Esencia, una ciudad exclusiva solo para visitantes
CLARIDAD
Una declaración de impacto ambiental (DIA) que no cumple con las leyes ni reglamentos ambientales; un proyecto que atenta contra los recursos naturales, arqueológicos, de hábitat de especies en peligro de extinción y un proyecto excluyente en términos sociales y económicos que ni siquiera debió ser considerado para la preparación y presentación de una Declaración de Impacto Ambiental fue lo que quedó demostrado en las vistas públicas que celebró la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP) sobre la DIA del pretendido megaproyecto Esencia.
En las vistas efectuadas el 6 y 7 de marzo en la casa Alcaldía de Cabo Rojo, en una sala llena a capacidad, el rechazo al proyecto por parte del público fue evidente, lo que provocó que uno de los oficiales examinadores de OGP, el licenciado Miguel Mihaljevich, llamara la atención al público en más de una ocasión. Solo los representantes de los proponentes de la firma Arque Consulting Group y los alcaldes de Cabo Rojo y San Germán se expresaron a favor del proyecto. Mientras, por parte de la sociedad civil, planificadores, arquitectos, arqueólogos, científicos, abogados, así como pescadores, ciclistas y ciudadanos, todos cuestionaron la DIA presentada y se expresaron en contra el proyecto, que según lo presentado, pretende construir tres hoteles de lujo, 900 residencias también de lujo, un hospital, una escuela de preescolar a grado 12, un aeropuerto y dos campos de golf en 1,500 cuerdas de la costa en Cabo Rojo.
¡Esencia no va!, gritaba el público que se quedó fuera de la sala. En n horas de la mañana del primer día de vistas, el turno fue solo para los proponentes. Ya en la tarde, entre las personas que depusieron estuvo el arquitecto Pedro Cardona Roig, en representación de la Fundación de El Urbanista.
En un aparte con CLARIDAD, Cardona Roig denunció que la DIA presentada no cumplía con la Ley de Política Pública Ambiental ni con el Reglamento. Explicó que la Ley y el Reglamento Ambiental exigen que cuando se presenta un proyecto se exponga cómo se va a evitar impactar recursos de valor, incluidos los arqueológicos, la fauna y la flora.
En este caso, lo que están diciendo los proponentes es ‘este es el proyecto que queremos hacer y, da la casualidad, que impacta’, pero no discuten cuál es la naturaleza del impacto ni tampoco discute cómo van a mitigarlo. Además, señaló que hay graves errores en los documentos que se presentaron como, por ejemplo, el hecho de que hay una casa de una periodista que figura en uno de los mapas como un lugar donde se va a desarrollar un proyecto de placas solares.
El exmiembro de la Junta de Planificación (JP) señaló que, el proyecto ha recibido $497 millones en créditos contributivos, por lo que la DIA la está pagando realmente el pueblo de Puerto Rico mientras presenta unas acciones que son contrarias a la ley vigente en Puerto Rico, “pero además no está hecha con un rigor que se pueda decir que se utilizó el dinero de manera responsable”.
Roig confirmó que no es usual que se le conceda esa cantidad de dinero en créditos contributivos a un proyecto como ese. Basado en su experiencia, señaló que, en definitiva, de la vista pública tiene que resultar que la OGP no otorgue que la DIA está en cumplimiento y que se le envíe de vuelta a la preparación de un documento alterno que cumpla con la política pública, que evite causar impacto a los recursos que el mismo proponente ha identificado.
Los recursos arqueológicos
Por su parte, el doctor en Arqueología Reniel Rodríguez, en breve entrevista, describió que se conoce que la zona más densa en términos arqueológicos en todo Puerto Rico es la zona oeste y que solo con un recorrido superficial que hizo la compañía Arqueo Consulting, contratada por el proponente, se han detectado más de 140 sitios arqueológicos y que aunque ellos plantean que esa es la cantidad que han documentado hasta ahora, se sabe que son muchos más. “Esos estudios iniciales no cubrieron todas las áreas que van a ser desarrolladas, sabemos que van a ser muchos más”, afirmó.
Entre los aspectos denunciados se dio a conocer que los desarrolladores tienen en su plan que las piezas arqueológicas que se logren recuperar serían exhibidas en uno de los “Town Center” que tendrá el complejo. El catedrático del recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico (UPR) denunció que eso sería ilegal, ya que se tendría que hacer un acuerdo con el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).
“Para mí, esa propuesta demuestra ese intento de mercadear nuestro patrimonio arqueológico. Esto que estamos viendo con Esencia no lo podemos divorciar de lo que está pasando con el ICP. Sabemos que el ICP se ve como un impedimento en todos los proyectos como este que se quiere desarrollar”. Se refiere al proyecto del Senado que pretende eliminar el ICP y pasarlo a ser parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
El profesor Rodríguez destacó que hasta ahora no existe ningún estudio arqueológico aprobado por ninguna agencia reglamentadora, ni por el ICP, ni el Cuerpo de Ingenieros ni por la Oficina Estatal de Preservación Histórica, las cuales no han sido consultadas. En su presentación, Rodríguez resaltó que el documentado de los estudios arqueológicos (Fase 1A) realizados por la compañía se remiten a investigaciones de archivo y prospecciones superficiales. Hasta el presente, de los 140 recursos de valor cultural identificados, 77 se asocian con las ocupaciones indígenas de la isla, mientras que los restantes 63 datan del periodo colonial. Además, se señala la existencia de tres hallazgos indeterminados, los cuales también parecen datar del periodo colonial.
