Mientras la Gobernadora Jenniffer González se encaminaba junto a una delegación de su gobierno a Washington la semana pasada, a celebrar su tan anunciada Cumbre de la Igualdad y así elevar su reclamo de estadidad para Puerto Rico ante el Congreso de Estados Unidos y el nuevo gobierno de Donald Trump, allá le aguardaban varias sorpresas no muy alentadoras para ella.
La primera mala noticia le llegó apenas comenzado su viaje, un decreto firmado por el Presidente Trump de que el inglés será, de ahora en adelante, el idioma oficial de Estados Unidos. Sería la primera vez desde su independencia en 1776 que Estados Unidos adopta un idioma oficial. No lo había hecho antes por obvias razones de estrategia. En su rápida expansión, Estados Unidos se apropió, mediante conquista, de las tierras de los indígenas nativos que tenían sus propias lenguas, de tierras de México y España, donde se hablaba español, compraron la Louisiana, donde se hablaba francés y, además, trajeron los esclavos africanos a los que les arrebataron sus lenguas maternas. También durante su primer siglo de existencia la nueva nación abriría sus puertas a centenares de miles de inmigrantes de Europa, todos con sus costumbres, idiomas y prácticas propias. A estos nuevos «ciudadanos» les tomaría tiempo adoptar el inglés como idioma propio y los gobernantes de entonces entendieron que lo mejor era irlos asimilando poco a poco. Eran los tiempos de la Estatua de la Libertad (regalo de Francia), del lema «et pluribus unum» ( de muchos, uno), y de la visión de Estados Unidos como una fragua («melting pot») de idiomas y culturas, fragua donde, por supuesto, el idioma y la cultura anglosajones terminarían siendo dominantes. Ahora, ya el gobierno de Estados Unidos no se anda con paños tibios ni se otorgan períodos de espera prudentes para la transculturación. Es la hora de Donald Trump y el Movimiento MAGA, ominosa para las personas que no encajamos en el molde de lo que ese grupo define como ser «americano».
La segunda mala noticia que recibió Jenniffer González a su llegada a Washington fue que por los pasillos del Congreso y la Casa Blanca ya circulaba el borrador de un documento con una propuesta bastante detallada de transición hacia la soberanía e independencia de Puerto Rico. El documento, en formato de Orden Ejecutiva para la firma del Presidente, es la iniciativa de un grupo de independentistas puertorriqueños, del archipiélago y de la diáspora, con el propósito de «jamaquear el palo» del limbo colonial y la indiferencia e inacción de la metrópolis estadounidense hacia la solución del estatus político de Puerto Rico.
Jenniffer González y su gente habían llegado a Washington con el aire triunfal de los que se sienten en control de la situación. Confiaban en que su tinglado había sido cuidadosamente montado para que simulara la cercanía absoluta de la Gobernadora de Puerto Rico a los círculos más altos del poder en el nuevo gobierno de Donald Trump, cuya candidatura presidencial ella endosó con gran entusiasmo durante la pasada Convención del Partido Republicano, que marcó la recta final de la campaña eleccionaria de 2024.
Salvo una foto que lucía bastante forzada de la Gobernadora y el Presidente del Senado con el Representante Bruce Westerman, presidente del sub comité de Recursos Naturales del Congreso bajo cuya jurisdicción están los llamados «territorios», del resto de la Cumbre no se ha sabido mucho. No han mostrado fotos ni vídeos de la concurrencia, ni ninguna nota de prensa, excepto para publicación en Puerto Rico. Ni siquiera las publicaciones que cubren los eventos del Congreso incluyeron algo. Para todo propósito, la Cumbre de la Igualdad no ocurrió y el reclamo de estadidad fue silenciado tanto por los medios de prensa como por el propio Trump, su gabinete y el liderato congresional, de quienes tan «amiga» se considera la Gobernadora. Respecto a este asunto, sólo falta que se le informe al pueblo de Puerto Rico a cuánto ascendieron los gastos de movilización y producción para este evento político partidista fallido al que se le pretendió dar cariz de «oficial».
Otras malas noticias hubo también al regreso de la Gobernadora y el Secretario de Educación, con la orden seca de la Junta de Control Fiscal para que se le entregue un informe detallado sobre cómo y en qué se gastaron los $4 mil millones en fondos del gobierno federal que dicho departamento recibió durante los pasados tres años. Otra advertencia velada de que no es casualidad que el Departamento de Educación siga aún bajo sindicatura.
Por su parte, la publicación del documento de orden ejecutiva a favor de la independencia ha tenido varios efectos positivos. Primero, ha vuelto a poner el foco de la discusión pública en la necesidad imperiosa que tiene Puerto Rico de impulsar un proceso de descolonización que le permita comenzar a rebasar la crisis y la dependencia que impiden su desarrollo. Segundo, que la voz de la soberanía y la independencia de Puerto Rico nunca más será silenciada por consultas, plebiscitos o trampas que le tienda la Comisión Estatal de Elecciones controlada por los anexionistas y el PNP, ni tampoco por el chantaje de que los independentistas que se atreven a actuar y confrontar al poder son antidemocráticos, cuando no existe nada más antidemocrático que el colonialismo. Tercero, que debe dársele la bienvenida a más iniciativas como esta, que demuestran la voluntad y compromiso libertario de sectores soberanistas e independentistas diversos y amplían las opciones para diseminar el mensaje de que la lucha por la autodeterminación e independencia de Puerto Rico no es tan solo un derecho de nuestro pueblo sino también una impostergable responsabilidad hacia nuestras futuras generaciones.
