Eliseo R. Colón Zayas
Las enmiendas contenidas en el Proyecto del Senado 63 del 2 de enero del 2025 a la Ley 141-2019, convertidas en ley por la gobernadora Jenniffer González hoy domingo 14 de diciembre, no prohíben el periodismo de investigación. Hacen algo más eficaz: lo encarecen, lo ralentizan y lo desgastan. No se trata de censura directa, sino de una reconfiguración administrativa del silencio. La transparencia no se elimina; se convierte en trámite. El derecho a saber no se niega; se posterga hasta la fatiga.
Para el periodismo de investigación e independiente, esta ley enmendada funciona como advertencia pedagógica: investigar tomará más tiempo, exigirá más notificaciones, más requisitos, más paciencia. Y ese mensaje no va dirigido a los grandes consorcios mediáticos de la prensa tradicional que cuentan con departamentos legales, acceso privilegiado y relaciones estructurales con el poder—, sino al periodismo independiente y al periodismo de investigación, a los proyectos pequeños, a los periodistas que operan desde márgenes financieros y políticos.
LA MORDAZA QUE NO SE LLAMA MORDAZA
El error sería leer esta ley como un obstáculo meramente técnico. En realidad, es una intervención política sobre las condiciones materiales de la investigación periodística. Al extender términos, redefinir solicitudes “defectuosas” y desplazar el acceso hacia jerarquías administrativas más altas, el Estado produce un efecto claro: investigar se vuelve un acto de resistencia sostenida, no una práctica institucionalizada.
Esta es la mordaza del siglo XXI: no silencia la voz, agota al sujeto que pregunta.
PERIODISMO CORPORATIVO Y COLONIALIDAD INFORMATIVA
El periodismo corporativo en Puerto Rico de los periódicos tradicionales, los canales de televisión y estaciones de radio y portales de internet no es simplemente un problema de línea editorial; es un problema de posición estructural. Responde a intereses comerciales, a anunciantes, a alianzas políticas y a una lógica de estabilidad del sistema. Su dependencia del acceso privilegiado —entrevistas exclusivas, filtraciones selectivas, “off the record”— lo coloca siempre en una relación de cooperación tácita con el poder.
En ese ecosistema, la Ley de Transparencia enmendada no es una amenaza. Para los consorcios mediáticos corporativos de periódicos, canales de televisión, estaciones de radio, portales de internet, la Ley de Transparencia enmendada es una herramienta negociable. El periodismo corporativo no depende del acceso ciudadano a documentos; depende de relaciones. Por eso, rara vez confronta el procedimiento como problema político. La burocracia no lo asfixia: lo protege.
EL PERIODISTA COMO COMUNICÓLOGO
Ante este escenario, el periodismo independiente y de investigación no puede limitarse a “seguir investigando como siempre”. Eso sería ingenuo. Lo que se requiere es un desplazamiento epistemológico: del periodista como comunicador al periodista como comunicólogo.
El comunicador transmite información. El comunicólogo analiza sistemas de producción de sentido, poder y silencio.
Ejercer el periodismo de investigación hoy implica investigar no solo qué oculta el Estado, sino cómo, mediante qué procedimientos, con qué lenguajes y bajo qué regímenes de legitimidad. La ley misma se convierte en objeto de investigación. El trámite es noticia. El retraso es dato. La negativa técnica es evidencia de diseño institucional.
ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN BAJO LA LEY ENMENDADA
Frente a esta mordaza solapada, el periodismo independiente debe responder con inteligencia estratégica, no sólo indignación:
- Documentar el procedimiento como historia
Cada solicitud, cada prórroga, cada silencio administrativo debe registrarse y publicarse. El proceso mismo revela la arquitectura del poder. Investigar cómo se investiga es parte del reportaje.
- Trabajo colaborativo y en red
La investigación aislada es vulnerable. Las alianzas entre medios independientes, periodistas, académicos y organizaciones civiles diluyen el desgaste individual y fortalecen la presión pública.
- Archivo paralelo
Ante un Estado que dilata, el periodismo debe construir sus propios archivos: bases de datos ciudadanas, repositorios de documentos previos, memoria histórica de decisiones públicas. La transparencia no depende sólo del Estado; también se produce socialmente.
- Narrar la ley como tecnología de poder
No basta con decir que la ley “dificulta” el acceso. Hay que explicar a quién beneficia, a quién desalienta y qué modelo de ciudadanía presupone. La pedagogía pública es parte del trabajo investigativo.
- Internacionalizar la mirada
El colonialismo administrativo se incomoda cuando se expone fuera del perímetro local. Vincular investigaciones a redes internacionales de periodismo y derechos humanos reconfigura el balance de poder.
INVESTIGAR CUANDO LA LEY INVESTIGA AL PERIODISTA
Las enmiendas a la Ley 141-2019 obligan al periodismo de investigación y al periodismo independiente a asumir una verdad incómoda: la ley ya no es sólo un marco; es un actor dentro de la investigación. Ignorarla no es valentía, es desventaja estratégica. Investigar bajo restricción legal exige aprender a leer la ley no sólo como norma, sino como dispositivo narrativo del poder.
