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A mas de un mes de la celebración de vistas públicas del borrador de la Declaración de ImpactocAmbiental DIA) del pretendido proyecto Esencia, en Cabo Rojo, todavía la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) no ha emitido su decisión.
En conferencia de prensa este martes Día del Planeta Tierra, frente al edificio del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que también acoge a la OGPe, la coalición de organizaciones que integran el movimiento Defiende a Cabo Rojo, denunció el silencio de ambas agencias y reiteraron la amenaza catastrófica que representa el mega proyecto impulsado por los intereses multimillonarios de las firmas foráneas Reuben Brothers y Three Rules Capital. La coalición exigió a la OGPe a que rechace la DIA y a que cancele el proyecto “Esencia”, debido a que la evidencia presentada en las vistas públicas demostró serias violaciones a leyes y reglamentos, uso de información falsa y manipulada, omisiones graves y alteración de documentos, lo que además de implicar razones suficientes -alegaron- para descartar de inmediato el proyecto, podría constituir delitos. “Es deber de la agencia investigar, y de ser necesario, radicar cargos criminales contra quienes han intentado engañar al país. ¡Exigimos que así sea y que los proponentes reparen los daños y gastos ya causados al pueblo de Puerto Rico!”, expresó una de las portavoces en la conferencia de prensa, Gabriela Rocafort.
De igual forma le exigieron al secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, a que asuma su responsabilidad ministerial y haga valer las leyes y reglamentos sobre los que fue instituida la agencia y se oponga tanto a Esencia como al resto de proyectos que se están impulsando en distintas zonas de nuestro archipiélago, tales como Aguadilla, Rincón, Fajardo, Loíza, Ceiba, San Juan (Escambrón), Vieques y Culebra, los cuales describieron como ecológicamente nefastos.
A su vez señalaron al presidente del Senado, Thomas Rivera Shazt, como uno de los exponentes con una agenda destructiva, al ser el proponente de los proyectos PS 79 y PS 81, los cuales proponen agilizar los procesos de permisos de una forma irresponsable.
El licenciado Francisco Vargas Alcántara, denunció que no fue hasta hace poco que descubrieron los proyectos, los cuales fueron a vistas publicas este cuatro de abril. Ambos proyectos pretenden quitarle al DRNA su facultad de que las recomendaciones que emita la agencia a proyectos como Esencia no sean vinculantes. Reveló además que el secretario del DRNA en la vista pública dijo que iba a obedecer la política publica de los procesos de descentralización, postura que calificó va en contra de la política publica, que dice que el DRNA tiene que defender y proteger los los recursos naturales y ambientales.
“Estos proyectos representan una puñalada a traición contra el pueblo de Puerto Rico y sus recursos naturales, pues facilitan la explotación de la corteza terrestre y la destrucción de nuestros sistemas naturales”.
Sobre el deslinde de la zona marítimo terrestre (ZMT), del proyecto, Vargas Alcántara, indicó que desde el mes de marzo un grupo de 30 ciudadanos de Cabo Rojo le solicitaron vistas públicas al DRNA, relacionado al deslinde de Esencia. El deslinde fue impugnado por la falta del debido proceso de ley. “Quisiéramos saber por qué el DRN sigue cerrando las puertas a la comunidad científica y a la comunidad de Cabo Rojo de por qué no quiere oírnos”.
Ademas reveló que como parte del expediente de la DIA del proyecto las recomendaciones del Cuerpo Técnico del DRNA, la cual se supone sea la postura de la agencia, dice que la DIA presentada no discute adecuadamente los impactos propuestos por el proyecto.
“Ahora lo que no entendemos cuando el secretario da entrevista no menciona el documento del Cuerpo Técnico, las personas que de verdad si entienden que esto no es viable eso es lo que debe salir de su boca, respetar lo que dice su cuerpo técnico”, reclamó Vargas Alcántara.
En la conferencia de prensa se expusieron ocho de los puntos mas relevantes de la DIA los cuales afirmó la coalición Defiende Cabo Rojo, quedaron al descubierto durante las vistas públicas. Entre estos se desmintió que;
El proyecto sea uno de de baja densidad de que ocupará menos del 25% del terreno. Múltiples deponentes evidenciaron que los proponentes solo consideran como impacto la huella de las edificaciones, excluyendo los campos de golf, áreas de paisajismo y otras alteraciones. De hecho, los especialistas demostraron que el impacto real, al considerar todos los impactos directos, indirectos y acumulativo abarca entre 80% a 100% de las 1,549 cuerdas de terreno.
Que habrá accesos públicos a las playas. En la DIA se indica que los accesos públicos se encuentran luego de acceder por una entrada privada. El Reglamento Conjunto 2023 requiere que los accesos públicos no tengan obstrucción y se traspasen al Municipio, lo cual no se indica en la DIA.
La DIA presentó información falsa con relación al estudio de Categorización de Hábitat, pues no se usaron los métodos establecidos por el DRNA y el estudio fue realizado por arquitectos, cuando es requisito que se lleve a cabo por biólogos con vasta experiencia en vida silvestre.
Se presentó evidencia irrefutable de que el Plano Conceptual en la DIA fue alterado. Se cambió el color y la textura del área de humedales colindante a uno de los campos de golf y sección de residencias. De esta forma, se encubren los impactos al manglar y salitrales.
Para colmo las firmas foráneas billonarias que proponen el mega proyecto ya han recibido créditos contributivos de $497.7 millones y exenciones del CRIM, IVU, patentes y contribuciones, lo cual equivale a la mayoría de su supuesta “inversión”.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes activistas y profesionales de larga trayectoria ambiental como el científico ecólogo, Ariel Lugo, el planificador conocido como El Urbanista, Pedro Cardona Roig, el experto en Derecho Ambiental, Pedro Sadeé Lloréns, el miembro de la Sociedad Geológica de Puerto Rico, Angel Alicea, el portavoz de Toabajeños en Defensa del Ambiente, Juan Camacho, miembros del
Sierra Club y la licenciada Mariana Nogales , todos se expresaron en contra del proyecto. En el caso de Nogales, quien preside la Comisión de Derecho Ambiental y Recursos Naturales del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico, puso a disposición los recursos del Colegio par asistir a los activistas de desobediencia civil pacifica.