Rodríguez indicó que considera que es evidente que los estudios no son lo suficiente exhaustivos como para poder generar un panorama de la totalidad de contextos de valor histórico-cultural que se encuentran en los predios a impactarse por el proyecto.
Incertidumbre por el paso a su hogar
Evidente nervioso, el pescador Amos Morales expresó su preocupación por que el proyecto es colindante con sus terrenos e invade su servidumbre de paso. Contó que acudió al Departamento de Recursos Naturales (DRN) para solicitar los documentos del deslinde de la zona marítimo terrestre (ZMT) y no le dieron acceso los documentos. Morales expresó su preocupación por el impacto a los humedales, el tránsito que afectará a la escuela de la comunidad y el acceso a las playas, y finalizó: “No es como algunas agencias están viendo documentos que no son la realidad, las cosas no son exactamente lo que estamos viendo”.
Cuestionada la DIA
El expresidente de la JP, planificador Luis García Pelatti, señaló que la DIA presentada era una prematura, que no contiene los impactos del proyecto ni la información sobre las agencias estatales, como la Autoridad de Acueductos (AAA) y Energía Eléctrica (AEE).
“Estamos, posiblemente, ante una de las áreas ambientales más importantes del área oeste, y ha sido establecido así por el Programa de Manejo de Costanera del DRNA en acuerdo con la JP, que ha identificado este lugar como uno de los lugares ambientalmente más sensitivos. Nos encontramos ante uno de los lugares arqueológicos más importantes de todo Puerto Rico”.
García Pelattti puntualizó que lo anterior es una de las razones por las cuales el Plan de Uso de Terrenos (PUT) identificó esos terrenos como un lugar para no ser desarrollado: por ser de alto valor ecológico, alto potencial para convertirse en hábitat esencial de alto valor ecológico, clasificado como suelo rústico especialmente protegido, el cual no se contempla para uso urbano urbanizable y que por su valor estético, topográfico, arqueológico y sus recursos naturales nunca deberá utilizarse como suelo urbano. Incluso reparó que, según en el Plan Territorial de Cabo Rojo, el proyecto no se podría hacer por no estar vigente.
Otros aspectos cuestionados de la DIA lo fueron sus colindancias, como que, por ejemplo, no se menciona nunca que el proyecto colinda en el sur y oeste con la Reserva Agrícola del Valle de Lajas. También se cuestionó cuál deslinde de la ZMT es el que se está considerando en la DIA y el que el documento no identifica la playa.
“Nos encontramos ante un proyecto que se propone en suelos que están clasificado por el PUT para ser protegidos y conservados, de valores ambientales y ecológicos que son de conocimiento por las agencias gubernamentales estatales y federales desde hace 50 años”, finalizó recibiendo aplausos del público, lo que fue reprobado por el oficial examinador.
Esencia no es desarrollo
Por su parte, el presidente de la Junta de Directores de la organización Para la Naturaleza, licenciado Fernando Lloveras San Miguel, refutó que el tipo de proyecto como lo es Esencia contribuya al desarrollo de Puerto Rico. “El desarrollo constituye algo más que cifras macroeconómicas de inversión económicas, el desarrollo verdadero se mide en el bienestar de aquellos que consideran a Puerto Rico su hogar”.
El presidente de Para la Naturaleza planteó que el proyecto no debe ser aprobado, en primer lugar, porque es un modelo económico errado y destructivo por las dimensiones de la Isla Grande, de 100 millas por 35. “No somos un continente. Un proyecto que impacta más de 1,500 acres de terreno no corresponde al uso sostenible de nuestro limitado espacio y la riqueza de su biodiversidad. Los megaproyectos impulsados por inversionistas no residentes para el uso de no residentes es un modelo que explota nuestros espacios naturales, desplaza comunidades humanas y no humanas”.
La organización dedicada a la conservación entiende que existen modelos apropiados de ecoturismo que fomentan el desarrollo comunitario y respetan la naturaleza y su patrimonio cultural de forma integral. Al igual que otros deponentes, resaltó que el proyecto viola el PUT, por lo que viola el derecho existente. Acotó que el PUT no se puede enmendar con una simple consulta de ubicación y reiteró que el proyecto se presenta sobre suelos clasificados como rústicos especialmente protegidos.
Lloveras San Miguel apuntó que además de destruir áreas importantes de la naturaleza y desarticular las áreas protegidas de Lajas y Cabo Rojo, los cuales constituyen unos de los espacios más antiguos de nuestro archipiélago que cuenta con características biológicas únicas que han dado base a especies endémicas y raras, el proyecto Esencia violenta un lugar importante para nuestros ancestros: “La conexión con el pasado nos ubica en el tiempo y nos da sentido de pertenencia”.
En esa línea, reclamó que Para la Naturaleza ha estado trabajando de cerca con 33 comunidades a través del archipiélago y valora la participación ciudadana en la conservación de la naturaleza y patrimonio histórico. Destacó que el proyecto Esencia constituye una ciudad exclusiva para visitantes, por lo que las comunidades locales sufrirán desplazamiento por los altos precios, y cuestionó el acceso público a las playas. “Nuestras playas son bienes de acceso público. Sabemos que los megaproyectos plantean comunidades cerradas que requieren de privacidad y seguridad para desplazar a comunidades locales”.
Igual que otros deponentes, censuró que el proyecto no debió ser considerado para preparar una DIA, por lo que es deber ministerial de las agencias de gobierno evaluar el cumplimiento de las normas antes de proceder.
