Desde un análisis del Derecho Internacional (DI), la carta enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DJ EEUU) que le ordena a la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) incluir en la papeleta del plebiscito el Estado Libre Asociado colonial (es decir el ELA actual) sustenta –en esta ocasión de parte del poder ejecutivo– el que Puerto Rico sigue siendo una colonia. Esto a pesar de la representación que hizo EEUU en el 1952 ante la Asamblea General de la ONU, de que la isla había alcanzado su “libre determinación” por lo que indujo a la ONU a que se sacara a Puerto Rico de la lista de territorios coloniales y da argumentos respecto a quién debe pagar la deuda pública.
Para el abogado experto en Derecho Internacional, Fermín Arraiza Navas, en ese plano la carta representa un documento de mucha relevancia ante la imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF). En ese aspecto puntualizó que la determinación de imponer una JCF no es otra cosa que un intento tardío para administrar las finanzas del territorio, lo cual se supone era lo que EEUU tenía que hacer desde que se sacó a Puerto Rico de la lista de territorios. Explicó que se supone que desde el punto de vista del DI y de la ONU la responsabilidad de EEUU era administrar el territorio para nuestro beneficio.
“Cuando uno discute la deuda bajo este concepto a quien corresponde pagar es a quien le correspondía administrar el territorio y no lo hizo, por lo que Estados Unidos viola el derecho internacional al eludir su responsabilidad, ellos eran los responsables. A estas alturas si están diciendo que somos colonia llevan más de 60 años incumpliendo con el derecho internacional que era la administración de ese territorio”.
En esa misma postura de violar el DI apuntó que aunque de manera expresa en la carta no se reconoce que Puerto Rico es una colonia, sino que se refiere al país como un territorio no incorporado, se le está diciendo al gobierno del PNP que tiene que llevar a cabo un proceso dentro del marco legal de EE UU, aunque éste sea ilegal desde lo que es el DI. Al denunciar que a EE UU “no les importa el derecho internacional”, describió el plebiscito como “una pantomima política, porque no se saca nada que no sea gastar chavos y los que administran se metan los chavos en el bolsillo”.
No obstante a su juicio los señalamientos que se hacen sobre el asunto de la ciudadanía de advertirle al PNP de que “engaña” al pueblo al decir que la “única garantía” de la ciudadanía americana es bajo la estadidad, además de darles un “cantazo”, refleja una inclinación de que en EEUU hay “aspectos negociables”, en caso de un cambio de estatus soberano. Esto ya que en la misiva se rechaza la definición de la libre asociación y le dice al PNP que en la forma en que está redactada podría llevar la falsa impresión de un ELA mejorado, por lo que se le exige ser más categóricos con las definiciones de independencia y la libre asociación.
Cuestionado si no le parece que la imposición del ELA en la papeleta del plebiscito coloca al país en un callejón sin salida, Arraiza Nieves, tronó “el plebiscito es una trampa, el problema colonial de Puerto Rico no se resuelve con plebiscitos, la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico es ilegal y ellos tienen que cesar la ocupación y razones legales existen para exigirle a ellos internacionalmente que se retiren del territorio”.
Según explicó hay un precedente similar y es el caso de Sur África y Namibia. En este caso Sur África se negó por años ha incumplir con su deber de administrar y dar informes a la ONU sobre el progreso del territorio, llevado el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se le dijo a SA que su presencia en Namibia era ilegal, que tenía que rendir informes y que tenía que abandonar el territorio. Arraiza Navas destacó que en el caso de Puerto Rico hay argumentos legales y de principios para atribuir ante la CIJ los mismos argumentos de que EEUU “ha estado ocupando nuestro territorio de manera ilegal y que no ha cumplido con sus deberes administrativos, que nos han llevado al caos a través de la creación de un sistema económico parasitario que nos tiene en un caos”. No obstante reconoció que para lograr este objetivo se requiere cabildeo en ambos entes, la ONU y la CIJ. “Sería interesante si se consigue países amigos que estén dispuestos a plantear eso en la Asamblea General de la ONU y que se pida una opinión consultiva a la Corte Internacional”, recalcó.
El profesor Carlos Ramos, de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana (UIA), apuntó que el reconocimiento en la carta de que la isla es colonia, no es distinta en lo esencial a la posición que ya había asumido el Procurador General en el caso Sánchez– Valles, “es muy demoledora en ese sentido con el ELA”, comentó.
Observó que lo que se expone en el texto parte de la premisa de que Puerto Rico sigue estando sujeto al poder plenario de la cláusula territorial y eso lo repite cuando comenta lo problemático, lo inconstitucional, que sería tratar de que dentro de la claúsula territorial se llegue a un acuerdo de consenso mutuo con el Congreso. Comentó que este tema es uno recurrente entre algunos sectores en la isla y que otros creían superado, pero el hecho es que este fue el engaño principal en la década de los ‘50 y la verdad es que nunca ha habido un pacto de mutuo acuerdo. Puerto Rico todavía está sujeto a los poderes plenarios del Congreso de EE UU.
“El Congreso lo que ha hecho e hizo en el ‘50 es prestar unos poderes y el día que quiso recogerlos, los recogió como ha pasado ahora en el 2017 sin preguntar a nadie porque nunca ha habido un pacto”, reiteró con relación a la imposición de la ley PROMESA.
En el plano internacional también le reconoció importancia a la carta porque una vez más demuestra que EEUU incumple con su obligación internacional de no tener colonias. “Aunque ellos insisten mediante engaño de que no tienen colonias, los eventos sobre todo los úlitmos años incluyendo la posición en la ONU de este año de no tocar mucho el asunto de Puerto Rico esta carta como que da un paso atrás porque obliga a incluir una alternativa colonial”.
Además, reparó, desde el punto de vista del Derecho Internacional al EEUU obligar a incluir en un plebiscito un estado colonial, eso es delincuencia en el DI porque el coloniaje no puede ser una opción en un proceso de autodeterminación precisamente por su contradicción.
Respecto a la posición de que el Departamento de Justicia también rechaza la libre asociación, trajo a la atención de que ahí hay otro elemento y es que bajo el derecho constitucional de EE UU para sus efectos independencia y libre asociación son lo mismo, en tanto y en cuanto los territorios están bajo la cláusula territorial o no están bajo la cláusula territorial. Los que están bajo la cláusula territorial son territorios incorporados, (los estados), los que no están bajo la cláusula territorial, son los territorios no incorporados como Puerto Rico, “desde esa perspectiva solo puedes anexar o dar la independencia, la libre asociación no les suena”. Ramos hizo la anotación de que aun cuando Estados Unidos tiene fideicomisos con algunos países estas son situaciones atípicas.
En el caso de los colonialistas –indicó– que otra lectura que se puede desprender de la carta es que no es posible meter la libre asociación dentro de la cláusula territorial. Además de que constitucionalmente no es posible lo que está haciendo que se sostenga la colonia es que el anexionismo ha crecido, así que desde ese punto de vista lo que en este momento constituye una de las amenazas más serias para extender el colonialismo es el movimiento anexionista, aunque el gobierno permanente de EEUU y sus intereses económicos busquen otras formas de manejar la colonia.
