Ante el incremento de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés), en Puerto Rico el Frente Amplio de Acción Social (FAAS) dio a conocer que le envió una comunicación formal a la gobernadora Jenniffer González Colón, a Suzanne Roig, secretaria de la Familia, a Astrid Piñeiro Vázquez, procuradora de las Mujeres-, y Eliezer Ramos Parés -secretario de Educación- exigiendo la activación de medidas urgentes que garanticen la transparencia y protección de menores migrantes afectados por redadas y arrestos de personas con estatus migratorio irregular en la Isla.
La Dra. Migna Rivera García, directora del Programa Graduado de Consejería Psicológica de la Universidad Albizu, denunció la falta de protocolos claros que garanticen el bienestar de infancias, niñeces y adolescencias migrantes separadas de sus familias. ¨De acuerdo a testimonios de comunidades afectadas y reportes de prensa, el ausentismo escolar en zonas con alta población migrante supera el 60%, mientras persiste el temor a deportaciones arbitrarias y desinformación acerca del paradero de menores que quedan en desamparo cuando personas adultas a su cargo son detenidas¨, denunció.
Por su parte, Alice Pérez Hernández, coordinadora del Frente Amplio de Acción Social, recordó que Puerto Rico está obligado a respetar tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos, además de su Constitución. Pérez Hernández expresó que el FAAS se une al repudio a la reactivación de las facilidades de ICE en Aguadilla cuyo propósito es agilizar los procesos de deportación de personas con estatus migratorio no regularizado -según expresado por Rebecca González, directora de ICE en Puerto Rico.
“No podemos ser cómplices, por acción u omisión, de prácticas que violen la dignidad de los más vulnerables”, señaló Pérez Hernández. ¨Muchas de estas personas se han refugiado en Puerto Rico ante condiciones que amenazan sus vidas y las de sus crías en sus países de origen.
Igualmente, Stephanie Figueroa -directora ejecutiva del Observatorio de Equidad de Género- urgió a las agencias a publicar un informe detallado sobre la situación de estos menores y a activar mecanismos de protección inmediata. “Confiamos en su liderazgo para defender los derechos humanos frente a políticas migratorias abusivas”, concluyó Rivera García.
En su carta el Frente le exige al gobierno de Puerto Rico a que: haga público si existen casos de menores bajo custodia del Estado separados de sus familias por procesos migratorios, detallando su ubicación, salud y situación legal: A garantizar la coordinación entre el DF y las autoridades federales para evitar separaciones violatorias de derechos humanos: Aplicar el Protocolo de la Ley 57-2023 (enmendada por la Ley 200-2024), priorizando la reunificación familiar: Establecer refugios transitorios con apoyo psicosocial para menores afectados: Crear un canal confidencial de denuncias para familias y personal escolar.
Copia de la solicitud le fue enviada al Cónsul de la República Dominicana en Puerto Rico, honorable Cesar Cedeño, al congresista por el distrito 13 de Nueva York, Adrian Espaillat, a Romelinda Grullón, directora de la Casa de la Mujer Dominicana, a José Rodriguez, presiente del Comité Dominicano Pro Derechos Humanos, y al comisionado residente de Puerto Rico en Washginton, Pablo Jose Hernandez Rivera.
La divulgación de la petición en conferencia de prensa se da al tiempo en que el periódico Metro dio a conocer que la directora de ICE en Puerto Rico, Rebecca González Ramos, le reveló a la cadena estadounidense NPR que el ICE le solicitó al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) de Puerto Rico la información sobre unas 6 mil personas en la isla que tienen licencia de conducir y no tienen estatus migratorio legal.
Estas personas pudieron obtener licencia de conducir por virtud de la Ley 97 firmada por el gobernador Alejandro Garcia Padilla, para que pudieran tener una licencia provisional.
