El juez del Tribunal Superior Sala de San Juan, Arnaldo Castro Callejo, emitió una resolución de ‘No ha lugar’ a una moción de desestimación presentada por 11 funcionarios de la Universidad de Puerto Rico (UPR), quienes fueron demandados por la Junta de Gobierno del Sistema de Retiro de la UPR.
Los funcionarios, entre los que se encuentra el expresidente de la institución, Luis A. Ferrao Delgado, la Junta de Gobierno UPR y otros altos funcionarios universitarios fueron demandados, todos en su carácter personal, por haber incumplido con sus deberes éticos, fiduciarios y legales al dejar de hacer el pago de las aportaciones patronales presupuestadas para el Fideicomiso del Sistema de Retiro durante el año fiscal 2023-2024.
“Es momento de que los funcionarios universitarios respondan al país por las acciones e inacciones temerarias que han ejecutado frente a nuestro fideicomiso de pensiones. Nos sentimos sumamente satisfechos con la decisión de nuestros tribunales en declarar no ha lugar la moción de desestimación. Creemos y estamos plenamente convencidos de que nuestra causa es justa y esperamos que en su día el tribunal conceda los remedios que hemos solicitado”, dijo Luis Vicenty Santini, presidente de la Junta de Retiro UPR en comunicado de prensa.
La demanda reclama daños y perjuicios ascendentes a $10 millones, así como daños punitivos no menores de un millón de dólares contra los demandados y sus respectivas sociedades de gananciales. Los demandados que sometieron mociones de desestimación alegaban que la Junta de Retiro UPR no tiene capacidad jurídica para demandar, que las decisiones de la Junta de Gobierno UPR son discrecionales y están protegidas por la inmunidad condicionada de funcionarios públicos y que la Escritura de Fideicomiso también provee inmunidad. En su determinación, el juez ha concluido que la Junta de Retiro UPR sí tiene legitimación activa para presentar la demanda, que las alegaciones de la demanda son suficientes para sostener las causas de acción y que la inmunidad condicionada no aplica en esta etapa, ya que las alegaciones sugieren que los demandados actuaron de manera irrazonable e ilegal.
Ante las conclusiones del tribunal, Vicenty Santini destacó que, “en un hecho histórico por primera vez, un tribunal decide que los funcionarios de la UPR tienen que responder por actuar de mala fe ante los hechos que se alegan. La administración universitaria y la Junta de Gobierno UPR deben entender, tal y como explica el juez en su decisión, que obrar de mala fe inhabilita la inmunidad que tienen los funcionarios públicos. Esa inmunidad no es de carácter absoluto. Esperamos que lo entiendan por el bien de ellos mismos y desistan de sus estilos de gerencia irresponsable”.
Sobre el argumento de legitimación activa presentado por los demandados y la posterior conclusión del juez en contra de ese argumento, el presidente de la Junta de Retiro UPR expresó que los demandados aún no han entendido la sentencia legal de octubre de 2020 que le otorgó la fiducia del Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR a la Junta de Retiro UPR. “Nos parece que, a cinco años de la sentencia del Tribunal de Apelaciones, ratificada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, aun los abogados y miembros de la Junta de Gobierno UPR y la administración universitaria se encuentran en negación de lo que es el fideicomiso y de quién es el fiduciario del Sistema de Retiro por virtud de la sentencia emitida en el 2020”, manifestó.
La administración universitaria tiene una deuda de $146.8 millones con el Sistema de Retiro UPR por dejar de hacer aportaciones patronales requeridas por ley. Al respecto, la Junta de Retiro UPR mantiene una demanda de cobro activa en los tribunales y en espera de que sea vista en sus méritos. También mantiene otra demanda activa contra la Junta de Gobierno por haber cerrado el plan de pensiones actual para nuevos empleados de la UPR. En ninguno de los casos han prosperado mociones de desestimación presentadas por la administración universitaria.
“Nos parece que los funcionarios de la Junta de Gobierno y la UPR se quedaron solos con sus inacciones e irresponsabilidades crasas. Este No ha lugar del juez Castro Callejo reafirma el consenso en el país de que las pensiones y los sistemas de pensiones se respetan. Tal y como expresamos ante la comisión de los sistemas de retiro, ya es hora de que los funcionarios respondan por sus acciones, omisiones y daños a terceros”, concluyó Vicenty Santini.
Ante un nuevo impago de $39 millones tras el cierre del pasado año fiscal, la Junta de Retiro UPR hizo un llamado a la nueva presidenta, Zayira Jordán Conde, y su equipo de trabajo a que tomen acción y les advirtió de que, en su momento, pudieran verse expuestos si continúan con los mismos estilos de gerencia.
