CLARIDAD
Para el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, el plazo hasta el 1 de octubre de este 2026 que concedió la jueza Laura Taylor Swain a la Junta de Control Fiscal (JCF) para continuar mediando con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) “es como prender una vela a un santo. La juez está en las mismas, buscando que haya una oportunidad de que se llegue a un acuerdo, que no va a ocurrir”, reaccionó a CLARIDAD ante la postura de la Junta, de los bonistas y los pleitos que rodean el caso. La petición de la extensión fue hecha por la JCF. La extensión de la mediación representa un gasto de $1 millón al mes en mediadores.
El plazo se da luego de que la jueza rechazara, a mediados de marzo, el reclamo de un grupo de bonistas, encabezados por Golden Tree Asset Management, los cuales insistían en que la AEE les debía $3.7 mil millones de dinero que se debió dirigir al pago de los bonos durante la quiebra, pero que se utilizó para otros gastos operacionales, según ellos, no autorizados. De inmediato, los bonistas acudieron al Tribunal Apelativo, el cual ya acogió el caso.
A esto se une que ya antes los bonistas habían radicado una moción para que se levante la paralización en todos los litigios que quieren llevar, que se levante la paralización automática del Titulo 3 de la Ley PROMESA, que se ventile una moción de desestimación en el caso y que se vea la reclamación que tienen de la contabilidad, para verificar cuáles son los “bonos expenses” que hay que descontar a AEE. Todo esto es al margen de litigar la deuda. Si la jueza Swain levanta la paralización automática el caso, entonces iría al Tribunal de Primera Instancia de San Juan, para examinar la asignación de un síndico. Emmanuelli Jiménez apuntó que el interés de los bonistas es que se desestime la paralización del caso para que entre un síndico a administrar la AEE.
A la interrogante de qué pasaría con los dos componentes privatizados —la generación y la distribución y transmisión—, en caso de que un síndico entre a administrar la AEE, dijo que se quedarían igual, a menos de que el síndico decida salir de ellos. Comentó que cuando se mira los beneficios que trae un síndico serían probablemente mayores que lo actual. “Lo he explicado públicamente, la desestimación no es tan mala”, aunque acotó que la Junta podría volver a radicar un caso y se perdería todo el trabajo previo.
No obstante, el licenciado experto en casos de quiebra reconoció que con o sin desestimación, como quiera, el caso de la deuda de la AEE tomaría de dos a tres años más. Afirmó que el Plan de Ajuste de Deuda de la JCF no tiene base para poder ser confirmado porque no se sabe cuánto es la garantía de los bonistas. No se puede saber cuánto es la garantía de los bonos debido a que no se sabe cuántos son los ingresos netos de la AEE.
Al preguntarle cómo es posible que no se sepa cuánto es el valor de los ingresos netos de la AEE, lo atribuyó, en parte, a los dos privatizadores, lo que dificulta que se sepa cuáles son los ingresos netos porque son dos capas que hay que fiscalizar. Cada uno tiene diferente sistemas de contabilidad y, muy probablemente, computan las cosas de distinta manera por consejo de sus asesores contables.
Por parte de la JCF, resaltó Emmanuelli Jiménez, el problema es que con tal de no mostrar cuáles son los ingresos reales de la AEE y la información que tiene la AEE de la contabilidad, han estado opuestos a ser transparentes, y eso ha hecho que los bonistas sigan insistiendo y el proceso se haya alargado.
¿Cuál es el descubrimiento que hay que hacer y por qué la Junta no ha querido ser transparente sobre el tema?, preguntamos.
Para Emmanuelli Jiménez, lo muy probable es que la información no favorece a la Junta ni a la AEE. “Tenemos una situación donde defender a Puerto Rico de los bonistas, sin duda, alarga el proceso”. Recalcó que el sistema eléctrico de Puerto Rico está arruinado y no va a sobrar nada para los bonistas. “El caso va a durar tres o cuatro años más. Tiene que venir un milagro”. En ese sentido, el plazo concedido por la juez para que continúe la mediación, es buscando que haya una oportunidad a que se llegue a un acuerdo.
El licenciado Emmanuelli Jiménez denunció que a la Junta le conviene mantenerse y la describió como un gobierno permanente que está protegiendo sus privilegios. Aun cuando se supone que técnicamente, por la Ley PROMESA, la deuda de la AEE es la última deuda del Gobierno de Puerto Rico por negociar, advirtió que la Junta va detrás de la Universidad de Puerto Rico y su sistema de retiro. Recalcó que según PROMESA, mas allá de los cuatro presupuestos balanceados consecutivos, luego de la deuda de la AEE, técnicamente, la Junta no tiene nada más que hacer.
