impuesto a las corporaciones foráneas destacaron entre otras planteadas. De igual forma comenzamos desde la legislatura una oposición férrea a la Junta advirtiendo que sus propuestas al país eran dirigidas a proteger y beneficiar a los intereses de los bonistas norteamericanos a costa de Puerto Rico y, en particular, de la clase media y la clase trabajadora. El ejemplo más burdo fue la radicación y posterior aprobación de la nefasta Reforma Laboral que trastocó gran parte de la legislación laboral liberalizando, entre otras, las causas de despido y empobreciendo aún más al trabajador. Esa reforma laboral, preparada en los bufetes de la milla de oro y expresamente ordenada por la Junta de Control Fiscal en su carta de diciembre, fue el sello de marca de la legislatura como ente sumiso ante los mandatos de la Junta, como lo comprueba posteriormente la discusión y la aprobación del Presupuesto, que necesitó el visto bueno de la Junta al amparo de la Ley Promesa.

Al igual que en el cuatrienio anterior, cuando se aprobó la fatídica Ley 66 bajo el gobierno del PPD, denunciamos y combatimos su extensión y ampliación porque representaba un menoscabo a los derechos adquiridos de los empleados y empleadas públicos(as). Igual oposición y denuncia llevamos a cabo contra la aprobación de las nuevas leyes que privatizan por completo el Sistema de Retiro.

Durante la discusión de la Ley del Plebiscito, desde nuestros escaños, advertimos -y reafirmamos la posición del PIP- que permitir la inclusión del ELA colonial trastocaría el propósito descolonizador del mismo. Dicha advertencia cayó en oídos sordos, convirtiendo el plebiscito en una caricatura colonial con el rechazo amplio de todos los sectores que promueven una verdadera descolonización.

Ante la nefasta acción de la Secretaria de Educación –emulada del cuatrienio anterior– de cerrar escuelas alrededor de todo el pais, desde nuestras oficinas legislativas siempre colaboramos y apoyamos a diversas comunidades escolares en su lucha por mantener abiertas sus escuelas en protección al derecho humano a la educación.

La legislación ambiental presentada este primer año es diversa. A la Ley de Costas le siguieron proyectos como la prohibición de quema de basura, la verdadera prohibición del depósito de cenizas, la legislación para hacer estudios ambientales y de salud en Vieques y Guayama, la prohibición de uso de hierbicidas y la prohibición de uso de envases de “foam” en los comercios. Denunciamos, además, la nueva Ley de Permisos que es contraria al desarrollo sustentable y a la verdadera y ordenada planificación terrenos y espacios.

Como parte de esta labor de fiscalización, radicamos y comparecimos ante la Comision de Derechos Civiles para denunciar el carpeteo cibernético por parte de la Policía de Puerto Rico, en particular por sus acciones en contra de los manifestantes de Peñuelas que luchan contra el depósito de cenizas y contra la lucha de los estudiantes universitarios por una universidad pública y en defensa de su presupuesto. Desde la Cámara, nos expresamos con firmeza frente a diversas medidas que expresamente atentaban contra los derechos humanos de múltiples sectores.

Trajimos a la discusión pública, precisamente, temas y problemas que afectan la diversidad de nuestra sociedad al generar  cuestionamientos y legislación. Desde la oficina del Senador Juan Dalmau se trabajó el tema del lenguaje de señas y su importancia para la comunidad sorda que provocó legislación aprobada en ambas Cámaras y que está a la espera de la firma del gobernador para convertirla en ley. Desde la Cámara auspiciamos un foro para discutir nuevas ideas de políticas públicas sobre las víctimas de delitos en Puerto Rico junto a la organización ALAPAS, que sirvió para concienciar sobre el tema y ofrecer herramientas para presentar legislación próximamente. Gracias al trabajo realizado el cuatrienio pasado por la senadora María de Lourdes Santiago le dimos continuidad a varias de sus propuestas como el tema de la enfermedad de Huntington, logrando la aprobación de una ley de concienciación sobre la misma.

A raíz del huracán María, nos dimos a la tarea  de recorrer la isla y visitar comunidades para conocer de primera mano la devastación física, social y humana. Desde la Cámara nos vinculamos con el trabajo de apoyo que varias iglesias, la Universidad y las comunidades brindaron a diversas familias en la zona de Río Piedras. Junto a la Dra. Nellie Zambrana de la Facultad de Educación de la UPR-RP desarrollamos el Proyecto Alegría para la Niñez llevando talleres y materiales educativos a comunidades alrededor de Puerto Rico, desde el barrio Guayobata en Yabucoa hasta Indiera Alta en Maricao.

La destrucción de miles de viviendas tras el huracán provocó que iniciáramos una colaboración con los arquitectos Edwin Quiles y Elio Martínez para búsqueda de alternativas legislativas reales en apoyo a diversas comunidades. De igual forma, denunciamos la crasa negligencia de la alta gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica y las amenazas de privatización. Apoyamos a las comunidades sin energía eléctrica y a las comunidades escolares que lucharon por que se abrieran sus escuelas luego del huracán. Contribuímos, además, a la discusión seria del tema de energía renovable a través de un foro con catedráticos de la UPR-Mayagüez, auspiciado por nuestra oficina.

Lo antes planteado es parte de la labor que realizamos desde los espacios legislativos del PIP durante el 2017. Este año seguiremos legislando, fiscalizando y denunciando con más ímpetu ante la quiebra económica de la colonia, ante la concreta realidad del rechazo a la estadidad. Nuestra invitación al diálogo, a la búsqueda de un camino para la descolonización seguirá vigente como también nuestro compromiso con la justicia social y la solidaridad. Desde la legislatura continuaremos batallando y contribuyendo a una verdadera transformación hacia una sociedad equitativa, justa y productiva.

El autor es representante del PIP en la Cámara.

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