La pérdida de tierras agrícolas productivas, posibles impactos sobre el acuífero del sur
—principal fuente de agua potable para el municipio— y el potencial aumento de
temperaturas locales debido a la concentración de equipos en grandes extensiones de
terreno, son las consecuencias que acarrean el desarrollo de megaproyectos solares
industriales en terrenos ubicados al norte del municipio de Salinas.
En una audiencia pública ante la Comisión de la Región Sur de la Cámara de
Representantes grupos comunitarios, organizados bajo la Iniciativa de Ecodesarrollo de
la Bahía de Jobos (IDEBAJO) y el Comité Nos Inundan de Placas, presentaron los
hallazgos de más de tres años de investigación comunitaria y gestiones ante agencias
gubernamentales y empresas desarrolladoras.
Las comunidades afectadas incluyen El Coquí, San Felipe, Paseo Costa del Sur y Las
Trinitarias, así como Mosquito y San Felipe, donde residentes aseguran haber
experimentado inundaciones más severas tras el desarrollo de proyectos solares
industriales como Ciro One y Clean Flexible Energy (AES).
Los portavoces comunitarios aclararon que su denuncia no representa oposición a la
energía renovable ni a la tecnología solar, sino al modelo de grandes fincas solares que,
según sostienen, se están desarrollando sin suficiente transparencia ni análisis público
de sus impactos.
“Sería incoherente con nuestra historia oponernos a la energía renovable, especialmente
después del daño que la industria de combustibles fósiles ha causado en nuestras
comunidades. Lo que denunciamos es la falta de rigor científico, la opacidad
gubernamental y la irresponsabilidad empresarial en proyectos que podrían estar
agravando las inundaciones”, indicaron en su ponencia.
Las preocupaciones comunitarias se intensificaron tras el paso del huracán Fiona en
2022, cuando el municipio de Salinas sufrió graves inundaciones. Según estimaciones
municipales, cerca de 2,500 viviendas resultaron afectadas, lo que representa
aproximadamente una cuarta parte de las casas habitadas en el municipio.
En comunidades como El Coquí, residentes reportaron daños particularmente severos,
incluyendo calles cuyo pavimento fue arrancado por la fuerza del agua y viviendas que
quedaron cubiertas por varias pulgadas de agua y sedimentos.
Ante la falta de investigaciones oficiales sobre las causas de estos eventos, las
organizaciones comunitarias contrataron al hidrólogo Carlos Conde, quien realizó un
análisis de escorrentías en la cuenca hidrográfica que desemboca en estas comunidades.
Según explicaron, el análisis concluyó que la remoción de vegetación y la compactación
de suelos en la parte alta de la cuenca, para construir el proyecto industrial de placas
solares de CIRO One, pueden aumentar significativamente la escorrentía hacia las zonas
bajas, alterando el comportamiento hidrológico del área, y reduciendo la capacidad del
terreno para absorber el agua de lluvia.
Un segundo estudio hidrológico realizado en relación con el proyecto de Clean Flexible
Energy, subsidiaria de AES, identificó patrones similares.
Además de los riesgos de inundación, las organizaciones señalaron otras
preocupaciones relacionadas con estos proyectos, incluyendo la pérdida de tierras
agrícolas productivas, posibles impactos sobre el acuífero del sur —principal fuente de
agua potable para el municipio— y el potencial aumento de temperaturas locales debido
a la concentración de equipos en grandes extensiones de terreno.
Los grupos también cuestionaron el modelo energético de estos proyectos, señalando
que se conectan a la red eléctrica principal y no necesariamente benefician directamente
a las comunidades cercanas durante apagones.
Ante esta situación, las organizaciones comunitarias solicitaron al representante
Fernando Sanabria Colón, quien preside la Comisión, a la Legislatura y al Gobierno de
Puerto Rico varias acciones, incluyendo la divulgación pública de los estudios
hidrológicos e hidráulicos de los proyectos (documentos que la empresa CIRO se ha
negado entregar durante años), la realización de una investigación independiente sobre
sus impactos acumulativos y la evaluación de posibles conflictos de interés en los
procesos de permisos.
Asimismo, instaron a abrir un debate público sobre el modelo de transición energética
del país, proponiendo alternativas basadas en generación distribuida y sistemas solares
comunitarios.
