Hasta ahora, nadie en Puerto Rico ha descifrado públicamente el misterio que ocultan los $450 millones que la Junta de Control Fiscal le exige recortar de su presupuesto a la Universidad de Puerto Rico (UPR). ¿De dónde salió esa cifra? ¿Sale de algún estudio hecho por alguien aquí o en Estados Unidos? ¿Quién o cómo se llegó a la conclusión de que esa debe ser la cantidad exacta que la UPR debe recortar de su presupuesto para contribuir a cuadrar las finanzas públicas del País?
El presidente de la dictadura fiscal impuesta desde el norte, José Carrión III, dice que el recorte al presupuesto universitario, por la cantidad estipulada por el organismo, no es negociable. Lo dice en la misma oración dónde se expresa entristecido y preocupado por la situación de la UPR, como si de verdad pensara que alguien en Puerto Rico va a creer que a él, o a cualquiera de los miembros del ente federal, o del Congreso de Estados Unidos, le importan la suerte de la universidad pública en nuestro país.
Como no hay un estudio que explique cómo se llegó a la cantidad a recortar del presupuesto universitario, ni tampoco explicación a la actitud intransigente del presidente de la Junta Imperial ante el asunto, desde CLARIDAD lanzamos una teoría para tratar de entender el ¿por qué $450 millones y por qué a la UPR?
Desde que se aprobó la ley PROMESA, la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos (CBO, por sus siglas en inglés) anticipó, según informes de prensa, que el costo mínimo de la habilitación y operación de la Junta de Control Fiscal, que lo paga el pueblo de Puerto Rico a través del erario, sería de aproximadamente $370 millones en el período entre 2017 y 2022, que comprende el mínimo de cinco años en que funcionaría la Junta. En los partes de prensa, se dijo que el costo sería de $200 millones el primer año, $150 millones el segundo y $5 millones anuales del tercer al quinto año.
Pero todo parece indicar que, una vez implantada e iniciadas las operaciones, los costos de la Junta de Control Fiscal van a superar considerablemente el estimado inicial. En un artículo de prensa reciente, se advierte cómo se van a disparar los costos de la Junta a partir de la puesta en vigor del Plan Fiscal presentado por el gobernador Ricardo Rosselló. Según los números ofrecidos en dicha información periodística, a principios del mes de abril de este año, los puertorriqueños y puertorriqueñas ya le habíamos desembolsado $22 millones en fondos para el financiamiento de las operaciones del ente fiscal federal. Esto, a razón de $2 millones mensuales desde la firma de PROMESA el 30 de junio de 2016. Pero el articulista asegura que para el próximo año fiscal se proyecta un aumento de $24 millones adicionales para la Junta, lo cual sería un impacto de $48 millones anuales, en lugar de los $24 de este año.
Una mirada somera a los contratos otorgados por la Junta hasta ahora, podría ofrecer una clave de cómo una cosa es lo que se proyectó inicialmente y otra lo que ha ocurrido y ocurrirá en la realidad. Entre diciembre de 2016 y mayo de 2017 (5 meses), se le pagarían $3.75 millones en asesoría estratégica a McKinsey & Company, firma donde trabaja el llamado oficial de revitalización recomendado por el exgobernador García Padilla y reclutado por la Junta, Aaron Bielenberg. Por lógica, puede deducirse que este contrato se seguirá extendiendo indefinidamente, toda vez que Bielenberg aún no ha revitalizado nada. A razón de $3.75 millones cada 5 meses, o sea, $750,000 mensuales, al cabo de los cinco años (60 meses) le habremos pagado a McKinsey cerca de $45 millones.
Lo mismo ocurre con todos los demás contratista, y sume y siga: $750 la hora a la asesora ética y con los conflictos éticos que ya existen o los que puedan surgir, seguramente no se escatimará en la facturación por estos servicios. Citigroup, asesor de restructuración, recibe $250,000 mensuales como parte de un contrato que le garantiza $10 millones cuando se complete la reestructuración de la deuda. Hay varios asesores legales que cobran tarifas por hora, que van desde $100 hasta $1,000 la hora, dependiendo de la jerarquía del abogado y la importancia del asunto. No se puede hacer un estimado certero de cuántas horas de asesoría legal se facturarán pero puede presumirse que serán miles. Por evaluar la situación financiera del gobierno de Puerto Rico Ernst &Young facturará $385,000. Por viajar regularmente entre Ucrania y Puerto Rico como directora ejecutiva de la Junta, le pagaremos a Natalie Jaresko $625,000 anuales, más gastos. A millón por año, siendo conservadores, Jaresko nos costará $5 millones en 5 años. Forculus, la agencia de relaciones públicas de la Junta, debe estar al palo con la facturación, que les reporta entre $75 y $200 por hora, más gastos, desde hace varios meses.
Hay muchos otros renglones y personal contratados pero sus costos son una minucia si se comparan con los ya mencionados. Eso sí, el renglón de alquiler, con oficinas en San Juan y Nueva York, y de seguridad, tanto privada como de la Policía de Puerto Rico, así como los viajes entre una ciudad y otra, las estadías y las dietas, serán áreas de creciente facturación durante los próximos 5 años, por lo cual puede estimarse que la operación total de la Junta Fiscal y todos sus “alicates” excederá con creces los $370 millones estimados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).
Dada la precariedad de las agencias de la Rama Ejecutiva y de ciertas corporaciones públicas, muchas de las cuales ellos quieren enderezar para privatizarlas, lo más lógico es asegurar que las remesas a la Junta para el pago de sus operaciones y contratos salgan de otra fuente. ¿Sería descabellado, entonces, concluir que los $450 millones recortados al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico se asignen hacia esos fines? Sean ustedes, lectores de CLARIDAD, los jueces de este asunto.
