CLARIDAD
Así quedó evidenciado durante unas “vistas públicas ciudadanas” en contra de medidas que restringen el acceso a la información pública
Tres organizaciones defensoras de los derechos humanos y animales advirtieron, este lunes, que dos proyectos del Senado tendrían el efecto de restringir la labor social que realizan en pro de la salud y la vida de la niñez y juventud, las mujeres, las comunidades racialmente marginadas y los animales, porque dificultan la recopilación y el análisis de los datos públicos.
Este es el caso con los proyectos del Senado 331 y 63 —de la autoría del senador Juan Oscar Morales y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, respectivamente— los cuales prohíben o dificultan el acceso a información pública. El proyecto del Senado 331 busca establecer la confidencialidad de la base de datos de mortalidad y de los certificados expedidos por el Registro Demográfico, mientras que el proyecto del Senado 63 impone requisitos adicionales a las solicitudes de información y duplica el plazo que tiene el gobierno para responder. El Senado no ha abierto ninguna de estas medidas a vistas públicas.
“La propuesta de restringir el acceso a la información pública amenaza con desmantelar este proceso de verificación y análisis riguroso”, advirtió la directora del Observatorio de Equidad de Género, Stephanie Figueroa, sobre su capacidad para monitorear los feminicidios en Puerto Rico. El Observatorio asumió esta labor por el vacío que había dejado el Estado. Figueroa añadió que su capacidad “se vería comprometida, dejando a la sociedad sin herramientas efectivas para exigir cuentas a un Estado que, en muchos casos, ha demostrado insuficiencia en la protección de las mujeres, niñas y personas trans”.
Similarmente, representantes de Vínculo Animal y Kilómetro 0 depusieron en unas vistas públicas ciudadanas convocadas por el Programa de Transparencia del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR).
“Para proteger la vida de las comunidades racialmente marginadas se hace indispensable que la comunidad científica tenga acceso a los datos sobre las defunciones en Puerto Rico”, expuso el director de Investigación de Kilómetro 0, Luis Avilés.
El acceso a los datos de defunciones provistos por el Registro Demográfico ha permitido que Kilómetro 0 encuentre que los vecindarios racializados experimenten el doble de una tasa de mortalidad por uso de fuerza policial que los correspondientes vecindarios blancos; que los jóvenes de entre 15 a 20 años son el grupo poblacional con mayor mortalidad como consecuencia de la acción policial; y que, desde hace al menos 15 años, la primera causa de muerte de menores de edad en Puerto Rico son las armas de fuego. Ninguno de estos datos los ha divulgado el Estado en sus informes oficiales.
“Para proteger la vida de la niñez y la juventud del país se hace indispensable que la comunidad científica tenga acceso a los datos sobre las defunciones en Puerto Rico”, insistió Avilés.
Por su parte, la directora ejecutiva de Vínculo Animal, Sahir Pujols, compartió que retrasar la entrega de información puede poner en peligro la vida de los animales, que enfrentan maltrato o están en riesgo. Vínculo Animal ha entablado demandas de acceso a la información contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Municipio de Naranjito y otras entidades, lo que les ha permitido evidenciar incumplimientos con la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales. Mediante estas gestiones, “se logró tratar a más de 500 animales que vivían bajo el maltrato institucional en el Zoológico de Puerto Rico y el Centro de Confinamiento en Cambalache, para que en su última etapa de vida vivieran dignamente”, argumentó Pujols.
Describió esa labor de participación ciudadana como “una forma de abrirle los ojos a los municipios para que vean esas responsabilidades que tienen”.
Denuncian «burocracias innecesarias»
En representación del Resiliency Law Center de la Universidad de Puerto Rico, Amy Orta Rivera, destacó que “el acceso a la información pública es de todas las personas, sin importar su nivel de escolaridad, sus recursos económicos o el lugar donde vivan”. Ese derecho, dijo la directora de abogacía, “no puede estar condicionado a burocracias innecesarias, requisitos técnicos complejos o a la voluntad discrecional del aparato gubernamental”. La organización provee asesoramiento, representación legal y educación a líderes de comunidades afectadas por catástrofes naturales y el cambio climático, con el propósito de que puedan abogar por una recuperación justa de los desastres.
Orta Rivera relató cómo el Departamento de Agricultura ha demorado siete meses en entregar una información que ella solicitó en octubre de 2024, y aún le debe un documento.
Durante el primero de dos días de vistas ciudadanas, depuso, además, el licenciado Carlos Chévere, comisionado de la Comisión de Abogados y Abogadas Jóvenes del CAAPR, quien indicó que el proyecto del Senado 63 fortalece la facultad discrecional y arbitraria de las agencias para negarse a dar información; introduce formalismos o burocracia innecesaria; y establece sanciones poco efectivas.
