Especial para Claridad
Recientemente se supo que el parlamento británico contempla la posibilidad de despojar a las Islas Vírgenes Británicas de su gobierno autonómico aduciendo que los niveles de corrupción son demasiado elevados. El pasado mes de abril, un juez británico recomendó en un informe comisionado por el parlamento del Reino Unido la disolución tanto de la Asamblea Legislativa como del gobierno autonómico de las islas por un periodo de dos años, lo cual sería un precedente sin paralelo en el Caribe oriental. Como si fuera poco, se recomienda establecer un nuevo gobierno designado desde Londres y encabezado por John Rankin, con la posibilidad (y solo la posibilidad) de ser asistido por un consejo asesor. Rankin es un diplomático británico de carrera que fue embajador de su país en Nepal, gobernador de Bermudas y ahora gobernador general interino de las Islas Vírgenes Británicas. Lo que se plantea es básicamente una disolución de todos los elementos autonómicos de las islas que tienen el calificativo de territorios británicos de ultramar para disimular en realidad su condición colonial.
El epicentro de esta situación tuvo lugar con el arresto por la DEA del primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas, Adrew A. Fahie, mientras abordaba un avión privado con destino a Miami. Se le imputaron cargos de narcotráfico y lavado de dinero. En declaraciones a la prensa, el primer ministro imputado denunció que es víctima de una trama confabulada entre los poderes fácticos del Reino Unido y los Estados Unidos para despojarlo de su cargo y del poder político. Las declaraciones de Fahie básicamente establecen, según él, que ha sido víctima de un “Lawfare” y llamó a la población de las islas, de unos 35,000 habitantes, a no dejarse engañar. Desde entonces se han producido manifestaciones frente a la casa de la gobernación general en protesta por los planes británicos en ausencia de consulta alguna con la población isleña a la usanza imperial más notoria.
Tan pronto se supo de los planes en ciernes, la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) emitieron la siguiente declaración: “No es aconsejable imponer ahora un gobierno colonial. La historia de tal imposición en el Caribe nunca ha salido bien”. Además dijeron que tal acción representa un retroceso histórico.
Las islas Vírgenes Británicas comprenden unas 50 islas localizadas a penas a unos kilómetros al este de las Islas Vírgenes estadounidenses. Las islas más grandes y mejor conocidas son Tórtola, Virgen Gorda, Anegada y Jost Van Dyke. En Tórtola está localizada su ciudad capital de nombre Red Town.
La situación política en las Islas Vírgenes Británicas hay que tomarla con mucha seriedad. La propuesta del parlamento británico de despojar las islas de gobierno autonómico pone de relieve los intentos de retroceso a un régimen colonial crudo de carácter decimonónico. Sin dudas, las Islas Vírgenes Británicas aún con su gobierno autonómico continua siendo una colonia, pero la acción en marcha es contraria a lo establecido por el mandato y declaración del Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas desde el 14 de diciembre de 1960.
Corrupción: un terrible mal pero una herramienta también
La situación en las Islas Vírgenes Británicas es muy reveladora tanto por el problema en sí mismo como por la supuesta solución al mismo. La corrupción es un problema muy serio que puede afectar notablemente la salud institucional de cualquier sociedad y por eso amerita ser combatida. Pero no menos cierto es que sabemos que la manera en cómo se enfoca el problema y hacia donde se dirigen las investigaciones en muchas ocasiones denotan que no existe una visión clara para entender la magnitud, el alcance ni las diversas formas en que opera este flagelo en su complejo entramado. Peor aún, es cierto que el tema de la corrupción se ha convertido en algo de tanto valor mediático y político que hay sectores que han sido capaces de utilizarla como una herramienta para neutralizar o aniquilar ya sea a adversarios políticos o a colectividades enteras. Por otro lado, las investigaciones sobre la corrupción en América Latina y el Caribe develan que los niveles de corrupción gubernamentales son en realidad una pequeña parte de los que es la verdadera actividad expoliadora de las arcas públicas: la evasión de impuestos y el lavado de dinero. Tan solo en América Latina y el Caribe las personas más ricas solo pagaron el 4.8% de sus ingresos en 2019 pero debieron pagar 27%. Esta es una realidad que se repite por todas partes sin embargo las narrativas mediáticas solo se enfocan en la esfera pública como el problema central.
Es por eso que las acusaciones graves que hace el primer ministro de las Islas, Adrew Fahie, no pueden tomarse a la ligera precisamente porque las Islas Vírgenes Británicas son uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo. Acusar a Fahie de lavar dinero en uno de los más grandes paraísos fiscales es, cuando menos, sospechoso de selectividad, porque como decimos en Puerto Rico “son muchos los hijos del muerto”. En unas islas de 35,000 habitantes existen más de 400,000 empresas de todo tipo radicadas pero la inmensa mayoría son fantasmas, según afloró en los Pandora Papers. Las 400,000 firmas son suficientes como para una friolera de 18 empresas por habitante. En una extensión de 153 kilómetros cuadrados, las islas están repletas de playas paradisiacas e instalaciones turísticas pero no hay rastro de que las cientos de miles de firmas allí tengan infraestructuras y establecimientos significativos ni mucho menos que traigan bienestar a su atribulada población. De seguro que Fahie no es ningún santo, ni monje de la caridad, pero como él tiene que haber tantos que entonces uno se pregunta ¿cuál es la agenda detrás de esta movida?
En realidad, la situación en las Islas Vírgenes Británicas no está muy lejos de lo que ha ocurrido en Puerto Rico con la ley Promesa utilizando “la corrupción” o las deudas públicas como pretexto para acrecentar el dominio colonial. Eso mientras los grandes mogules lavan dinero a granel y evaden impuestos en sus paraísos fiscales en magnitudes que hacen languidecer cualquier comparación con el tema de la corrupción pública. Sobre esto hay cada vez más investigación científica y datos que lo corroboran.
Preocupa la propuesta británica de volver al colonialismo y la corrupción es simplemente una excusa. Preocupa todo el entramado alrededor de la imposición de la ley PROMESA como una herramienta que agrava la condición colonial del país y crea las condiciones para terminar de imponer un régimen económico neoliberal; y preocupa mucho la agenda conservadora y retrograda que se quiere imponer no ya solamente neoliberal sino regresando a las creencias ideológicas clásicas del liberalismo económico y político que predominó precisamente hasta antes de la Segunda Guerra y del proceso mundial de descolonización.
Quizás el reciente rompimiento de Barbados con la corona británica enarbolando la plena soberanía e independencia (Y parece que Jamaica va por igual camino) tuvo que ver en parte con su sospecha de que tales ideas imperiales continúan vivas y rondando en las mentes de algunos sectores políticos británicos reaccionarios asociados a los poderes fácticos. Su creencia y supuesto es decimonónico articulando la premisa racista de que los primitivos de las islas no se pueden ni tan siquiera gobernar por ellos mismos. Pero eso ocurre precisamente en un país repleto de escándalos de corrupción de todo orden y donde, como si fuera poco, su primer ministro violaba descaradamente las leyes que él mismo impuso con la pandemia celebrando “parties glamorosos” a troche y moche mientras el resto de la población estaba restringida a sus hogares.
¿Quizás sea propio entonces recomendar por dos años en igualdad de condiciones la supresión de la posición de primer ministro en el Reino Unido? El doble rasero y la ley del embudo es ahora la norma en estos tiempo raros que vivimos: de verdad que no es igual con violín que con guitarra como solía decir mi papá.