- Convertir la restricción en objeto de investigación
Cuando una solicitud se declara “defectuosa”, cuando un término se extiende, cuando la respuesta llega mutilada o tardía, eso no es un obstáculo externo: es información. El periodista debe documentar el itinerario completo del acceso fallido como parte del reportaje.
El expediente administrativo —fechas, correos, silencios, prórrogas— se convierte en evidencia empírica de cómo el Estado regula el saber. Bajo este régimen, la opacidad se prueba procesualmente, no sólo discursivamente.
- Investigación por capas (layered investigation)
Ante la dilación institucional, el periodismo independiente debe trabajar por capas simultáneas:
- Capa documental: solicitudes formales, reglamentos, contratos, informes previos.
- Capa relacional: entrevistas, fuentes internas, exempleados, testigos indirectos.
- Capa histórica: archivos pasados, informes legislativos, patrones de conducta institucional.
- Capa comparativa: cómo se manejan casos similares en otras jurisdicciones.
Este enfoque reduce la dependencia exclusiva del acceso oficial y desarma la ley como único punto de entrada a la verdad.
- Escritura preventiva
Bajo restricción legal, el periodista investiga escribiendo desde el inicio. No se espera a tener “todo” para publicar. Se publica el proceso, se explica la dificultad, se narra el camino. Esto cumple una doble función: protege al periodista —al hacer público el intento— y educa a la audiencia sobre cómo opera el poder administrativo.
La ley apuesta al silencio prolongado. La escritura fragmentada, estratégica y continua rompe esa temporalidad.
INVESTIGAR DESDE LA HERIDA ADMINISTRATIVA
La teoría decolonial nos permite nombrar lo que la técnica jurídica pretende naturalizar. Aníbal Quijano en sus ensayos sobre la colonialidad, modernidad y racionalidad del poder, lo formuló con precisión: la colonialidad no es sólo dominación política, sino control del conocimiento, de su producción y de su circulación. En Puerto Rico, ese control no siempre se ejerce mediante censura directa; se ejerce mediante procedimientos que jerarquizan quién puede saber, cuándo y cómo.
Las enmiendas a la Ley 141-2019 operan dentro una matriz colonial del poder. Son enmiendas que maniobran una red de normas, saberes y prácticas que presenta la restricción como racionalidad administrativa. El Estado no dice “no preguntes”; dice “pregunta correctamente”. Y en esa corrección se esconde la exclusión.
EL TIEMPO COMO TECNOLOGÍA COLONIAL
La dilación no es neutral. El tiempo es una tecnología de poder. Hacer esperar al periodista, al ciudadano, al investigador es una forma de subordinar el ritmo del saber al ritmo del Estado. Fanon ya había advertido que el colonialismo no sólo controla territorios, sino que controla la energía vital del sujeto colonizado, su capacidad de insistir, de sostener la confrontación.
En ese sentido, la ley no busca impedir la investigación, sino regular el umbral de cansancio aceptable.
EL PERIODISTA COMO SUJETO DECOLONIAL
El periodismo de investigación, entendido como ejercicio decolonial, no se limita a revelar escándalos. Su función es desnaturalizar el orden que produce el silencio. El periodista-comunicólogo no pregunta sólo “¿qué pasó?”, sino:
- ¿Por qué esta información se considera sensible?
- ¿Quién decide cuándo deja de serlo?
- ¿Qué tipo de ciudadano presupone esta ley?
- ¿Qué saberes quedan fuera del archivo oficial?
Ejercer este tipo de periodismo es rechazar la ficción de neutralidad del procedimiento y afirmar que toda regulación del acceso al saber es una decisión política.
EPÍLOGO: PERIODISMO COMO EJERCICIO DECOLONIAL
Investigar bajo esta ley enmendada no será fácil. Y no debe romantizarse la precariedad ni el desgaste. Pero tampoco debe aceptarse la pedagogía del miedo administrativo. La historia del periodismo de investigación —en Puerto Rico y fuera de él— demuestra que las mejores investigaciones nacen cuando el acceso se vuelve problemático, porque ahí el poder se delata.
El periodismo independiente no compite con el periodismo corporativo en acceso privilegiado; compite en lucidez estructural. Su fuerza no está en la inmediatez, sino en la lectura profunda del sistema que produce la noticia y de la ley que intenta administrarla.
Cuando la transparencia se convierte en trámite, investigar se convierte en una forma de desobediencia informada. Y esa, hoy, es una de las prácticas más urgentes del periodismo decolonial.
Ejercer el periodismo de investigación hoy, bajo esta ley enmendada, es un acto decolonial no porque use ese nombre, sino porque rechaza la lógica del consentimiento administrativo. Es decolonial porque no acepta que el acceso al saber sea una concesión del poder; lo entiende como un derecho que se ejerce incluso cuando se dificulta.
La pregunta no es si la ley intimidará al periodismo independiente. La pregunta es si el periodismo aceptará la pedagogía del cansancio o responderá con una pedagogía de la persistencia.
Porque investigar, hoy más que nunca, no es sólo revelar datos. Es desmontar los dispositivos que intentan impedir que esos datos lleguen a existir.
Y en un país donde el silencio se administra por ley, seguir investigando es, en sí mismo, una forma de decir la verdad.
El autor es Presidente de la Fundación Periodismo Siglo XXI
