Especial para CLARIDAD
El corralito financiero es una restricción impuesta por un gobierno para impedir la salida y libre disposición de los depósitos bancarios. El término se hizo famoso en diciembre de 2001 cuando se decreto en Argentina y se mantuvieron retenidos los depósitos hasta diciembre de 2002. Para 2015, Grecia recurrió a este recurso ante la celebración de un referéndum sobre el tema de la deuda.
En la colonia que vivimos nos han impuesto un corralito por niveles, dirigido a restringir el uso de fondos públicos y sus propósitos, no así los depósitos privados, por ahora. El corralito colonial afecta negativamente y principalmente a la clase trabajadora, a quienes dependemos de un ingreso producto del trabajo, las pensiones, pequeñas empresas y oficios técnicos y profesionales. Veamos.
Ante el agotamiento del modelo económico del estado libre asociado para la década de 1970, entiéndase exención contributiva a empresas foráneas y mano de obra barata, los administradores coloniales recurrieron al endeudamiento mediante la compra y venta de bonos. “Coger prestado” se vendió ante el país como algo positivo, sencillo y legitimo. La deuda se promovió a nivel individual, de empresas y de gobierno. De esta manera se obtenía dinero para obras, para refinanciar deuda y para pagos y operaciones recurrentes. Cuando se llego al máximo de lo permitido en la constitución colonial, se inventaron una deuda “extra constitucional”. Todo ello con la aprobación de la estructura financiera del imperio.
A partir del 1980 cada gobernante promovió sus medidas neoliberales, reducir el gobierno, promover la privatización de servicios públicos y desreglamentar toda legislación que protegiera el trabajo, las comunidades, el ambiente, la educación y la salud, entre otros servicios colectivos. La oposición a estas medidas la protagonizo el movimiento sindical de entonces.
Ya para el 2004, con la deuda al máximo, se añadió un impuesto al consumo, IVU, el cual fue politizado por los partidos de mayoría al punto de que muchos lo aceptaron y hasta marcharon por su aprobación. Lo que no decían al pueblo trabajador era que la deuda limitaba la obra y razón del estado de bienestar y por otro lado, los impuestos de todo tipo reducían la capacidad de compra de los asalariados y a quienes menos ingresos tenían. Las divisiones dentro del movimiento sindical eran obvias.
En diciembre de 2008, sin aun tomar posesión el nuevo gobernante, la clase rica presento una propuesta de reestructurar y rehabilitar la situación fiscal del país. Las medidas, reconocida por el nuevo gobernante como una “medicina amarga” propuso el despido de 30 mil empleados públicos, privatización de empresas bajo la modalidad de alianzas publicas privadas, nuevos intentos de desreglamentar y el control judicial para favorecer las interpretaciones de las controversias, así como fortalecer el aparato represivo del estado. El endeudamiento fue mayor a otros gobernantes y se promovió mediante legislación la llegada de millonarios que a cambio de residir en el país e invertir, no pagan contribuciones por su riqueza.
Para el cuatrienio del 2013, el nuevo gobernante, asumió el discurso de cumplir con las obras ya iniciadas de privatizar, aprobó nueva deuda para pagar viejas deudas e intento recibir apoyo del movimiento sindical mediante una política de apertura y el nombramiento de funcionarios que no eran de su partido. Aprobó legislación para extender “la medicina amarga” y creo un grupo a cargo de ex funcionarios del Fondo Monetario Internacional que rindieron un informe de recomendaciones (Informe Kruger) para limitar servicios básicos de educación, salud, trabajo y empleos. El pliego de medidas de austeridad no logró aliviar los intereses de los bonistas, inversionistas y empresarios foráneos lo que llevo al país al impago de la deuda. Ya se sentía el debilitamiento del movimiento sindical.
Entonces, en pleno 2016, el imperio se reafirmo una vez más en sus poderes plenarios para poner en sindicatura al país, a los gobernantes, a los legisladores, alcaldes y judicatura colonial. Aprobó la Ley PROMESA con el objetivo de hacer pagar una deuda odiosa, restaurar el crédito del país y establecer una ruta sobre servicios esenciales, con énfasis en la privatización. Para ello la Ley PROMESA creó una Junta de Control Fiscal y delego en una jueza de distrito federal todo el poder de interpretar las controversias fiscales.
Ya el corralito estaba construido. Ningún puertorriqueño puede aspirar a gobierno propio, a que se aprueben leyes en protección del bien común, el ambiente, el trabajo, que se regulen los permisos de hacer negocio u obra privada en el país. La Junta lo controla todo y nosotros pagamos el costo de esa Junta.
Aquel que no desee vivir dentro del corralito, o que no pueda sobrevivir en el por falta de empleo o pérdida de ingresos, puede mudarse al imperio. Como consecuencia hay menos puertorriqueños y sobran tierras para la venta. En el 2017 se legislaron toda una serie de leyes especiales al amparo de PROMESA como fundamento para así continuar eliminando convenios colectivos, derechos a los trabajadores públicos y privados, continuar con la privatización, eliminar derechos humanos mediante la reducción de servicios esenciales y reducir los controles y permisos requeridos a los empresarios.
Al corralito colonial la Junta de Control le quiere hacer un techo basado en dos instrumentos, los planes fiscales y el Plan de Ajuste de la Deuda. Ambos recursos buscan pagar la deuda en términos favorables a los bonistas. El dinero para pagar surge de las reducciones operacionales de los servicios que el gobierno debe dar. También se incluyen compromisos de pago de hasta 40 anos, como los impuestos al consumo y su rendimiento a favor de los bonistas. Este falso techo pretende que no veamos alternativas al problema colonial.
Lo complejo de este proceso del coloniaje implica un pueblo dividido entre quienes quieren superar la colonia y quienes la afirman de diversas maneras. Existen instituciones norteamericanas que junto a los partidos políticos norteamericanos mantienen el nudo colonial. Los fondos federales que llegan hoy por miles de millones, ya sea por vía gubernamental o por medios privados nublan el sentido a muchos.
El corralito está construido. Como vamos a ir rompiendo las paredes del corralito, como vamos a localizar las grietas que debemos ampliar para que caigan las paredes es la tarea. La educación y organización de nuestro pueblo siempre ha sido la prioridad. Estas tareas tienen que ser asumidas por los sectores más afectados, la clase trabajadora en todos sus matices, niveles y expresión. El movimiento sindical, los trabajadores de la Cultura, las comunidades, los ambientalistas, las iglesias comprometidas y muchos más tienen mucho que aportar.
El concepto de corralito proviene del corral de infantes. Cuando el infante crece y aprende a andar, se sale del corral. Esa es la receta, crecer, andar y salirnos del corralito colonial.