Especial para CLARIDAD
Desde que los sectores conservadores de la más recalcitrante derecha ganaron las elecciones en noviembre de 2024 en Estados Unidos, se han confirmado los temores, las premoniciones, las pesadillas de las organizaciones y personas que estamos en las trincheras de lucha por la defensa de los derechos humanos. El ataque es visceral para echar atrás las reivindicaciones de las mujeres, de la comunidad LGBTQ+, de las poblaciones migrantes que sueñan con un mejor porvenir, aunque ello conlleve cruzar montañas, desiertos, ríos, enfrentar grandes peligros y exponerse al tráfico humano. El abuso de poder y la falsa democracia también han impactado a las personas con diversidad funcional, a las que son marginadas y sufren el menoscabo de su dignidad por razón de raza, color de piel, origen social e ideas políticas. En fin, se ha convertido en blanco de ataque toda la gente que es parte de la diversidad que el gobernante de Estados Unidos considera maldita, pero que en realidad son parte esencial de la humanidad y constituyen la riqueza de los Pueblos.
En el hermoso archipiélago borincano la realidad también dejó atrás lo imaginable. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que compite por el premio del más conservador hasta con su imagen en el espejo, abrió las compuertas en enero pasado con la presentación de docenas de proyectos al inicio de la primera sesión Legislativa del gobierno de Jenniffer González. Desde la mal llamada e innecesaria “Ley de Libertad Religiosa” que ya fue firmada por la gobernadora, la lista de propuestas para imponer su visión ideológica y partidista es apabullante. El derecho de las mujeres y personas gestantes a tomar las decisiones relacionadas con su salud sexual y reproductiva, lo que incluye tener o no tener crías, cuándo y con quién, así como llevar a término o interrumpir un embarazo no deseado, ha sido uno de sus objetivos favoritos. Siempre ha sido agenda de la ideología patriarcal el control de las vidas de las mujeres mediante la intromisión en la toma de decisiones sobre sus cuerpos y la maternidad, pero tanto en Estados Unidos como aquí, nos están dando las tres tazas del caldo que no queremos.
De la cuestionable y deficiente por demás acción legislativa de estos primeros seis meses, destaco en esta ocasión el proyecto del Senado 504, que conlleva enmiendas al Código Civil que se aprobó y entró en vigor en el 2020. La revisión de tan complejo marco jurídico de 1930 conllevó un prolongado, difícil y controversial proceso de discusión que involucró a muchas personas expertas en Derecho y a sectores interesados que comentaron diversos borradores, hicieron propuestas y participaron en las vistas públicas que se llevaron a cabo. Entre los malos recuerdos está la ex representante María Milagros Charbonier, entonces presidenta de la Comisión de Jurídico y hoy presa federal por corrupción, quien tuvo a cargo la responsabilidad de la legislación. Aunque el Código incluye todos los temas relacionados con el derecho privado, uno de los más controversiales fue el Libro de “Relaciones Jurídicas” en el cual se define cuándo se es persona y ésta comienza a ser sujeta de derechos. El P. del S. 504 propone cambiar los artículos 67, 69 y 70 para establecer que “el ser humano en gestación”, nasciturus o feto “es persona natural en cualquier etapa de gestación dentro del útero”, que sus derechos hereditarios están sujetos a que nazca y que esos derechos no “menoscaban la potestad de la mujer en gestación de tomar decisiones sobre su cuerpo.”
El proponente del Proyecto pretende hacer creer que las enmiendas tienen el propósito de disipar cualquier duda respecto a que la intención legislativa con el código de 2020 era reconocer como persona natural el producto de la fecundación del óvulo y espermatozoide desde ese momento. Pero, de lo que se trata es de imponer un criterio ideológico sobre cuándo se es persona. La realidad científica, al margen de las creencias religiosas que no pueden regir el Derecho por lo numerosas y variadas que son, fija el momento cuando ocurre el parto y hay vida independiente de la mujer y persona gestante que tuvo el embarazo. Es más que claro que, tratándose de un asunto que fue y continúa siendo objeto de tanta controversia, las personas que trabajaron el Código habrían redactado de forma expresa que se es persona desde la fecundación, lo que no ocurrió. Sí le reconocieron derechos al concebido no nacido para lo que le fuera, favorable como son los derechos hereditarios.
Las enmiendas que plantea el Proyecto, comprometen la libre determinación de las mujeres y personas gestantes a tomar decisiones sobre sus cuerpos y un posible embarazo, aun cuando se incluya una afirmación de que los derechos del nasciturus no menoscaban los derechos de las mujeres a tomar decisiones sobre su embarazo. La interferencia es evidente y, lo menos que ocurrirá es que se multiplicarán las controversias legales cuando entren en contradicción el derecho a la intimidad y a la dignidad del ser humano protegidos por la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico (Artículo II, Secc.1 y 8 y los derechos del Nasciturus. Como señaló el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en su Memorial de oposición al Proyecto, el derecho a la intimidad incluye la autonomía de las personas. Pretender que los embriones, fetos, sean considerados personas, independientemente de cuál sea el momento de la gestación afectará también tratamientos médicos para la fertilidad de las mujeres y personas gestantes que desean, pero tienen dificultades para procrear, así como los métodos de concepción in vitro. La agenda de la derecha conservadora es eliminar el derecho a la autonomía de los cuerpos de las mujeres, protegido por el derecho a la intimidad que garantiza la Constitución de Puerto Rico, lo que incluye la libertad de terminar un embarazo no deseado en consulta con la médica o médico. Aquí el derecho al aborto es legal, no importa los desatinos de la Secretaria de Justicia en sus expresiones públicas.
Al momento en que escribo esta columna, el P. del S. 504 está atascado en la Cámara de Representantes, no necesariamente porque vayan a hacer una evaluación ponderada de la propuesta, sino por la falta de eficiencia de los cuerpos legislativos y el tajureo partidista tan frecuente en El Capitolio.
Los esfuerzos de quienes prevalecieron en las elecciones del pasado noviembre deberían dirigirse a atender los incontables problemas que enfrentan los sectores más necesitados en nuestro país, como la extrema pobreza en la cual viven 382, 987 niñas, niños y jóvenes, según datos del Instituto del Desarrollo de la Juventud; o las calamidades que la población de educación especial enfrenta durante el año escolar para recibir la educación apropiada a la cual tienen derecho; o a desarrollar estrategias eficientes para prevenir la violencia machista que durante este mes de junio ha sido causa de 12 feminicidios.
La actual sesión legislativa en Puerto Rico culminará el 30 de junio, pero la agenda de la derecha continuará en agosto y durante tres años más. El Partido Nuevo Progresista tiene los votos para aprobar lo que quieran y no son pocas las veces en que la delegación del Partido Popular Democrático casi se viste de azul para apoyarles. En Estados Unidos Trump no se cansa de inventar políticas ejecutivas de acoso y menoscabo de derechos hacia los sectores que desprecia. El peligro que emana de su presidencia se ha agravado por el entusiasmo con que se ha entrometido en los conflictos bélicos de otras naciones, pero sobre los que gravitan los intereses económicos y políticos de Estados Unidos.
Ante la Derecha que avanza tenemos un solo camino: la lucha y resistencia, según palabras del patriota Oscar López Rivera.
