Especial para CLARIDAD
Puerto Rico, desde hace bastante tiempo, ha devenido en atractiva plaza de cacería de rentas: beneficios excesivos en función de contratos leoninos, exenciones tributarias, residencias oficiales fatulas, acceso a trato privilegiado, facilidad para utilizar artificios contables para evadir la responsabilidad contributiva, como son los precios de transferencia, irresponsabilidad ambiental, en fin, irregularidades y delitos de toda índole. De la fragua de la cacería de rentas no nace ni una buena gestión gubernamental ni una buena gestión privada. Abunda la extorsión y el soborno, es decir, por cada Cano siempre hay varios Santamaría…
En tal fragua el gobierno se ha convertido en un complejo e ineficiente enjambre de contratos con empresas privadas en el que cada día que pasa luce más enredado. Luego del huracán María y el consecuente flujo de fondos federales el enredo ha aumentado. Participan empresas de allá y de acá. Luma y Genera no son las únicas beneficiarias. Sirve de inspiración la dominante doctrina neoliberal con su clara preferencia por la privatización y la desregulación del mercado. De esta doctrina es entusiasta predicadora la imperial Junta de Control Fiscal.
Cada agencia y corporación pública está enredada – unas más, otras menos, depende de cuánto dinero circule por sus arcas – en el enjambre de contratos. Hay contratos necesarios y buenos; los hay innecesarios y malos. Hay contratos bien ganados; los hay como consecuencia del juego de la inversión y pago político-partidista. Hay contratos inspirados en el buen servicio; hay otros encajados en la cacería de rentas. Por lo tanto, el desempeño de cada agencia depende de qué tipo de contrato prevalece en su particular enjambre. “Hay de todo, como en botica”.
Durante décadas se ha acusado el extraordinario enjambre de contratos del Departamento de Educación. Huelga recalcar que por sus arcas siempre han circulado jugosos presupuestos. El notorio caso de Víctor Fajardo, quien fuera Secretario de Educación y principal recaudador de fondos para el Partido Nuevo Progresista (PNP), no se ha olvidado. No debe olvidarse. Naturalmente, la politización, la cacería de rentas y el enjambre de contratos van de la mano.
Siempre hay culpables individuales y, claro está, se deben juzgar. Pero en el empeño de singularizar culpas se olvidan las culpas sistémicas. Parte evidente de estas culpas radica en la virtual inexistencia del mérito como criterio de nombramiento, sustituido entonces por el criterio político-partidista. A esto se suma la propensión a contratar a individuos o empresas que han contribuido con sumas considerables a las campañas políticas. Por cierto, ambos fenómenos se advierten, aunque no con la notoria escala del Departamento de Educación, en el Departamento de Corrección y Rehabilitación, ahora objeto de varias investigaciones. En el fondo, tal parece que el que necesita corrección y rehabilitación es el propio Departamento.
Desafortunadamente, mientras no se instituya un verdadero sistema de mérito y mientras prevalezca la inversión privada en las campañas políticas – ahora avalada por decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos relacionadas con los comités de acción política (PAC) – será muy difícil lograr la corrección y rehabilitación que necesita todo el aparato público así como la sanidad que requieren sus vínculos con el sector privado. Pero difícil no quiere decir imposible.
