CLARIDAD
Cuando este viernes entren en vigor las cesantías del 50% de la fuerza laboral del Departamento de Educación de Estados Unidos, el gobierno federal habrá efectivamente desmantelado aquellas oficinas encargadas de monitorear el uso adecuado de fondos y que se cumplan con las garantías de acceso a la educación para todas las personas. Estas políticas del gobierno de Donald Trump han sido descritas como racistas tanto por defensores de derechos civiles como críticos de la administración por igual.
El efecto de los recortes repercutirá en las agencias locales, incluyendo Puerto Rico, que recibirán menos o ninguna orientación para el cumplimiento con las regulaciones; así como en los estudiantes, que tampoco contarán con asistencia para solicitar becas para proseguir a estudios de educación superior.
“En el fondo, son decisiones irresponsables, crueles y racistas”, comentó a CLARIDAD una fuente que ha trabajado de cerca con Educación federal, pero por razón de su trabajo pidió no ser identificada.
Se refirió así a los recortes que afectaron más desproporcionadamente al Instituto de Ciencias de la Educación (que analiza las brechas educativas en la población), la Oficina de Ayuda Federal a Estudiantes (maneja las becas de educación superior), la Oficina de Derechos Civiles (investiga quejas de discrimen en servicios educativos) y la Oficina de Adquisición del Idioma Inglés (que enseña la lengua a inmigrantes), según datos del sindicato de empleados de Educación federal que fueron divulgados en medios estadounidenses.
Similarmente, la jefa de política y asuntos legislativos de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas Negras (NAACP, en inglés), Patrice Willoughby, dijo a Inside Higher Ed que la consecuencia de estas medidas será un mayor racismo institucional y la falta de recursos para los estudiantes de color. “Si no hay datos, no hay problema, y si no hay problema, no hay solución”, dijo Willoughby.
El jueves, 14 de marzo, la agencia informó el despido de 1,315 trabajadores, y que otros 572 empleados se habían acogido a programas de incentivo de renuncia. Esto deja a Educación Federal con escasamente 2,183 empleados.
La entidad liderada por Linda McMahon argumentó que este achicamiento redundaría en “mayor flexibilidad para que las agencias locales estatales determinen cómo mejor servir a sus estudiantes”. Todas las divisiones del Departamento se vieron afectadas por la reducción, y algunas de ellas requieren una reorganización significativa.
“No es que nos van a quitar el dinero… es que están diciendo que no les importa cómo [las agencias locales] usan el dinero”, agregó la fuente de CLARIDAD.
De hecho, la administración ha asegurado que los fondos seguirán llegando a los estados y las agencias locales. Un análisis de Prensa Asociada encontró que los estados republicanos y que más votos otorgaron a Trump en las elecciones de 2024, reciben un mayor porcentaje de fondos federales con respecto al total de los ingresos de educación primaria y secundaria. Este financiamiento típicamente se calcula por medio de fórmulas que consideran la cantidad de estudiantes y el nivel de pobreza.
Este lunes, el senador Bernie Sanders, miembro principal de la comisión del Senado que supervisa la política educativa, y 37 demócratas argumentaron en una carta a la Secretaria McMahon que los recortes de personal serán “devastadores” para los estudiantes, y que se trata de un intento de “abolir ilegalmente el Departamento de Educación”. “Sin el Departamento de Educación, no hay garantías de que los Estados respeten los derechos civiles y educativos de los estudiantes”, lee la carta.
Los demócratas expusieron que las consecuencias incluyen la incapacidad del Departamento para “cumplir funciones críticas, como garantizar que los estudiantes puedan acceder a la ayuda financiera federal, defender los derechos civiles de los estudiantes y garantizar que la financiación federal llegue a las comunidades con prontitud y se gaste bien”.
“Nos alarma profundamente que los casos se queden sin investigar y que, como consecuencia, los estudiantes se encuentren en entornos de aprendizaje inseguros”, puntualizaron.
Asimismo, un grupo de 21 fiscales generales demócratas demandó a la administración Trump para detener el desmantelamiento del Departamento de Educación federal.
En un comunicado oficial, el primer ayudante del secretario adjunto de la Oficina de Educación Elementaria y Secundaria de la agencia federal, Hayley B. Samon, indicó que se redujo la fuerza laboral que maneja los fondos temporales de alivio de la pandemia por COVID-19, así como empleados de la Oficina de Educación Especial y Rehabilitación Vocacional que trabajan con políticas, operaciones y funciones administrativas.
“El personal está trabajando en proveer una actualización a los estados sobre qué esperar de los reembolsos [de COVID-19] en adelante. La información sobre esta transición se anunciará próximamente”, lee la misiva pública, con fecha del 14 de marzo.
La administración requirió que todos los pagos futuros en virtud de la Ley CARES (por la emergencia de COVID-19) y otras leyes relacionadas deberán ser abonados por adelantado y remitidos posteriormente al Departamento de Educación de EE.UU. para su reembolso. Según el portal de la Autoridad para el Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), ya a Puerto Rico le desembolsaron la totalidad de los $2,230 millones que le fueron asignados por la Ley CARES, por lo que al cierre de esta edición, no estaba claro el efecto, si alguno, que tendría esta política.
A continuación, otros cambios impulsados por la administración Trump y de McMahon que denotan su política pública a favor de la privatización y la poca intervención del gobierno federal, incluso, para velar por los derechos civiles de poblaciones tradicionalmente marginadas y segregadas.
- El Departamento de Educación de EE.UU. frenó la influencia del gobierno federal en la concesión de subvenciones estatales del Programa de Escuelas Autónomas (“Charter”). Es decir, que ya no revisarán el modo en que los estados aprueban la autorización de determinadas entidades.
- Canceló 18 subvenciones por un total de $226 millones para el Programa de Centros Integrales. Estas subvenciones se destinaron a una red de centros regionales y nacionales financiados para prestar a los Estados y territorios servicios de “desarrollo de capacidades”.
- Puso fin a más de $600 millones en subvenciones para adiestrar a maestros y organismos educativos en la Teoría Crítica de la Raza, la Diversidad, la Equidad y la Inclusión (DEI), el activismo por la justicia social, el «antirracismo» y la instrucción sobre el privilegio y la supremacía de la raza blanca. Esta política va de la mano con la eliminación de todas las guías, el personal y los consejos asesores encargados de velar por la DEI en la agencia.
- Canceló más de $350 millones en contratos y subvenciones a Laboratorios Regionales de Educación y Centros de Ayuda a la Equidad, que la secretaria consideró formaban parte de la agenda “woke”.
Al tiempo en que recortan estos gastos en la educación pública, agilizaron el proceso de desembolso de fondos para escuelas charter, según un comunicado de prensa de la agencia.
