CLARIDAD
Para la Junta de Control Fiscal (JCF) está bien pagarle $2,500 millones a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Aunque sigue siendo perjudicial para el Pueblo de Puerto Rico, la cifra que ha ofrecido le parece suficiente a la Junta, pero no así a los acreedores. El director ejecutivo de la JCF, Robert Mujica, quien parece estar muy a gusto con sus $625 mil al año, en enero cumple dos años en esa posición, con lo que ya se estaría ganando $1 millón 250 mil. Y según lo previsto, no se sabe cuánto tiempo más estarán la Junta y su director. A eso, hay que sumar que la anterior directora ejecutiva, Natalie Jaresko, se llevó $3,125,000 en sus cinco años incumbencia.
¡Ah, pero nuestros niños, niñas y sus familias perjudicadas por una política gubernamental indiferente —los del pleito de clase de Educación Especial de Rosa Lydia Vélez—, esos, la Junta pretende que se conformen con unos $5,100 dólares!
La jueza Laura Taylor Swain ordenó, el 11 de diciembre, a la JCF que continúe conversaciones con los representantes legales de las familias participantes del pleito. Recientemente, el director ejecutivo de la JCF dijo en una entrevista a El Nuevo Día que el pleito de Educación Especial había que resolverlo para seguir con el plan de ajuste de la deuda de la AEE.
A preguntas de CLARIDAD respecto a las declaraciones de Mujica, el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, representante legal del Sistema de retiro de la UTIER en el caso de la AEE, afirmó que la Junta dejó pendiente el caso de Educación Especial y no fue hasta el reciente junio que hizo un acercamiento a los abogados de las familias.
Emmanuelli Jiménez describió que la propuesta de la JCF representa un detrimento para las familias, ha creado dudas sobre el proceso, es una insuficiente e injusta a la luz de lo que han sufrido esas familias y, por último, va por encima del consejo legal de la jueza de establecer un procedimiento de negociación de mediación. Cuestionó el porqué la Junta quiere ahora saltarse el proceso e ir directamente a los reclamantes, cuando estos tienen representación legal. “Eso no se puede hacer, es antitético”.
Carmen Warren, portavoz del Comité de Madres y Padres del Pleito Rosa Lydia Vélez, en entrevista con este medio, relató que el día 6 de noviembre los padres empezaron a recibir notificaciones vía correo electrónico de una propuesta transaccional de la JCF en relación con la fase de daños en el pleito.
“Eso nos tomó de sorpresa. Sabíamos que hace un tiempo la Junta estaba tratando la manera de resolver el asunto, que tiene estancado no solo desde la fecha de la quiebra. Precisamente, para esa fecha ya se había iniciado un proceso para ver de qué manera se indemnizaba a la clase”. Se refiriere a que en el 2016, la jueza del Tribunal Superior de Puerto Rico, Gabriela Torres, estableció iniciar el proceso para identificar a los padres del pleito. Con la imposición de la Ley PROMESA se paralizó el proceso.
Warren narró que, en el 2019, unas 5,600 familias comenzaron a recibir una notificación de la JCF por correo postal, pese a que el equivalente real era alrededor de 16 mil reclamantes. La representación legal del pleito de clase había tenido algunos contactos con la Junta para que el caso se atendiera con justicia, ya que entendía que para esa fecha la clase ya no tendría que presentar daños porque ya el Gobierno de Puerto Rico los había reconocido.
“Ahora, la comunicación electrónica, el 6 de noviembre, llegó directo a los padres y luego fue dos semanas después enviaron a una carta por correo” denunció Warren. Es evidente que el caso no se movió. Describió que el documento electrónico es uno de más de 50 páginas, todas en inglés con términos legales. Al final incluye un resumen que dice que después de estos 44 años por la quiebra del país era una asignación por familia y no por individuo. Eso, no importa los daños”, denunció la madre de una niña de Educación Especial.
El documento además contiene un formato establecido por la Junta que dice que la persona tiene 60 días para contestar si acepta o no la oferta, y que en caso de no contestar, se entiende que a la persona no le interesa. Warren cuestionó qué pasara con las familias que no tienen correo electrónico ni un correo postal actualizado, por lo que seguramente hay mucha gente que no recibió ninguna notificación y se han enterado por las declaraciones del Comité.
La notificación también dice que, de aceptar, la persona tiene que esperar a todo el proceso de los reclamantes de Título III, en el cual son el turno 58, y que la cantidad no es garantizada. Según la JCF son 25 mil, a la cual por disposición de la Ley PROMESA, se le reduce a un 20.4 %. De ahí la cantidad de $5,100.
Añadió que sus abogados le plantearon a la JCF que no aceptaban ni rechazaban la propuesta, sino que había que tener conversación con la clase y que esta decidiera. “Eso nunca se dio, las conversaciones se quedaron truncas”.
Ante el proceder de la JCF, los representantes legales de las familias sometieron una moción a la jueza Swain en donde objetaron la notificación indebida de la Junta, los términos prescritos y la falta de ofrecimiento de alternativas. La portavoz del Comité denunció que no ha habido una actitud de buena fe de parte de la Junta, a la que incluso le han presentado una propuesta en que ya se había trabajado dividir en fases los daños. Esta propuesta había sido aceptada por el Departamento de Educación y el tribunal. “No es lo mismo los estudiantes del 80, 90”, reconoció, y defendió que una propuesta de dividir los daños por fases es una manera adecuada y justa, adaptada a la realidad de los daños.
La portavoz del Comité Timón del Pleito Rosa Lydia Vélez trajo el ejemplo de que una de las acciones que se ha reclamado desde el principio es que el Gobierno, como un acto de restitución, cree otros programas de servicios para los niños hoy adultos, como prepararlos para una vida independiente y proveerles servicio de amas de llaves. Describió que muchas madres solas de estos niños y niñas no pudieron trabajar, por lo que ni siquiera reciben Seguro Social, y que fuera de la asistencia del Programa de Alimentos, no reciben ninguna otra asistencia.
Muchos de los menores participantes del pleito ya se han convertido en adultos.
