CLARIDAD
Un tema complicado cuyas causas tienen que ver con la economía, los aspectos demográficos, la falta de servicios médicos, el alza en el costo de la luz, las Leyes 20 y 22, la pública dependiente del Gobierno de Estados Unidos y el desplazamiento y la sustitución de la población ha estado siempre presente en la historia de Puerto Rico.
Estos y otros aspectos quedaron expuestos en el conversatorio Ni nos mueven ni nos vamos: el derecho a quedarnos, auspiciado por CLARIDAD. En el foro que se presentó en el Teatro Bertita y Guillermo Martínez del Conservatorio de Música de Puerto Rico participaron la doctora Yarimar Bonilla, directora del Centro de Estudios Puertorriqueños (CEP) del Hunter College, Nueva York; la licenciada Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de la organización Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR); el economista e investigador del Centro para una Nueva Economía (CNE), doctor Raúl Santiago Bartolomei, y el planificador José(Tato) Rivera Santana, moderador.
Una vista somera sobre lo que está sucediendo ahora en Puerto Rico con la vivienda apuntó a que, entre el 2018 a 2022, el índice de precio de la vivienda subió en 27 % en comparación con el aumento de la mediana de salario en ese mismo periodo, que fue de 9 dólares. Es decir, que el precio de compraventa va más rápido que los salarios, tanto, que la posibilidad de ser propietario de un hogar está cada vez más alejado para las personas, sobre todo después del huracán María, indicó Santiago Bartolomei.
Aclaró que el mercado de vivienda en Puerto Rico es uno segmentado, por lo que no hay un solo mercado de vivienda. Está el mercado de vivienda de Sección 8, que no se comporta igual que el mercado de vivienda de alquiler de lujo y la vivienda de compraventa con préstamos de seguros FHA, el cual no es igual que el mercado de vivienda de lujo, como el que hay en el pueblo de Dorado.
Continuó con que el precio unitario de vivienda (PUV) que quiere decir dólares por pie cuadrado de compraventa, es uno altamente desigual, lo que significa que no todos los sectores están pasando por el mismo proceso de venta. Mientras hay lugares que han aumentado en más de 200 % de precio, hay otros lugares en que los precios de las viviendas van cayendo.
Debido a que los precios de las viviendas reflejan los precios de suelos, los lugares donde han aumentado en más de 200 %, los precios están atados a la disposición de servicios, así como empleos, por lo tanto, son esos lugares los que están encareciendo versus los lugares que están en deterioro que carecen de una inversión pública y privada de servicios. “Eso lo que implica es que tenemos un Puerto Rico más desigual”.
Esta desigualdad se refleja en lo que se llaman geografías de oportunidad o áreas de oportunidad. Es en estos escenarios donde se da el mecanismo de la especulación de la vivienda de alquiler a corto plazo. La vivienda a corto plazo se ha convertido en un vehículo que facilita la especulación a través de tecnologías a distancia que permiten el arrendamiento en tiempo récord desde todas partes del mundo. Eso aumenta la especulación, destacó.
Santiago Bartolomei indicó que esta actividad se estaba dando antes del huracán María, mas reparó en que se está dando sobre todo ahora. Hay lugares como San Juan, Rincón y Vieques donde una tercera parte de las unidades de vivienda para alquiler están bajo la modalidad de corto plazo. En el caso de la Isla Municipio de Vieques, precisó que el 15 % de las unidades de vivienda son para alquiler a corto plazo y que en la isla municipio de Culebra la situación es peor: las unidades de alquiler ocupan el 100 % de las viviendas, allí no hay vivienda pública ni vivienda subsidiada de Sección 8. Es decir, no hay alternativas asequibles para la ciudadanía.
Según el investigador, el problema de acceso a una vivienda está atado además a problemas estructurales de cómo se transformó la economía de Puerto Rico, sobre todo después de cesar el beneficio contributivo de las 936 y, por supuesto, después del impacto del huracán María, además de que el Gobierno de Puerto Rico este ha delegado su política pública de vivienda asequible a los llamados programas federales. Si la política del Departamento de la Vivienda de EE. UU. en una época fue la construcción de vivienda pública, los llamados residenciales públicos y luego la sección 8, ahora la vivienda mixta es la que acoge el Gobierno de Puerto Rico. Esto convierte al gobierno en un facilitador del sector privado, el cual siempre ha dependiendo de subsidios para la construcción de vivienda.
El investigador del CNE repasó que en la década de los 70, cuando los bancos locales disponían de los depósitos de las ganancias de las 936, la banca aprovechó esa liquidez para sufragar viviendas muchas veces en contra de sus propios reglamentos. En fin, luego de esa inversión hubo viviendas que nadie estaba comprando y ahora, después del huracán, la serie de leyes aprobadas, entre ellas las leyes 20 y 22, han provocado que haya un mercado a sobreprecio; pero todavía hay una necesidad de vivienda asequible que nadie está proveyendo.
