Entre la indignación, el repudio y el dolor así se han expresado diversos grupos en Puerto Rico, ante la noticia del encuentro en la frontera dominico, haitianas de cuatro cadáveres de cuatro mujeres de nacionalidad haitiana decapitadas, quienes habían sido detenidas y deportadas de Puerto Rico, por la policía de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE UU).
Entre los que se han expresado se encuentra el Comité de Solidaridad con el Pueblo de Haití (CSH). Magali Millán Ferrer, portavoz del Comité condenó el horrendo crimen al señalar: “Sentimos profunda tristeza e indignación por los feminicidios de estas cuatro mujeres cuyos cuerpos fueron violentados, decapitados y luego lanzados al Río Macassias, en la frontera con la República Dominicana. Nos genera particular indignación la información divulgada de que antes de su trágico fin, habían migrado a Puerto Rico, huyendo de las terribles condiciones de violencia, ingobernabilidad y miseria extrema que sobrevive el pueblo haitiano y de las cuales las mujeres y la niñez, son sus principales víctimas”.
Información compartida por el líder haitiano Leonard Prophil, las mujeres llegaron a nuestro país en diciembre de 2024 y fueron deportadas hace unos meses. Según informó Prophil a la prensa, las mujeres -de entre 27 y 31 años- llevaban dos semanas desaparecidas.
Por su parte Millán Ferrer manifestó que el Comité adjudica responsabilidad por lo ocurrido a las agresivas e inhumanas políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos y su presidente, Donald Trump. Denunció que en Puerto Rico, como en otras jurisdicciones norteamericanas, el personal de las agencias -se refiere a los agentes de ICE- violenta los más elementales derechos humanos con arrestos y deportaciones que ignoran los planteamientos de seguridad que las mujeres asesinadas, como otras personas migrantes, pudieran tener respecto a los peligros a su seguridad que les esperan en sus países de origen.
Millán Ferrer, quien trabaja de cerca con organizaciones comunitarias en el vecino país, abundó que es de público conocimiento que las gangas de delincuentes en Haití secuestran, violan, asesinan, incendian comunidades enteras y que ni la ineficiente policía local, ni las fuerzas de otros países que organismos internacionales han introducido en la isla para intentar frenar la violencia, han tenido resultados.
“Se ha informado que luego de ser deportadas a su país mediante procesos migratorios que desconocemos, pues los nombres de las víctimas no han sido revelados, desaparecieron y sus familiares no supieron más de su paradero. Sacarlas de Puerto Rico, significó la muerte para ellas, finalizó Millán Ferrer.”
El Comité dio a conocer que se unió a las exigencias que esta misma semana hizo el Frente Migrar es un Derecho, el cual entre otros aspectos demanda que los feminicidios sean esclarecidos y que se fijen responsabilidades y saber en qué circunstancias las mujeres fueron devueltas a Haití por las autoridades migratorias de EE UU, que vulneraron su seguridad y propiciaron su asesinato.
De acuerdo al Comité aunque hay un sospechoso arrestado, Chin Laduse, Millán Ferrer, expresó dudas de la capacidad y buena intención de los gobiernos dominicano y haitiano para esclarecer los crímenes. “Son conocidas las políticas discriminatorias del gobierno de la República Dominicana contra migrantes de Haití en su territorio e, inclusive, con sus nacionales de origen haitiano. Competería hacer la investigación a un organismo de derechos humanos independiente, sea internacional o regional,” recomendó.
También exigieron respeto por los derechos humanos y el debido proceso de ley en los procesos migratorios. Esto incluye acceso a representación legal, a que sus vistas se celebren en Puerto Rico, donde está su base de apoyo y a que se les provea intérprete a las personas haitianas o que no hablen español ni inglés.
Por su parte la campaña, Migrar es un derecho, impulsada por las organizaciones, Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU Puerto Rico), Amnistía Internacional Puerto Rico, Comuna Caribe y Kilómetro 0, también expresaron su “más profundo rechazo y dolor ante la noticia sobre el asesinato de cuatro mujeres haitianas. Enviamos nuestras condolencias a las familias de estas mujeres, a la comunidad haitiana y exigimos justicia, verdad y rendición de cuentas inmediatas”.
La campaña destacó que desde el inicio de las redadas antiinmigrantes del gobierno de EE UU en Puerto Rico en enero de 2025, ha condenado de forma enérgica las políticas migratorias y las prácticas de expulsión que criminalizan la migración forzada y niegan protecciones fundamentales a personas vulnerables. En este caso, mujeres que huían de la violencia, de la persecución y de condiciones extremas.
“Las políticas del gobierno de Estados Unidos y que los gobiernos de Puerto Rico y de República Dominicana no han hecho más que apoyar y sostener, ponen en riesgo la vida misma, perpetúan violaciones graves de derechos humanos y muestran un desprecio absoluto por el derecho internacional al refugio, a la movilidad y la migración”.
Afianzadas en el derecho de migrar las organizaciones que integran la campaña, exigieron en primera instancia que cesen inmediato de los encarcelamientos y deportaciones masivas, que se brinde acceso efectivo y seguro a solicitudes de protección, asilo y procedimientos justos para todas las personas que buscan refugio en Puerto Rico; Medidas de rendición de cuentas para las agencias y funcionarios que hayan violentado protocolos, leyes y derechos humanos; Una política de santuario y no-cooperación con agencias migratorias federales; y permitir que las personas accedan al debido proceso para que sus casos sean escuchados en Puerto Rico y no sean removidos hacia Estados Unidos donde carecen de comunidad y apoyo legal.
Mientras la representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciada Adriana Gutiérrez Colón, también se expresó al respecto.
“Exigimos, una vez más, al gobierno de Jenniffer González Colón a ponerse del lado de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico y a enfrentar las políticas discriminatorias y racistas de su jefe político, Donald Trump.
Para muchos inmigrantes, especialmente las mujeres, su deportación constituye una sentencia de muerte. La inacción de este gobierno -como no aprobar el Proyecto de la Cámara 331 para garantizar derechos fundamentales de las comunidades inmigrantes- y por el otro lado, colaborar con las autoridades federales de inmigración, lo convierte en facilitador de las muertes que son consecuencias directas de estas inhumanas políticas migratorias”.
