CLARIDAD
Lejos de ampliar y proteger el espacio público en la zona marítimo terrestre (ZMT), el proyecto de la Cámara de Representares, PC 25, tiene como resultado la privatización de que lo que se supone son bienes de dominio público: playas, manglares, dunas, zonas de anidaje y la seguridad costera. La nueva definición de la ZMT adoptada en el PC 25 durante sus vistas en la Cámara fue la propuesta de la Asociación de Constructores.
El licenciado Pedro Saadé Lloréns, en entrevista, señaló que si bien es cierto que la definición actual de la ZMT data de tiempo español, cuando se habla de actualizar esa definición en el interés público, en lo ambiental, la definición lo que requiere es que se amplíe lo que se denomina como ZMT. En cambio, las consecuencias del proyecto no son esas. Reveló que en las vistas en la Cámara se cambió la definición original que tenía el proyecto y se adoptó la propuesta de la Asociación de Constructores.
El experto en Derecho Ambiental expuso que al utilizar el concepto de mareas altas, la nueva definición de la ZMT se extenderá hasta donde alcancen tierra adentro el promedio de las mareas más altas ( Nivel Medio de Pleamar Mayor ). El resto de los bienes, tierra adentro, se considerarán privados, según establece la sección 1 del PC 25. El proyecto también elimina las protecciones que se derivan de las servidumbres de salvamento y vigilancia en lugares clasificados como acantilados.
Sadeé explicó que no es que las mareas altas ocurran con menos frecuencia, sino que, como todas las mareas en Puerto Rico, son defectuosas. Las mareas son micromareas o muy pequeñas, contrario a otros lugares como en la costa del Atlántico y el Cantábrico en la península Ibérica, donde cada vez que el mar se retira, se retira metros, metros hasta kilómetros. Eso es una verdadera marea sensible.
“En Puerto Rico se puede estar todo el día en Isla Verde y no vas a poder decir ya va a subir o bajar la marea. Por ende, el peligro de este proyecto es que al acentuar y formalizar más todavía el usar las mareas para definir la ZMT porque son pequeñas, no pasan de una pulgada. Eso quiere decir que el resto de la playa, entendiendo las arenas que todos conocemos, quedarían fuera de la definición de la ZMT”.
Observó que el proyecto presenta ambigüedades, ya que tiene una sección que dice que no se podrá afectar el disfrute de las playas hasta la línea de la vegetación, pero a su vez dice que la marea de la ZMT es hasta tal punto y que el resto es privado. “Es decir que puedes tener un derecho de disfrute, pero ¿quién es el dueño, quién es el titular? Eso es insuficiente, en todo caso, confuso, y se va a prestar a abuso”, advirtió.
El licenciado Saadé Llorens subrayó que los problemas de las costas en Puerto Rico son reales: las construcciones, los abusos, la importancia que tiene para el pueblo el uso de los playas. Y el proyecto tal como está presentado es una pérdida de oportunidad de tratar de tener una definición y una ley que proteja las costas ante el cambio climático.
En esa línea, manifestó que la preocupación del proyecto no es el bienestar, ni el daño ambiental ni las consecuencias del cambio climático, sino la propiedad privada. “Lo dice así mismo. Al final de la exposición de motivos dice que el objetivo de este proyecto es definir mejor para la protección de la propiedad privada. También dice que es para proteger las playas, pero ya se ve que es una protección parcial”.
El PC 25, que ya fue aprobado en la Cámara, se encuentra ante la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado, que preside la senadora Marrisa Jiménez Santoni. El licenciado Saadé Llorens le cursó una carta a la presidenta de la Comisión, en la cual le expone estas y otras observaciones respecto a la medida.
En su exposición recalca que con la definición de la ZMT del PC 25, áreas de las costas como las playas y sus arenas ( incluyendo las arenas secas), dunas, posibles manglares y otras perderían potencialmente su carácter y protección pública en el futuro. “Ello se debe a que el PC 25 adoptó la definición limitante y reductora de la ZMT que impulsó la Asociación de Constructores de Puerto Rico, lo cual se evidencia por el historial de las ponencias sometidas en la Cámara, en específico, la ponencia del 25 de mayo del 2025 de dicha asociación”.
El ambientalista de amplia trayectoria reparó, además, en que el proyecto es contrario a la decisión del Senado de aprobar o endosar en todo o en parte el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (Plan), el cual, como se sabe, contiene diversas medidas de protección costera e, incluso, tendría el efecto de beneficiar las ocupaciones en La Parguera, debido a la limitante definición de tierra adentro de la ZMT.
Otro aspecto del proyecto es que obliga al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a modificar el reglamento que al presente se utiliza para definir la ZMT, el cual contiene unos conceptos como las playas, dunas y mangles que neutralizan un poco el uso de las mareas altas para su definición. El experto expresó sus sospechas de que con el PC 25 se dé paso a que se enmiende el reglamento para eliminar esos elementos de la costa que ahora mismo tienen alguna protección.
En su carta enviada a la presidenta de la comisión, senadora Jiménez Santoni, Saadé Llorens le sugiere que se le debe requerir al DRNA que produzca el cálculo de la totalidad de las playas de Puerto Rico que quedarían tierra adentro de la definición de ZMT que adopta el P 25, tanto en millas o kilómetros cuadrados como lineales; que identifique aquellas playas o áreas costeras de anidaje y de dunas que quedarían tierra adentro de la ZMT que adopta el PC 25.
Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, también declaró su rechazo a la medida y censuró que el PC 25 “favorece de manera desmedida al interés privado frente al público, a pesar de que la protección de los recursos naturales en el archipiélago es de rango constitucional”.
En comunicado de prensa, la licenciada Lolimar Rodríguez Escudero, abogada de Política Pública de ACLU, subrayó :“Extender el alcance del dominio particular a tierra adentro de la zona marítimo terrestre, restándole así espacio al dominio público, no es compatible con nuestro principio constitucional de la más eficaz conservación, desarrollo y aprovechamiento de nuestros recursos naturales, sino que directamente lo coarta”.
La ACLU elevó a la atención el que al redefinir la zona marítimo-terrestre, el PC 25 pretende reducir los 50 metros de salvamento y zona de vigilancia a 20 metros, al tiempo que deja fuera criterios como las marejadas ciclónicas. Con ello se debilita la protección de la zona marítimo-terrestre, pues se debilita la protección de los bienes de dominio público de la costa y se podría reducir significativamente las áreas consideradas como de dominio público.
Advirtió que la nueva definición se presta para facilitar los reclamos privados sobre terrenos que antes quedaban claramente en la zona marítimo-terrestre. Más aun, alertó de que la definición propuesta tendrá el efecto de exacerbar los conflictos existentes entre el uso público y el uso privado, ya que no cuenta con mecanismos para proteger el “disfrute tradicional”.
La postura de ACLU fue sometida ante la comisión del Senado en un memorial el 17 de marzo.