Los diversos niveles de desposesión
Por su parte, la directora ejecutiva de Ayuda Legal, licenciada Godreau Aubert, describió que hay un proceso para desposeer de la vivienda de forma paralela, que viene con las políticas de austeridad gubernamental. Por ejemplo, después del huracán María, el Gobierno aprovechó la coyuntura para empezar a decir que el 50 % de la población no tiene un título de propiedad formal. La falta de un título formal censuró crea una subcategoría de dueño no reconocida.
“Eso lo que significa es que, literalmente, se convierte en un proceso de limpieza; que comunidades por categoría de raza, condición social no tienen en estos momentos la categoría, la capacidad de ser identificadas legalmente como capaces de tomar decisiones, pedir asistencia para reparar y para construir. Incluso, por no tener un título de propiedad empezaron a negar las ayudas federales”.
A la misma vez se da el proceso de contratar a desarrolladores privados con exenciones contributivas enormes, lo que en la práctica limita el tener vivienda asequible por un periodo de tiempo. La manera en que funciona es que el gobierno financia un proyecto de vivienda durante un determinado periodo de tiempo y esa vivienda se considera como una vivienda pública asequible, finalizado ese periodo, pierde esa clasificación y entonces el desarrollador puede aumentar la renta. La situación de los residentes del edificio Bayola en Santurce es un ejemplo de esto. Ese proceso de especulación termina siendo un subsidio para los desarrolladores, señaló.
Otra situación que explicó a la audiencia, que se está dando en la isla e incluso dijo se está estudiando en lugares de Estados Unidos, es cuando una familia pone su inversión de vida en la casa, pero no tiene título de propiedad y de momento la destruye un huracán. En la casa ya no está toda la familia, solo queda una persona. Para el gobierno, esta solo tiene derecho a reconstruir la casa con un cuarto. Describió que en inglés este proceso se conoce como pérdida en la capacidad de capital, el cual la familia pudo acumular y a la vez se convierte en herencia para las familias futuras. Lo que se está viendo es que se convierte en un sistema de asedio que facilita el enriquecimiento a unos sectores con estos procesos.
En el caso de Puerto Rico, las leyes 20 y 22 (ahora Ley 60) forman parte de ese marco legal dirigido a un proceso de sustitución de población o desplazamiento que ya estaba ocurriendo en lugares como Loíza y el Viejo San Juan.
Los que emigran
En tanto, la directora del Centro de Estudios Puertorriqueños (CEP) del Hunter College, Nueva York, expuso que los patrones encontrados de los puertorriqueños que emigran, en particular hacia Nueva York, en mayor proporción son familias con niños motivados por tener una mejor educación y un mejor empleo por el alto costo de vida en la isla. Las estadísticas disponibles que corresponden al 2019 revelaron que había una correlación entre el pago de renta y la emigración. La emigración aumentaba entre las personas que tenían que dedicar más del 30 % de sus ingresos al pago de renta. Esa cifra se considera una renta onerosa.
Ya en la gran ciudad, se encuentra que los puertorriqueños en la diáspora proporcionalmente no son dueños de sus hogares, sino que son alquilados. Aclaró que se puede pensar que estos son los recién llegados; pero no es así, el hecho es que solo el 40 % de los puertorriqueños que viven en EE. UU. son propietarios de sus hogares. Bonilla no ocultó su asombro al considerar que en Nueva York, la ciudad que es un lugar histórico de comunidad puertorriqueña, solo el 27 % es dueño. La investigadora encontró que el pago de la renta es más alto entre los puertorriqueños que en la población estadounidense en general. El 52 % de la población boricua en EE. UU. tiene una renta mayor en proporción a sus ingresos.
Bonilla expuso que en el tiempo que lleva estudiando el desplazamiento ha concluido que los impactos se sienten alrededor de la isla. Antes del desplazamiento hacia EE. UU., hay un desplazamiento dentro de los municipios.
“Muchas personas se encuentran con unos retos increíbles, pero no lo hablan. Los puertorriqueños de allá siguen pendientes a lo que está pasando aquí y sienten la misma pasión. Son bien preocupados por los desplazamientos porque allá también los han desplazando hacia el norte, no a la ciudad de Nueva York, a donde tanto aportaron. En Puerto Rico siempre se ha visto la emigración como una forma de escape”.
GRACIAS a los(as) panalistas por aceptar nuestra imvitación y atodas las personas que se dieron cita para ese importante conversatorio.
